Vendedores y defensores afirman que el aumento de la aplicación de la ley por parte de la ciudad está dificultando la recuperación del sector, ya que los trabajadores siguen viendo menos ventas desde que comenzó la pandemia.

Adi Talwar

Este artículo apareció originalmente en inglés. Traducido por Daniel Parra. Read the English version here.

Durante la última década, Miguel ha vendido en las calles del sur del Bronx artículos de temporada —gorros de invierno, guantes y bufandas para la estación fría, y gorras, juguetes y chanclas para el verano— y en menos de un año ha recibido tres multas por no tener permiso de vendedor de mercancía general.

Miguel, quien pidió que solo se revelara su nombre, ha pagado dos de esas multas, de $250 dólares cada una, con el dinero de la ayuda que recibió del fondo de trabajadores excluidos (EWF por sus siglas en inglés) del estado de Nueva York. Pero ahora no sabe de dónde sacar el dinero para pagar la tercera multa del mismo monto.

“No sé cómo pagarlo”, dice Miguel por teléfono. “El dinero que recibí del fondo de trabajadores excluidos fue para ponerme al día con las deudas, pero ahora sigo endeudado”.

El fondo de trabajadores excluidos proporcionó ayuda financiera a los neoyorquinos que sufrieron la pérdida de ingresos durante la pandemia del COVID-19 y que fueron excluidos de los programas de asistencia federal, como los trabajadores inmigrantes indocumentados. El fondo concedió dinero a miles de vendedores ambulantes de la ciudad, según estiman los defensores, aunque se desconoce el número exacto.

Solo en la ciudad de Nueva York, el Proyecto de Vendedores Ambulantes (Street Vendor Project) ayudó a 1.100 vendedores con solicitudes al EWF. Sin embargo, la recuperación financiera de los trabajadores del sector se ha visto obstaculizada por el aumento de la aplicación de la ley por parte de la ciudad contra los vendedores, que puede dar lugar a fuertes multas por cosas como operar sin permiso —algo que hacen muchos vendedores, pues la ciudad puso un límite sobre el número de permisos haciendo casi imposible obtener uno legalmente.

Durante la segunda mitad de 2021, los vendedores de la ciudad han visto un aumento en el número de infracciones emitidas, cerrando 2021 con un número de multas ligeramente superior a las cifras anteriores a la pandemia. A pesar de la promesa del exalcalde Bill de Blasio de alejar las tareas de aplicación de la ley de la policía de Nueva York, la policía continuó emitiendo cientos de multas a los vendedores el año pasado, además de las multas emitidas por el Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador de la ciudad (DCWP por sus siglas en inglés), que asumió el papel de principal organismo de aplicación en 2021.

Y este año no parece ser muy diferente. En los dos primeros meses de 2022, el DCWP ha emitido 171 multas, lo que podría suponer 1.026 multas a finales de año si se mantiene este ritmo. Miguel, por ejemplo, recibió dos multas en enero.

Los funcionarios de la ciudad dicen que la aplicación de la ley viene a menudo en respuesta a las quejas del público. DCWP dijo que recibió 6.525 quejas sobre la venta en 2021. Tradicionalmente, las preocupaciones en torno a la venta ambulante han incluido quejas sobre basura, obstrucción de aceras y el impacto potencial en los pequeños locales circundantes.

Pero tanto los vendedores ambulantes como los defensores afirman que el aumento de las multas municipales se produce en un momento en que las ventas de los vendedores no se han recuperado del todo de la pandemia.

“Los vendedores han quedado doblemente excluidos justo en el momento en que los negocios más pequeños de Nueva York podrían estabilizarse con apoyo para formalizar sus negocios y alivio para los trabajadores excluidos —o hundirse aún más en las deudas, criminalizados y multados por vender alimentos y mercancías,”, dijo la subdirectora del Proyecto de Vendedores Ambulantes, Carina Kaufman-Gutierrez.

