Una sección de Una Ciudad sin Límites
La Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos o LULAC (por sus siglas en inglés) propuso a la administración Biden que se aplique una moratoria de tres a seis meses en la aceptación de nuevas solicitudes de asilo y que se lleve a cabo una cumbre en la frontera.
De entrar en vigor, la norma negaría el asilo a los migrantes que viajan a través de otro país de camino a Estados Unidos y no solicitaron protección en esos países por los que transitaron. En un esfuerzo por diferenciar la norma propuesta de anteriores, la administración señaló que la medida sería temporal y cobijaría un periodo de dos años.
Más de tres años después de que 15 trabajadoras de una lavandería presentaran su primera denuncia ante Letitia James, la fiscal general de Nueva York, las empleadas -todas ellas mujeres inmigrantes latinas- recibieron por fin los primeros cheques de los salarios que se les debían. El caso es emblemático de lo que puede ser un largo camino hacia la justicia para las víctimas del robo de salarios, que los legisladores estiman impacta a unos 2,1 millones de neoyorquinos cada año.
Paul Shechtman, comisionado adjunto de asuntos jurídicos del Departamento de Corrección (DOC por sus siglas en inglés) de la ciudad de Nueva York, dijo durante la audiencia que las autoridades de inmigración presentaron 92 órdenes de retención al DOC en el año fiscal de 2022, de las cuales ocho de esas personas fueron entregadas a las autoridades federales.
Defensores de inmigrantes están haciendo sonar la alarma por los presupuestos preliminares tanto de la gobernadora Hochul como del alcalde Adams ya que no solo dejan por fuera varios programas emblemáticos por los que han luchado en los últimos años los activistas, sino que también proponen reducciones en programas que imparten clases de inglés, educación y ciudadanía de los que dependen los inmigrantes neoyorquinos.
La palabra “inmigración” solo se mencionó una sola vez en el discurso, cuando dijo “Y unámonos también en cuanto a la inmigración. Hagámoslo un asunto bipartidista como solía serlo”.
Una expansión del Título 42 por un lado permitirá a los inmigrantes procedentes de Nicaragua, Cuba y Haití con patrocinadores financieros con sede en Estados Unidos entrar legalmente en el país a través de un “parole” y con ello, podrán vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos de forma temporal.
Siete organizaciones de trabajadores han compilado una base de datos sobre el robo de salarios durante la pandemia por un total de 130.5 millones de dólares adeudados a los trabajadores. Los datos preliminares de sólo siete grupos empequeñecen los casi 3 millones de dólares que la gobernadora Kathy Hochul se jactó de que el estado había recuperado para los trabajadores el año pasado. Una versión preliminar de estos datos ha sido compartida con City Limits.
En 2021 el Concejo de la Ciudad aprobó una ley que debía ampliar el número de permisos a vendedores, pero un retraso de más de seis meses del Departamento de Salud e Higiene Mental no ha permitido que se asignen estos permisos prometidos. Poco después del retraso administrativo, un grupo de vendedores ambulantes formó la primera Asociación de Vendedores Ambulantes en la plaza Corona, en Queens, Nueva York.
El pasado 5 de enero, el Presidente Joe Biden anunció una nueva estrategia de gestión de la migración en la frontera sur del país que contiene nuevas medidas tanto para la admisión al país, como para la expulsión del mismo.
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