El pasado 2 de agosto la administración de Joe Biden suspendió temporalmente los permisos de entrada a los Estados Unidos bajo el programa de “parole” para los inmigrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela alegando preocupación por fraude de los patrocinadores financieros en los Estados Unidos.

Biden Border

Foto oficial de la Casa Blanca por Carlos Fyfe

El Presidente Joe Biden en una rueda de prensa sobre inmigración y seguridad fronteriza en junio.

El pasado 2 de agosto la administración de Joe Biden suspendió temporalmente los permisos de entrada a los Estados Unidos bajo el programa de “parole” para los inmigrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela alegando preocupación por fraude de los patrocinadores financieros en los Estados Unidos.

El programa se anunció inicialmente para los venezolanos en octubre de 2022, y en enero de 2023 se extendió a los otros tres países. El programa permitía la entrada de hasta 30.000 personas de estos países cada mes, siempre que tuvieran un patrocinador financiero en el país y aprobaran todos los pasos del proceso.


El programa de “parole”, conocido oficialmente como Procesos para Cubanos, Haitianos, Nicaragüenses y Venezolanos (CHNV por sus siglas en inglés), es un permiso de entrada condicional y temporal del Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) que permite vivir y trabajar legalmente en el país, aunque no proporciona una vía para estar permanentemente en el país y puede ser revocado. 

Fox News tuvo la primicia sobre la pausa del programa y DHS dijo que la pausa se debía a múltiples solicitudes de patrocinadores y no a los propios beneficiarios del programa.

El DHS, que adelanta una investigación de las solicitudes presentadas por patrocinadores, dejó de conceder autorizaciones de viaje a los venezolanos en julio y luego amplió la pausa a las otras tres nacionalidades. En 2023, la Associated Press reportó que algunas personas estaban anunciándose en línea como patrocinadores, quienes debían ser ciudadanos estadounidenses o residentes.

Poco después de que se anunciara el programa, el fiscal general de Texas, Ken Paxton y otros estados demandaron el programa de “parole” y en marzo se dictaminó que Texas y los demás estados no habían demostrado que habían sufrido daños financieros debido al programa, así que el programa continuó.

Hasta junio, casi 500.000 personas procedentes de los cuatro países habían ingresado a los Estados Unidos bajo el programa.

Para conocer más detalles sobre esta pausa y lo que se sabe hasta el momento de la investigación, invitamos a Ariel Ruiz Soto, analista político del Migration Policy Institute o MPI (por sus siglas en inglés).

Más detalles en nuestra conversación a continuación.

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