El posible brote de COVID-19 y la huelga de hambre en el centro penitenciario del condado de Orange (OCCF por sus siglas en inglés) fueron dos de los temas principales durante la primera reunión del comité de inmigración del Concejo de la ciudad en 2022.

Este artículo apareció originalmente en inglés. Translated by Daniel Parra. Read the English version here.

El comité de inmigración del Concejo municipal de Nueva York celebró este lunes su primera audiencia de 2022 sobre las condiciones de los inmigrantes detenidos en el centro penitenciario del condado de Orange (OCCF por sus siglas en inglés) a raíz de un posible brote de COVID-19 en el centro a finales de enero y de las denuncias de abusos y condiciones inseguras que provocaron una huelga de hambre el 17 de febrero.

Ese mismo día, seis grupos de defensa de los inmigrantes (Catholic Charities Community Services, Envision Freedom Fund, For the Many, Freedom for Immigrants, New York Lawyers for the Public Interest y la clínica de derechos de los inmigrantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York) presentaron una denuncia ante la oficina de derechos y libertades civiles del Departamento de Seguridad Nacional por presuntos abusos racistas y represalias, violencia, condiciones inseguras y negligencia médica durante la pandemia. Cinco días después, dos funcionarios de prisiones del estado de Nueva York en el centro de Goshen fueron trasladados fuera de la unidad de detenidos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en medio de las acusaciones, según una carta del 23 de febrero de Damian Williams, fiscal del distrito sur de Nueva York.

“Ellos [los dos funcionarios de prisiones del estado de Nueva York] seguirán trabajando en OCCF, pero no en la unidad de ICE y el OCCF realizará su propia investigación. Eso no es suficiente”, dijo Amber Khan, directora del programa de justicia sanitaria de New York Lawyers for the Public Interest.

Esta no es la primera vez que la cárcel del condado de Orange está en los titulares en los últimos años. La Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles (CRCL por sus siglas en inglés) investigó previamente este centro penitenciario en 2018 en respuesta a “numerosas denuncias de violaciones de los derechos civiles y las libertades civiles”, así como a la muerte en 2016 de una persona bajo custodia del ICE, destaca la denuncia de febrero.

Los recientes casos de abusos son solo parte de una tendencia más larga, dicen los defensores de inmigrantes, quienes dicen que sus clientes han sido objeto de represalias por participar en la huelga de hambre a principios de este mes.

“A uno [de nuestros clientes], en particular, lo pusieron en segregación administrativa durante 15 días”, dijo Sophie Dalsimer, abogada supervisora de inmigración en Brooklyn Defender Services, uno de los tres grupos de defensa del “Proyecto de Unidad Familiar de los Inmigrantes de Nueva York” (New York Immigrant Family Unity Project o NYIFUP por sus siglas en inglés), que representa a los inmigrantes detenidos que se enfrentan a la deportación. Pero según Tania Mattos, directora de defensa y política de Envision Freedom, los detenidos por ICE fueron puestos en segregación durante siete días: desde el viernes 18 de febrero hasta el jueves 24 de febrero.

The Bronx Defenders compartió con los miembros del comité del Concejo uno de los informes disciplinarios emitidos a una persona detenida en OCCF que participó en la huelga de hambre. “Su desprecio por las normas y reglamentos no será tolerado”, dice el documento, que la organización de defensores públicos obtuvo a través de una solicitud de la Ley de Libertad de Información (Freedom of Information Act).

“Esta oficina le condena a siete días de reclusión en celda que deberá cumplir en Segregación Disciplinaria. A este recluso se le acreditarán cuatro días cumplidos en Segregación Disciplinaria. Mientras esté bajo Segregación Disciplinaria, no recibirá ningún artículo de la cuenta en el economato. Por favor, tenga en cuenta que cualquier acción de naturaleza similar dará lugar a sanciones disciplinarias más severas”.

Los defensores afirman que también se tomaron represalias contra los huelguistas de hambre reduciendo sus raciones de comida, confiscando las tabletas a las que los detenidos tienen acceso en el centro y quitando los fondos de sus cuentas en el economato, según dos grupos de defensa.

“La confiscación de las tabletas y la restricción del acceso a los fondos del economato limita la capacidad de una persona para comunicarse con sus abogados, sus familias y la comunidad que le rodea”, señalaron las organizaciones del NYIFUP.

En la audiencia del lunes, los grupos de defensa de los inmigrantes condenaron esas acciones y ofrecieron testimonios de varios detenidos por ICE a los que representan y que están recluidos en la cárcel del condado de Orange. Anna Meixler, hablando en nombre de la clínica de derechos de los inmigrantes de la facultad de derecho de la Universidad de Nueva York, dijo que “estas violaciones descaradas de los derechos y la dignidad de las personas detenidas —que son emblemáticas de los abusos y la negligencia endémicos del sistema de detención de inmigrantes— exigen una acción rápida”.

Los defensores dicen que la huelga de hambre terminó el domingo 20 de febrero por la tarde, después de que un oficial de ICE visitara la instalación el viernes 17 de febrero. Sin embargo, un portavoz de ICE negó cualquier huelga de hambre oficial en la cárcel, donde actualmente hay 133 detenidos por ICE. La agencia dice que los detenidos reciben información educativa sobre COVID-19 en la admisión, y que los carteles están en exhibición en los centros de detención del ICE en varios idiomas para informar a los detenidos sobre la vacunación.