En 2021, la Community Service Society of New York (que es un financiador de City Limits) calculó los ingresos medios antes y después de la pandemia de 2.112 vendedores ambulantes encuestados por el Proyecto de Vendedores Ambulantes y estimó ingresos para estos trabajadores de $69.112 dólares antes de la pandemia y de $53.375 dólares después de esta. En otras palabras, una recuperación del 77.2 por ciento.

Miguel cree que su negocio solo se ha recuperado en un 50 por ciento porque la inflación ha hecho subir los precios. “Las cosas suben cada día y no han dejado de subir desde el año pasado”, dice Miguel.

La pandemia ha golpeado a tantos niveles que incluso aquellos que de alguna manera lograron acceder a un permiso informaron que las ventas siguen estando muy por debajo de lo que eran antes de la crisis.

El mercado negro de permisos en medio de la pandemia

Desde 1983 hasta el año pasado, la ciudad de Nueva York tenía un estricto límite en el número de licencias y permisos de venta que concedía: solo 853 licencias para mercancías generales; 2.800 permisos de vendedor de alimentos para toda la ciudad y 1.000 permisos estacionales. Estas cifras se ven ampliamente superadas por la demanda —se calcula que hay unos 20.000 vendedores ambulantes en los cinco distritos—, lo que significa que la gran mayoría opera sin permisos, lo que hace que los trabajadores sean susceptibles de ser multados.

Aunque el Concejo de la ciudad votó el año pasado a favor de aumentar gradualmente el número de permisos, esos cambios solo iniciarán en el verano. Mientras tanto, los trabajadores y los defensores dicen que los límites han creado un próspero mercado negro de personas que alquilan el limitado número de permisos existentes rentándolos a veces por decenas de miles de dólares al año.

María, quien pidió que solo se revelara su nombre, lleva alquilando desde 2006 un permiso estacional (válido de abril a octubre de cada año) en el mercado negro y es una de las pocas vendedoras que lo ha alquilado siempre al mismo titular del permiso.

Ella empezó a alquilar el permiso de vendedor ambulante de alimentos por $1.500 dólares por temporada. Desde entonces, el propietario del permiso ha subido el alquiler $500 dólares por año. En 2020 el propietario esperaba cobrar $7.000 dólares por la temporada, pero la pandemia llegó justo cuando ella estaba ultimando el acuerdo con el propietario del permiso. Lo poco que había ahorrado para alquilar el permiso debía ser utilizado ahora con prudencia: era mediados de marzo, la ciudad de Nueva York estaba paralizándose; las ventas de los pequeños negocios estaban cayendo en picada y los vendedores ambulantes seguían saliendo a la calle pero vendiendo menos de la mitad de lo que solían.

Así que no lo arrendó. “Solía pagarle el 1 de abril, pero como no tenía dinero no podía aceptarlo”, dijo. “Y como no le pagué, me quitó el carrito con sticker de inspección [el permiso de vendedor ambulante de comida] y me dio un carrito sin permiso”.

En junio, cuando la ciudad reabría lenta y cautelosamente, María llamó al propietario del permiso para ofrecerle $3.500 dólares por el resto de la temporada: de junio a octubre. El propietario aceptó y se lo alquiló por última vez. Desde entonces, ha estado buscando un permiso, pero no ha encontrado un propietario que le permita pagar mensualmente.

“Sabe cómo funciona el mercado negro, ¿verdad? Ellos reciben el dinero y eso es una mafia”, explica María. “No hay contrato, no se firma nada, pero como uno quiere trabajar, uno lo hace”.

Ella sabe que el permiso solo le cuesta al propietario una mínima parte —$15 dólares— de lo que ella paga de alquiler, pero “sin permiso, no tienes tranquilidad”, dijo.

Como sucede en el mercado inmobiliario de Nueva York, los vendedores prefieren conectar directamente con los propietarios para eliminar los honorarios de los intermediarios. Pero no todos los vendedores pueden acceder a un permiso sin intermediarios.

