El 4 de junio el presidente Joe Biden anunció una orden ejecutiva que suspende el procesamiento de solicitudes de asilo entre los puntos de entrada oficiales a lo largo de la frontera sur, y autoriza a los funcionarios de inmigración a deportar inmigrantes sin procesar sus solicitudes de asilo.
Durante la más reciente edición de la reunión diplomática en el marco de la Declaración de Los Ángeles, el Secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, anunció $578 millones de dólares en asistencia humanitaria y económica a los países y organizaciones socias en la región.
Después de meses de negociación bipartidista, la semana pasada un grupo de senadores publicó un proyecto de ley de seguridad nacional de $118.000 millones de dólares que incluia financiación para Ucrania, Israel y seguridad fronteriza para lidiar con la inmigración, pero en menos de una semana el proyecto de ley se hundió.
La semana pasada el Comité de Seguridad Nacional —controlado por republicanos— de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, votó a favor (18 a 15) de recomendar el avance del juicio político al secretario de seguridad nacional de los Estados Unidos, Alejandro Mayorkas.
El período de registro inicial para los venezolanos elegibles que no tienen TPS inicia el 3 de octubre de 2023 y va hasta el 2 de abril de 2025.
La medida que permitía al gobierno de los Estados Unidos rechazar y expulsar a los solicitantes de asilo, también conocida como el Título 42, llega su fin el 11 de mayo. Andrew Selee, presidente del Migration Policy Institute (MPI por sus siglas en inglés), explica qué cambia y qué se sabe de los cambios.
La Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos o LULAC (por sus siglas en inglés) propuso a la administración Biden que se aplique una moratoria de tres a seis meses en la aceptación de nuevas solicitudes de asilo y que se lleve a cabo una cumbre en la frontera.
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