En un correo electrónico, Kenneth T. Jones, subcomisario de la oficina del sheriff del condado de Orange, refutó las alegaciones de los defensores públicos y los defensores. “La cárcel del condado de Orange es una de las más acreditadas de la nación y participar en acciones como las que usted afirma que están ocurriendo está muy por debajo de nuestros estándares profesionales y sería intolerable para esta administración”, escribió Jones en una declaración enviada por correo electrónico que también fue enviada a los defensores. “Todas estas acusaciones han sido hechas repetidamente por los activistas en un momento u otro durante los últimos 2 años y cada una de ellas ha demostrado ser falsa”, dijo.

La concejala Shahana Hanif, presidenta del comité de inmigración del Concejo, dijo que su oficina invitó a los representantes de OCCF a testificar en la audiencia del lunes para aclarar la situación y proporcionar información básica, como cuántos detenidos han sido vacunados contra el COVID-19 hasta ahora, “pero declinaron nuestra invitación y no comparecerán el lunes”, dijo un representante de la oficina de la concejala.

Los grupos de defensa de los inmigrantes y los abogados afirmaron que sus clientes detenidos han sufrido falta de acceso a atención médica y han sido sometidos a condiciones inseguras en medio de los peligros de la pandemia. Un detenido anónimo del ICE dijo que les faltó papel higiénico durante dos días, así como desinfectante y jabón para la ropa, según el testimonio compartido con City Limits. “Sólo hemos conseguido sábanas frescas dos veces en los últimos cuatro meses, y se tarda de tres a cuatro semanas en conseguir ropa limpia”, dice el testimonio del detenido. “Algunos de los guardias no te dejan lavar las sábanas ni la ropa”.

Los detenidos que solicitaron las vacunas contra el COVID-19 en el centro penitenciario fueron puestos en una hoja de inscripción sin saber cuándo estaría disponible la vacuna, según el testimonio compartido por NYIFUP, quienes agregaron que algunos de sus clientes esperaron en la lista durante aproximadamente dos meses. Karla Ostolaza, subdirectora de práctica de inmigración en The Bronx Defenders, dijo que tres de sus clientes solo pudieron acceder a la vacuna después de que City Limits publicara un artículo que describe un posible brote en el centro penitenciario a finales de enero.

Hasta la fecha, ni ICE ni la oficina del sheriff del condado de Orange han dicho públicamente cuántos de los detenidos en el lugar han recibido una, dos o tres dosis de la vacuna.

Los detenidos describieron otros problemas con el acceso médico en el centro: “Ellos [los médicos] solo quieren darte una pastilla para que te vayas. Nada es importante para ellos. Nos hablan como si fuéramos niños: ‘¿Vas a tomar la píldora o no?’ Si no queremos tomar una píldora, tenemos que firmar que nos rehusamos”, dice otro testimonio anónimo de un detenido por ICE. “Esto puede hacernos sentir presionados. Parece que los médicos solo quieren que tomemos la medicina pero no les importa si no mejoramos”.

Daniel Atonna, coordinador político de For the Many —una organización de base que tiene su sede en el valle del Mid-Hudson— afirma que un miembro de la comunidad que estuvo detenido en el OCCF fue obligado a firmar un acuerdo en el que decía que había recibido equipo de protección personal (PPE por sus siglas en inglés) en marzo, a pesar de que no lo recibió hasta mayo. “Dijo que los detenidos que se negaron a mentir en los formularios fueron amenazados con golpes y abusos verbales”, dice el testimonio de Atonna.

Los proveedores de NYIFUP también se quejaron de las limitaciones para que una persona detenida se comunique con su abogado, ya sea mediante visitas confidenciales en persona en el centro penitenciario o a través de vídeo o llamadas telefónicas legales. Ambos métodos de comunicación han sufrido limitaciones durante la pandemia, lo que se suma a la serie de problemas logísticos, técnicos y de comunicación a los que se enfrentan los abogados de inmigración en Nueva York.

“Algunas de las personas a las que representamos se niegan, comprensiblemente, a reunirse con nosotros en persona, dada la preocupación por la confidencialidad. Aunque los proveedores del NYIFUP han solicitado en repetidas ocasiones el acceso a las salas de reuniones existentes para celebrar reuniones privadas en las instalaciones, ICE y la dirección de OCCF han denegado sistemáticamente nuestras solicitudes”, describe el testimonio de NYIFUP.

Debido a todos estos problemas, los grupos de defensa de los inmigrantes exigen la liberación de las personas detenidas por ICE en el estado de Nueva York, la terminación de contratos entre ICE y OCCF, y una investigación de las condiciones del OCCF.

Las organizaciones de defensa de los derechos de los inmigrantes están planeando una semana de acciones en torno a estas problemáticas, empezando con la audiencia del lunes. El comité de inmigración también tiene previsto escuchar una resolución en apoyo del proyecto de ley Dignity Not Detention (Dignidad, no detención), una legislación estatal que pondría fin a los contratos existentes de Nueva York con ICE, y prohibiría a las entidades gubernamentales celebrar acuerdos para encarcelar a inmigrantes en centros de detención. Esta es una propuesta similar a la ley firmada en agosto por el gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy.

El miércoles, los funcionarios electos en Albany serán los anfitriones de una mesa redonda para discutir otros proyectos de ley estatales relacionados con la política de inmigración, como el proyecto de ley para Detener el Abuso de Fianzas de Inmigración / Ley para Romper los Grilletes, (S7475/A7770); el proyecto de ley NY 4 All (S3076A/A2328A); el proyecto de ley de Acceso a Representación (S81A/A1961); y el proyecto de ley Dignidad, no Detención (S7373/A7099A). Y el jueves, las organizaciones se concentrarán en Foley Square para celebrar un día de acción nacional en el que se exigirá el cierre de los centros de detención, el fin de las deportaciones y del Título 42, el recorte de los presupuestos del ICE y de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras, y la libertad de todas las personas detenidas.