Después de preguntar a amigos y colegas, explicó Kaufman-Gutierrez, los vendedores suelen ser enviados a un intermediario, que suele ser un contador que realiza los servicios contables habituales y los servicios especiales para los vendedores: solicitar licencias, renovarlas, presentar el impuesto sobre las ventas, incluso asistir a las audiencias de las multas por ellos en la Oficina de Juicios y Audiencias Administrativas (Office of Administrative Trials and Hearings u OATH por sus siglas en inglés).

“El intermediario luego se lo alquila al vendedor, se queda con algunos honorarios (que dependiendo del intermediario puede ser una cantidad pequeña o a veces de $7.000 a $10.000 dólares en honorarios), y le da el resto del dinero al dueño del permiso”, dijo Kaufman-Gutierrez destacando que los corredores astutos se aseguran que los vendedores no se conecten con los dueños de los permisos directamente.

Por ejemplo, Jorge (quien solo pidió ser identificado por su nombre) ha alquilado permisos a seis personas diferentes para tener un contrato de dos años cada uno. Él vende ceviche en Queens, pero debido a las bajas ventas desde que comenzó la pandemia, no ha alquilado un permiso, diciendo que no hay manera de que pague uno y pueda sostenerse.

Al igual que María, él ha estado vendiendo sin permiso y escondiéndose cuando sus colegas le alertan de que los funcionarios de la ciudad están poniendo multas. La última vez que alquiló un permiso, entre 2019 y 2020, pagó $22.000 dólares: $12.000 dólares por adelantado para apartar el permiso, seguidos de pagos semanales de $600 dólares hasta pagar el saldo.

“Ellos [los intermediarios] prefieren cambiar y alquilárselo a una nueva persona”, dijo Miguel. “He hablado con amigos y me dicen que los permisos actualmente están entre $25,000 y $26,000. Otro amigo me dijo que estaban cobrando 700 dólares semanales”.

La pandemia ha transformado tanto la forma en que funcionaba el mercado negro de permisos que las condiciones ahora casi cambian de un permiso a otro, explicó Kaufman-Gutierrez. Como en cualquier mercado, cuando la demanda supera a la oferta, los precios se disparan, y la pandemia parece haber inflado la demanda de permisos hasta el punto de que los propietarios e intermediarios de permisos pueden hacer acuerdos a más corto plazo sin tener problemas para encontrar un nuevo vendedor que los alquile.

Además, los propietarios e intermediarios de permisos empezaron a pedir un depósito de buena fe hacia finales de 2020 para asegurarse que los vendedores renovarían con ellos el siguiente plazo de dos años.

Tanto María como Miguel dicen que los permisos que les han ofrecido últimamente son a precios mucho más altos que los que solían alquilar, por lo que ninguno de los dos ha alquilado uno todavía, aunque reconocen que temen las multas. Jackson Heights, donde trabajan, es el segundo barrio con mayor número de inspecciones y de multas en lo que va de año. En 2021, el barrio ocupó el primer puesto tanto en inspecciones como en multas, según los datos del DCWP.

“A la persona que va a renovar [el permiso], no le cuesta mucho. No trabajan y se llevan ese dinero ¡Hasta 25.000 dólares por dos años! Y no trabajan, y viven de los pobres que salen a vender. Eso no está bien”, dijo Miguel.

En Albany, los legisladores han estado presionando para que se apruebe el proyecto de ley S1175 / A5081, que obligaría a la ciudad a crear y adoptar un programa de regulación de los vendedores que eliminaría el actual límite de licencias, entre otros cambios.

Los vendedores ambulantes y los defensores de Nueva York han dado conferencias de prensa para pedir a la gobernadora Kathy Hochul que incluya el proyecto de ley en el presupuesto estatal, a medida que se acerca la fecha límite del viernes.

“Este sistema punitivo atrapa a los vendedores en un ciclo de deudas, en lugar de apoyar el espíritu empresarial que tanto se necesita para estimular la economía, obligando a los vendedores a vivir en la sombra”, dijo Kaufman-Gutierrez.

Por su parte, dijo Miguel: “pido encarecidamente a los legisladores a que eliminen el mercado negro y abran los permisos para los que realmente quieren trabajar”.

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