La más reciente política de asilo de Biden, implementada tras el fin de la regla conocida como el Título 42, fue demandada por defensores de los derechos de los inmigrantes y el 25 de julio un juez de distrito la declaró ilegal. Sin embargo, el 3 de agosto un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito votó a favor de continuar temporalmente con la política de asilo y puso el caso en revisión rápida.

El pasado 25 de julio el juez de distrito Jon Tigar, de Oakland (California), declaró ilegales las normas de la nueva política de asilo del Presidente Joe Biden ya que impone condiciones que el Congreso no pretendía imponer. 

En un primer momento, el juez dio un plazo de 14 días, pero el 3 de agosto un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de EE.UU. (9th U.S. Circuit Court of Appeals) votó 2 a 1 a favor de suspender temporalmente la decisión judicial de julio que debía poner fin a las restricciones de asilo la próxima semana.

Con la decisión de los jueces William Fletcher y Richard Paez, quienes votaron a favor, se le permite a la política de asilo seguir adelante temporalmente y ordenaron que se acelerara la apelación para que el caso se presente a finales de septiembre.

El juez Lawrence VanDyke escribió en una mordaz disidencia diciendo que “‘Pathways Rule’ de la administración Biden ante nosotros en esta apelación no es significativamente diferente de las reglas de la administración anterior que fueron respaldadas por mis dos colegas”, escribió VanDyke, quien fue nombrado por el presidente Donald Trump.

“Esta nueva regla parece como si ‘Port of Entry Rule’ y ‘Transit Rule’ de la administración Trump se hubieran juntado, tenido un bebé y luego lo envolvieran con un elegante traje moderno, acompañado de una aplicación de teléfono”.

La más reciente política de asilo de Biden, implementada tras el fin de la regla conocida como el Título 42 y que contribuyó a un drástico descenso de los cruces fronterizos, ha sido tildada como una una “prohibición de asilo”, ya que no le permitía a algunos inmigrantes solicitar protección humanitaria si entraban irregularmente al país.

Por eso, entre otras varias razones, los defensores de los derechos de los inmigrantes —como East Bay Sanctuary Covenant, American Gateways, Central American Resource Center, Immigrant Defenders Law Center, National Center for Lesbian Rights y Tahirih Justice Center, representados por la Unión Americana de Libertades Civiles (American Civil Liberties Union o ACLU por sus siglas en inglés), Center for Gender & Refugee Studies y National Immigrant Justice Center— demandaron a la administración Biden en mayo. 

Así que para hablar sobre las recientes decisiones y la demanda invitamos a Oscar Sarabia, abogado del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la Unión Americana de Libertades Civiles.

Más detalles en nuestra conversación a continuación.

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