Si bien no se saben todos los detalles de la propuesta, se sabe que el tema de inmigración será abordado por dos frentes: el comités de Seguridad Nacional hará recomendaciones sobre la frontera y el comité de Asuntos Gubernamentales y Judicial del Senado (Senate Judiciary Committee) se encargará del paso a la ciudadanía.

El pasado 9 de agosto, los demócratas del Senado dieron a conocer los puntos que entrarían en el paquete de reconciliación presupuestaria para el año fiscal de 2022, y entre ellos, se incluye un punto para dar vía a la ciudadanía a inmigrantes indocumentados.

El proceso de reconciliación permite la aprobación de una ley fiscal y de presupuesto y su aprobación se puede dar con una mayoría simple tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado y desde hace meses—como lo advirtió el congresista Raúl Ruiz de California en un episodio pasado—se ha presentado como una alternativa para otorgar el salto a la ciudadanía a millones de inmigrantes en el país.

Si bien es muy pronto para saber todos los detalles de la propuesta, se sabe que el tema de inmigración será abordado por dos frentes: el comité de Seguridad Nacional hará recomendaciones sobre la gestión en la frontera, y el comité de Asuntos Gubernamentales y Judicial del Senado (Senate Judiciary Committee) se encargará de otorgar estatus legal a inmigrantes y cuenta con un presupuesto de $107 millones de dólares.

El paquete de reconciliación presupuestaria presentado no especifica cuántas personas o qué grupos estarían cubiertos por la legislación, solo dice qué comités estarán encargados. Los legisladores tienen una fecha límite “flexible” hasta el 15 de septiembre para entregar las propuestas que se incluirían.

Para hablar de todo esto y más invitamos a Jaime Contreras, vicepresidente del sindicato vicepresidente del SEIU-32BJ y encargado del distrito del área capital para 32BJ, que cuenta con más de 20.000 miembros en el área metropolitana de Washington D.C. y Baltimore (Maryland).

Contreras dice que el sindicato de SEIU cuenta con 100.000 salvadoreños, miles de ellos con Estatus de Protección Temporal (Temporary Protected Status o TPS por sus siglas en inglés) y cientos de sus trabajadores están bajo el programa de la acción diferida para los niños llegados en la infancia (o DACA por sus siglas en inglés). 

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