Más de 113.300 migrantes han llegado a la ciudad de Nueva York desde la primavera de 2022, y más de 59.900 solicitantes de asilo se encuentran bajo el cuidado de la ciudad. Así que para hablar sobre lo que está ocurriendo, invitamos a Julia Preston, quien ha escrito sobre inmigración para The New York Times y ahora trabaja para The Marshall Project.
De las 35.000 personas que viven en el condado de Clark, solo el 6 por ciento son latinos, según estimaciones del censo. Sin embargo, lo que reveló una investigación de ProPublica es que el año pasado, más del 75 por ciento de multas por operar un vehículo sin una licencia válida fueron dadas a latinos.
La más reciente política de asilo de Biden, implementada tras el fin de la regla conocida como el Título 42, fue demandada por defensores de los derechos de los inmigrantes y el 25 de julio un juez de distrito la declaró ilegal. Sin embargo, el 3 de agosto un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito votó a favor de continuar temporalmente con la política de asilo y puso el caso en revisión rápida.
Organizaciones de defensa de los derechos civiles y de los inmigrantes, presentaron una demanda federal en nombre de varios particulares y de la Farmworker Association de Florida contra la nueva ley estatal centrada en inmigración de Florida SB 1718.
Miles de estudiantes indocumentados se gradúan al año en California y desde que un juez federal en 2021 impidió que la administración de Joe Biden incluyera a nuevos beneficiarios del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por sus siglas en inglés), estos se quedan sin opción de ser protegidos contra la deportación y recibir una autorización para trabajar en el país.
La nueva ley pide comprobar la situación migratoria de su personal a las empresas con más de 25 empleados usando el sistema E-Verify. Es importante reiterar que esta disposición se aplicará solo a las nuevas contrataciones realizadas a partir del 1 de julio de 2023, cuando la ley entra en vigor, y no se aplicará de manera retroactiva.
El pasado 13 de junio, la administración de Joe Biden anunció derogó la terminación del Estatus de Protección Temporal (TPS por sus siglas en inglés) del expresidente Donald Trump, prolongando el estatus legal por 18 meses para más de 300.000 titulares de TPS de El Salvador, Honduras, Nepal y Nicaragua.
Según un reporte del Brennan Center for Justice de la facultad de derecho de la Universidad de Nueva York, la representación latina en todas las cortes supremas estatales del país es de menos del 6 por ciento, a pesar de constituir el 19 por ciento de su población, según el censo de 2020.
Liego de que se levantara el Título 42, según el subsecretario de Política Fronteriza e Inmigración del DHS, Blas Núñez-Neto, las autoridades fronterizas han registrado una disminución del número de cruces de migrantes de todas las nacionalidades de más del 56 por ciento.
El pasado 10 de mayo, el gobernador de Florida Ron DeSantis firmó la ley 1718, centrada en inmigracino en el estado y que pide ahora chequear los requisitos de empleo, que los los hospitales pregunten por estatus migratorio en hospitales que aceptan Medicaid y destinar $12 millones de dólares para “programa de transporte de extranjeros”.
La medida que permitía al gobierno de los Estados Unidos rechazar y expulsar a los solicitantes de asilo, también conocida como el Título 42, llega su fin el 11 de mayo. Andrew Selee, presidente del Migration Policy Institute (MPI por sus siglas en inglés), explica qué cambia y qué se sabe de los cambios.
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