Según la senadora estatal Julia Salazar, el proyecto de ley ya cuenta con “nueve copatrocinadores”, uno más de los que muestra el registro en línea.

Josh Denmark/DHS

La ciudad de Nueva York ofrece protección contra la aplicación de la ley de inmigración que, aunque no es integral, es más de la que existe en muchas partes del estado de Nueva York.

El jueves 11 de febrero la senadora estatal del distrito 18 de Brooklyn, Julia Salazar, y la asambleísta del distrito 87 del Bronx, Karines Reyes, acompañadas por defensores de inmigrantes, se reunieron para anunciar en rueda de prensa virtual el proyecto de ley “Nueva York para Todos” (The New York for All Act), con el cual se busca terminar la colaboración y el intercambio de información entre funcionarios del gobierno estatal y local con agentes federales de inmigración.


La versión actual del proyecto de ley (S.03076/A.02328), dice que prohibiría y regularía la revelación y la divulgación de la situación migratoria de las personas así como también prohibiría que agentes de policía, agentes de policía escolares, las agencias de libertad condicional, las entidades estatales, los empleados estatales y las corporaciones municipales interroguen a las personas sobre el estatus migratorio.

Para Salazar, el no proteger la vida de las comunidades inmigrantes es realmente poner en riesgo la vida de ellos en medio de la pandemia. “Nadie debe convertirse en una sentencia de muerte”, dijo Salazar.

Este proyecto de ley haría que tanto policías como alguaciles no compartan información tanto con funcionarios o agentes Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés), o del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus siglas en inglés).

Esta aclaración es importante porque el CPB tiene jurisdicción a lo largo de la frontera con Canadá que se extiende por el norte y el noreste del estado de Nueva York. Además, como lo señalaron varios defensores de inmigrantes, una vez se sale del perímetro de la ciudad de Nueva York, las reglas y la percepción de los inmigrantes cambian.

La ciudad de Nueva York ya cuenta con algunos elementos que se incluyen en este proyecto ley pero solo se aplican a nivel local y son limitados. Por ejemplo, la orden ejecutiva 41 exige que los empleados de la ciudad protejan la confidencialidad de la situación migratoria de una persona y de otros tipos de información personal.

“También hay restricciones en la legislación local sobre las órdenes de detención y las notificaciones a ICE sobre la fecha de liberación de una persona que se aplican a la policía de Nueva York (NYPD), el departamento correccional (DOC) y el departamento de libertad condicional”, dice Zachary Ahmad de la Unión Americana de Libertades Civiles de Nueva York (ACLU por sus siglas en inglés).

Además en 2018 la ciudad aprobó la Ley Local 228, que prohíbe a los agentes de la ley de la ciudad cooperar con ICE al ser nombrados agentes federales de inmigración, y exige a la policía de Nueva York que informe del número de solicitudes de detención federales que recibe.

Como lo resaltó Ahmad hay algunas normas similares a esta ley local en Westchester y en Albany, pero eso es todo. No hay mucho más. “El proyecto de ley Nueva York para todos va más allá” dice Ahmad por teléfono.

“Incluso cuando se aplica a NYC, va más lejos que nuestras leyes locales al garantizar la notificación de los derechos al hablar con ICE para las personas bajo custodia local; prohibir específicamente el uso de ICE y CBP como traductores; y crear una revisión de las bases de datos de información; y crear un proceso específico de queja e investigación para las presuntas violaciones de la ley para proporcionar supervisión”, dice Ahmad.

Tanto los legisladores como los defensores de inmigrantes advirtieron que tal y com está la situación actual en el estado de Nueva York, no existe una ley que prohiba el intercambio de información entre fuerzas policiales y servicios migratorios.

El proyecto de ley también prohíbe que ICE, entre en zonas no públicas de propiedad estatal y local sin una orden judicial, y ordena que las personas detenidas sean informadas de sus derechos antes de ser entrevistadas por los agentes de inmigración.

Una de las historias que se trajo a colación para ilustrar la situación actual fue la historia de Dalila Yeend, madre de dos hijos, arrestada por la policía y luego entregada y detenida por los agentes de inmigración luego de una infracción de tráfico en mayo de 2018 en Troy, Nueva York.

Si el proyecto de ley tal y como lo propone Salazar hubiera estado en pie como ley durante ese verano, dice Yeend, en el cual los policías informaron a los agentes de ICE, “yo no hubiera estado detenida”. Yeend estuvo en el centro de detención de Búfalo en Batavia por casi tres meses, separada de sus hijos, enfrentando deportación.

Con este proyecto de ley se prohibiría el interrogatorio sobre el estatus migratorio, la notificación a las autoridades de inmigración, el traslado de la custodia a las autoridades de inmigración. También pararía el uso de autoridades de inmigración como intérpretes y las autoridades locales dejarían de estar sujetas a la dirección o supervisión de autoridades de inmigración.

En caso de que se permita a las autoridades de inmigración el acceso a una persona bajo la custodia de un oficial de policía, se le proporcionaría a la persona un formulario de consentimiento por escrito que explica el propósito de la entrevista, el carácter voluntario de la misma, con lo cual la persona podría “negarse a ser entrevistado o puede optar por ser entrevistado con su abogado presente”, dice el proyecto de ley.

Este formulario escrito (disponible en inglés, español y en los cinco idiomas más hablados en el condado), además entraría a formar parte del historial de la oficina o el organismo que se encargará de mantener “todos esos registros escritos y elaborará un resumen anual en el que se identifique el número de solicitudes de entrevistas recibidas y si cada persona rechazó la entrevista, consintió en ella o solicitó la presencia de un abogado en la misma, así como el número de entrevistas realizadas”, dice el proyecto de ley.

“No podemos seguir permitiendo que ICE use nuestros recursos locales para canalizar de forma injusta a personas bajo su custodia, separar familias y deportar a otros neoyorquinos”, dice la asambleísta por el estado de Nueva York Karines Reyes en un comunicado.

Tanto legisladores como defensores de inmigrantes llamaron la atención sobre la necesidad de legislar sin importar quién esté en la Casa Blanca en este momento.”Las leyes son mejores que la buena voluntad de un político”, dijo el Reverendo Gerardo Romo Garcia de la diócesis episcopal de Long Island durante la conferencia virtual.

“Estoy segura de que conseguiré más apoyo de los senadores estatales para aprobar este proyecto de ley”, dijo Salazar en la reunión. Según Salazar en este momento el proyecto de ley “cuenta con 9 copatrocinadores”, uno más de los que aparecen en el registro en línea.

Salazar dice además que aún no ha hablado con el gobernador Andrew Cuomo sobre este proyecto de ley, aunque cree lo apoyará. El proyecto de ley será presentado al inicio de la sesión legislativa, así que “es muy posible que esto ocurra este año y que se convierta en ley”, dijo Salazar.

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