Tras la llegada de más de 27.000 solicitantes de asilo, muchos de los cuales han tenido dificultades para encontrar abogados en medio de una congestión histórica de casos en los tribunales de inmigración de Nueva York, funcionarios estatales, familias afectadas y defensores de los inmigrantes relanzaron una campaña para garantizar la representación legal en procedimientos de deportación en todo el estado.

Este artículo apareció originalmente en inglés. Translated by Daniel Parra.
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El número de solicitantes de asilo que ha llegado a la ciudad de Nueva York ha superado los 27.200 y, en la actualidad, el acceso a los abogados de inmigración no está garantizado en los procedimientos judiciales de inmigración en el estado de Nueva York.

Además, los tribunales de inmigración de todo el estado se enfrentan ya a un retraso histórico de más de 184.000 casos, según el Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC por sus siglas en inglés), mientras que los inmigrantes llevan meses luchando contra la escasez de abogados en los tribunales de inmigración de Nueva York.

El miércoles, en respuesta a esta situación, funcionarios electos, familias afectadas y defensores de inmigrantes relanzaron una campaña para conceder a los inmigrantes el derecho a un abogado a través de un proyecto de ley estatal.

La aprobación del proyecto de ley Access to Representation Act (ARA o Acceso a la Representación), daría a los inmigrantes de bajos ingresos una ayuda legal garantizada en los procedimientos de inmigración como la deportación (y a otros procedimientos legales relacionados con la defensa de la deportación) o a la detención en Nueva York.

En caso de ser aprobado, el proyecto de ley se llevaría a cabo gradualmente durante un período de seis años. “El Estado de Nueva York debería invertir $55 millones de dólares en el próximo presupuesto del año fiscal 2024 para comenzar a implementar el ARA”, especificó Shayna Kessler, gerente de promoción estatal de la iniciativa Advancing Universal Representation del Vera Institute of Justice.

“Esto garantizaría los servicios necesarios para algunas de las personas que actualmente no están representadas y comenzaría a construir la infraestructura necesaria para garantizar que haya equipos legales debidamente capacitados en áreas de necesidad en todo el estado”, agregó Kessler.

Desde el 2020, los legisladores estatales han presentado proyectos de ley similares, pero ninguno ha sido aprobado. Ahora, con la llegada de miles de solicitantes de asilo, la situación es más urgente, dijeron los defensores.

“Tenemos la obligación moral de asegurarnos de que los nuevos estadounidenses tengan representación legal”, dijo el senador estatal Brad Hoylman, patrocinador del proyecto de ley en el Senado, durante la conferencia de prensa del miércoles. “De lo contrario, es probable que, sin un abogado, sean enviados de regreso a su país de origen y podrían enfrentar circunstancias terribles, incluida la muerte”.

Según los defensores, se estima que más de 55.000 personas en el estado no tenían representación legal en octubre.

Los patrocinadores del proyecto de ley, Hoylman y la asambleísta Catalina Cruz, quieren que Nueva York siga siendo un referente nacional en materia de representación legal ya que fue precisamente en la ciudad donde el proyecto piloto de defensa para los inmigrantes detenidos que se enfrentan a la deportación llamado “Proyecto de Unidad Familiar de los Inmigrantes de Nueva York” (New York Immigrant Family Unity Project o NYIFUP por sus siglas en inglés) inició en 2013. En 2017, el programa se extendió a todo el estado, aunque no atiende a todas las personas en riesgo de deportación. La iniciativa también se ha reproducido en 21 estados.

A lo largo de los años, el programa ha revelado la diferencia que hace contar con un abogado en el tribunal de inmigración: Los estudios anteriores sobre los programas de derecho a la asistencia legal han revelado que los inmigrantes con abogado tenían cuatro veces más probabilidades de obtener la liberación de la detención, más de 10 veces más probabilidades de demostrar su derecho a permanecer en los Estados Unidos, y el 60 por ciento de ellos logran un resultado exitoso en su caso, frente a solo el 17 por ciento de los que no tienen abogado.

Kessler dijo que en el pasado, la prioridad era asegurarse de que los fondos para NYIFUP y los otros programas de servicios legales de inmigración financiados a través del Proyecto de Defensa de la Libertad del Estado se mantuvieran intactos. Después de cinco años sin recibir ningún aumento en el presupuesto, este año el estado aumentó a $20 millones de dólares el presupuesto para estos programas.

“Son programas poderosos y exitosos que deben ser apoyados, pero no van lo suficientemente lejos”, dijo Kessler.

La legislación propuesta encargaría al director de la Oficina para los Nuevos Americanos de Nueva York (ONA por sus siglas en inglés) de varias funciones de supervisión de la iniciativa, como el seguimiento y la mejora de los servicios jurídicos para garantizar la calidad, la presentación de un informe anual y la creación de un comité consultivo formado por funcionarios electos, personas designadas por el gobernador, proveedores de servicios jurídicos y otras personas para asesorar y ayudar en la administración.

“La ley también autorizará la inversión en medidas para aumentar el número de abogados en todo el ámbito”, explicó Kessler. “Se evaluará la formación y las condiciones de trabajo para garantizar que el trabajo sea sostenible, con cargas de trabajo adecuadas, salarios justos, formación de alta calidad y estructuras de supervisión que apoyen el éxito”.

Los legisladores estatales volverán a reunirse para la próxima sesión legislativa en Albany a partir de enero.