En 2022, la mayoría (un 77 por ciento) de los 46.1 millones de inmigrantes que se encontraban en el país estaban legalmente: 49 por ciento eran ciudadanos estadounidenses naturalizados; 24 por ciento residentes permanentes legales; 4 por ciento eran residentes temporales legales; y 23 por ciento eran inmigrantes indocumentados.
Durante la más reciente edición de la reunión diplomática en el marco de la Declaración de Los Ángeles, el Secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, anunció $578 millones de dólares en asistencia humanitaria y económica a los países y organizaciones socias en la región.
Hasta finales de enero, la ciudad había comprado 20.500 billetes de avión o autobús para reubicar a los inmigrantes fuera de la ciudad, por un total de $7.6 millones de dólares, según informaron las autoridades el martes. Esto es tres veces el presupuesto anual de las dos oficinas principales que gestionan los servicios para las comunidades de inmigrantes de la ciudad.
El representante demócrata de California Robert García, junto con algunos miembros del Caucus Hispano enviaron una carta pidiendo que las traducciones de documentos migratorios sean realizadas internamente por la oficina del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS por sus siglas en inglés).
La semana pasada el Comité de Seguridad Nacional —controlado por republicanos— de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, votó a favor (18 a 15) de recomendar el avance del juicio político al secretario de seguridad nacional de los Estados Unidos, Alejandro Mayorkas.
La Cámara de representantes y el Senado en la legislatura de Texas aprobaron tres proyectos de ley de inmigración en los últimos meses. Tanto los demócratas como grupos de defensores de inmigrantes y exjueces de inmigración los han criticado.
Entre diciembre de 2019 y diciembre de 2021, el nivel de riqueza en los hogares de los Estados Unidos aumentó, especialmente entre los hogares más ricos. Si bien todos los grupos raciales y étnicos aumentaron su riqueza o redujeron su deuda, las ganancias en riqueza no se dieron por igual entre todos los grupos.
Por el momento, el programa solo ha reiniciado en El Paso, Texas, en donde las autoridades han enviado a los seleccionados a esperar en Ciudad Juárez, en México, pero la medida ha suscitado la condena generalizada de observadores internacionales, grupos de derechos humanos y defensores de inmigrantes.
Es muy poco lo que las plataforma de los candidatos muestran sobre sus planes en inmigración en la ciudad y sus comunidades migrantes, así que esto es lo que respondieron.
El pasado 12 de febrero la fiscal general de Nueva York, Letitia James, presentó un informe en apoyo a la moratoria de deportaciones de la administración Biden.
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