Con el cambio, los funcionarios de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS por sus siglas en inglés) serían los encargados de hacer la evaluación a los solicitantes de asilo en lugar de los jueces de inmigración en un plazo de 90 días.

Official White House Photo by Adam Schultz

El pasado miércoles 24 de marzo la administración Biden reveló una nueva normativa para acelerar el proceso de petición de asilo en los Estados Unidos. Este piloto arrancaría a finales de mayo, casi al mismo tiempo que inicia la desmantelación del título 42 —que le permitía al gobierno suspender la entrada al país y expulsar a personas que han estado recientemente en un país donde hay una enfermedad contagiosa.

Con el cambio, los funcionarios de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS por sus siglas en inglés) serían los encargados de hacer la evaluación de “miedo creíble” a los solicitantes de asilo en lugar de los jueces de inmigración del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU., en un plazo de 90 días.

Los solicitantes rechazados serán enviados a jueces de inmigración, quienes también deberían emitir decisiones en 90 días. Justamente en este punto es donde las organizaciones que defienden inmigrantes se han centrado, pues esto significa encontrar un abogado rápidamente, lo cual es crucial para probar casos de asilo.

Según el Transactional Records Access Clearinghouse de la Universidad de Syracuse —que rastrea los datos de retrasos en los tribunales de inmigración—, hay 1.7 millones de casos pendientes en los tribunales de inmigración.

La administración presentó una propuesta en agosto de 2021 anunciando algunos cambios en las solicitudes de asilo a través del Registro Federal —que es el diario oficial del gobierno federal de los Estados Unidos que contiene las normas de las agencias gubernamentales, las normas propuestas y los avisos públicos— y recibió más de 5.000 comentarios públicos.

Uno de los retos a los que probablemente se enfrentarán los funcionarios del USCIS es lograr ser efectivos y puntuales mientras la entidad trabaja para reducir el retraso que hay en las solicitudes de naturalización. El año pasado la administración había calculado que necesitaría contratar a 800 empleados más para que los funcionarios de asilo se ocuparan de unos 75.000 casos al año.

El Migration Policy Institute (MPI por sus siglas en inglés) ha sugerido cambios para hacer que la gestión de los casos en la frontera fuera más eficaz y oportuna, así que para conocer todos los detalles invitamos a Ariel Ruiz Soto, Analista político del MPI.

Más detalles en nuestra conversación a continuación.

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