Josh Denmark/DHS

Centro de detención federal de Búfalo (Batavia), al norte del estado de Nueva York. Los defensores de inmigrantes están presionando para que el Estado de Nueva York deje de contratar y alojar detenidos en instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) a los detenidos.

Este artículo apareció originalmente en inglés. Translated by Daniel Parra. Read the English version here.

Al menos 50 inmigrantes detenidos bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés) en el centro penitenciario del condado de Orange, en Nueva York, están experimentando síntomas similares a los del COVID-19, según las organizaciones que ofrecen representación legal gratuita a los detenidos en el lugar.

Desde la semana pasada, los defensores y abogados del “Proyecto de Unidad Familiar de los Inmigrantes de Nueva York” (New York Immigrant Family Unity Project o NYIFUP por sus siglas en inglés) han estado escuchando a los detenidos en el centro penitenciario del condado de Orange, ubicado en Goshen (Nueva York), quienes reportaron que están experimentando síntomas como los del COVID-19. Las organizaciones de defensores públicos como Brooklyn Defender Services, Legal Aid Society y The Bronx Defenders —que representan a unos 60 detenidos en el centro penitenciario— se han comunicado entre sí para compartir y comparar información.

Hasta el 24 de enero, ICE reportaba que solo tenía cinco casos confirmados de personas actualmente bajo aislamiento o monitoreo en el centro penitenciario y 26 casos totales acumulados desde que las pruebas comenzaron en febrero de 2020. ICE no respondió inmediatamente a las preguntas de City Limits sobre el número actual de casos, el número de detenidos vacunados o las condiciones de los detenidos. Desde el comienzo de 2022, las infecciones por COVID-19 han aumentado en un 520 por ciento en las instalaciones de ICE en todo el país, según CBS News.

En un comunicado, José Luis, quien está encarcelado en el centro correccional del condado de Orange, dijo a los proveedores de NYIFUP que “la sección de cuarentena está llena, y hay un montón de gente enferma por todas partes”.

“Los agentes penitenciarios están dejando salir a la gente del proceso de admisión sin conocer sus resultados del COVID-19, por lo que no se sabe quién está enfermo y quién no. Estamos esperando mucho tiempo para recibir atención médica. Intento mantenerme a salvo tumbado solo en la cama de mi celda, pero siento que pronto me convertiré en un vegetal, cada día estoy más débil”, dice José Luis en el comunicado.

Un cliente del NYIFUP dijo que una persona del personal del centro le dijo que no querían hacer pruebas a la gente porque no quieren que las cifras suban, según el grupo. La abogada auxiliar de NYIFUP de Legal Aid, Sharone Schwartz Kaufman, dijo que ICE no comunica a los detenidos los resultados de las pruebas directamente, por lo que muchos solo son notificados a través de sus abogados. Pero la mayoría de los detenidos de ICE no tienen un abogado que los represente y como la detención de inmigrantes está clasificada como detención civil, no tienen derecho a un abogado como lo harían en los casos penales. (El sistema NYIFUP se creó para los inmigrantes en proceso de expulsión ante un juez de inmigración y desde julio de 2014, el programa ha proporcionado representación a los inmigrantes de bajos ingresos en la Corte de Inmigración de Varick Street en Manhattan).

No es la primera vez que el centro penitenciario de Orange es noticia. Antes de la rápida propagación de la variante Omicron los detenidos de ICE en ese lugar ya habían presentado denuncias por negligencia médica, abusos verbales, represalias y discriminación por discapacidad. El 12 de noviembre, la clínica de derechos para los Inmigrantes de la facultad de derecho de la Universidad de Nueva York (Immigrant Rights Clinic at NYU School of Law) presentó una queja a la oficina de derechos civiles y libertades civiles (CRCL por sus siglas en inglés) del Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) que detallaba las condiciones a las que, según ellos, había sido sometido uno de sus clientes, a quien se le habían diagnosticado varios trastornos mentales.

“L.G.C. [iniciales del nombre del detenido] ha intentado suicidarse en múltiples ocasiones durante su detención y después de cada incidente, el centro penitenciario del condado de Orange ha reaccionado poniéndolo en aislamiento médico (confinamiento solitario) sin acceso a un médico, sin tratamiento de salud mental y sin acceso a comida adecuada, agua u otras necesidades básicas”, describe la carta.

Los defensores de inmigrantes dicen que el centro penitenciario tampoco ha facilitado el acceso a la vacunación ni ha explicado los planes para la vacuna de refuerzo a sus clientes y en un caso, un detenido no ha podido recibir la segunda dosis de Pfizer. Además, según Schwartz Kaufman, a los detenidos solo se les ha proporcionado una mascarilla quirúrgica durante su detención y ninguno de los clientes ha recibido una mascarilla N-95, como sugirió el CDC tras la aparición de la variante Omicron.

En un comunicado, NYIFUP dijo “condenamos la falta de transparencia de los funcionarios de la cárcel y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE). Su negativa a proporcionar información crítica sobre cómo están abordando el brote y la política de cuarentena de la cárcel es inaceptable”.

“Este brote subraya la necesidad de aprobar soluciones a largo plazo como la ley Dignity Not Detention”, dijo la asambleísta Karines Reyes. El proyecto de ley “Dignity Not Detention” (Dignidad, no detención) pondría fin a los contratos estatales existentes y prohibiría a las entidades gubernamentales contratar para encarcelar a los inmigrantes en centros de detención. Una ley similar fue firmada en agosto por el gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy.

El centro correccional del condado de Orange fue uno de los dos lugares en Nueva York a donde se trasladaron detenidos de ICE después de que Nueva Jersey terminara los contratos con la agencia federal. Actualmente, ICE incluye siete instalaciones en Nueva York en su sitio web, aunque sólo cinco de ellas estaban en uso en 2020-2021, según los defensores. Según el Transactional Records Access Clearinghouse de la Universidad de Syracuse, 150 personas estaban bajo custodia de ICE en el centro penitenciario del condado de Orange hasta el 27 de diciembre.

“Una forma sencilla de que los centros penitenciarios puedan abordar la falta de espacio para la cuarentena es poner fin a los contratos con ICE para mantener a nuestros vecinos que se enfrentan a la deportación en las cárceles. La gobernadora debe aprobar inmediatamente el proyecto de ley Dignity Not Detention”, dijo el asambleísta Harvey Epstein.

Varios de los defensores, abogados y funcionarios electos instan una vez más a la liberación inmediata de los detenidos de ICE, la aprobación de legislación y a realizar una investigación sobre las prácticas y condiciones médicas en el centro penitenciario del condado de Orange.

“Nadie debería estar expuesto a condiciones tan adversas, pero hay innumerables individuos que son detenidos por ICE y alojados en las instalaciones simplemente por su estatus migratorio”, añadió la asambleísta Reyes. “Deben ser liberados para aliviar la presión sobre el sistema y permitir una mejor contención del COVID-19”.

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