Desde junio de este año el Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador (DCWP por sus siglas en inglés) ha realizado 1.508 inspecciones de venta en las calles y ha emitido 424 infracciones en la ciudad, una cifra cercana al promedio de citaciones civiles que emitió la policía de la ciudad antes de la pandemia.

Adi Talwar

Un vendedor ambulante en la entrada del metro de la calle 207 en Manhattan antes de la pandemia.


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Miles de trabajadores perdieron su empleo durante la pandemia y muchos de ellos salieron a las calles a vender lo que podían: porciones de mango fresco, tiras de sandía para la sed durante el verano, tapabocas, desinfectantes o algún otro tipo de artículo que no aún no se ofreciera en la acera escogida como punto de venta. 

Esto llevó a que los funcionarios electos revisaran la forma en que se regulaba la venta ambulante en la ciudad este año y trasladaron el cumplimiento de la ley al Departamento de Protección del Consumidor y del Trabajador (DCWP por sus siglas en inglés). El DCWP —conocido antes como el Departamento de Asuntos del Consumidor (DCA por sus siglas en inglés). En enero las funciones de inspección que antes realizaba la policía de Nueva York fueron trasladadas y fue un cambio celebrado en su momento por los defensores de los vendedores ambulantes y por los propios vendedores ambulantes, ya que un departamento civil se encargaría parcialmente de hacer cumplir la ley. 

El DCWP no empezó activamente a multar a los vendedores hasta el 1 de junio y en la primera mitad del año realizó actividades educativas con los vendedores y los defensores, según la agencia, celebrando 30 eventos educativos en los corredores populares para difundir las listas de comprobación de las inspecciones y promover el cumplimiento de las normas. Durante ese mismo periodo, la policía de Nueva York emitió 108 citaciones civiles y 14 penales relacionadas con la venta ambulante, según los informes trimestrales del departamento de policía.

Las autoridades habían relajado la aplicación de la ley durante la pandemia, pero eso ha cambiado. En tan solo un trimestre, entre el 1 de junio y el 31 de agosto, el DCWP ha realizado 1.508 inspecciones de venta en las calles de la ciudad y ha emitido 424 tiquetes (por violaciones que incluyen, entre muchas otras, no tener el permiso), una cifra que ya ha sobrepasado el promedio trimestral de citaciones civiles que emitió NYPD en 2019: 402.

A María Isabel Zhinin, vendedora de mangos en el centro de Brooklyn la multaron recientemente. 

“Yo no me di cuenta que me estaba tomando fotos”, cuenta Zhinin a quien los inspectores del DCWP luego se le acercaron y le pidieron el permiso para vender en la calle.

“Sí, tengo mi ID,” dijo Zhinin, “y presenté la licencia [que otorga el Departamento de Salud y Salud Mental] para vender frutas”. 

Los inspectores le preguntaron si tenía el permiso para vender en la calle, no la licencia. Según las normas de la ciudad, los vendedores ambulantes de comida deben tener tanto una licencia como un permiso. Zhinin dijo que no y los inspectores le dieron un tiquete de infracción por $1.000 dólares.

Si bien en enero de este año se aprobó la ley Intro. 1116-B, que sumará 4.000 nuevas licencias en la próxima década a partir de 2022, obtener una sigue siendo uno de los grandes obstáculos porque por décadas la ciudad ha impuesto un límite infranqueable. Esto ha hecho que sea virtualmente imposible obtener una licencia y también ha abierto las puertas para que se cree un mercado negro para quienes intentan obtenerla. La única excepción al límite impuesto décadas atrás es para ciertos veteranos que residen en el estado de Nueva York o sus cónyuges/parejas domésticas sobrevivientes.

Zhinin explica que no tiene otra alternativa para ganarse su sustento, pues ha invertido lo que tiene para vender porciones de mango picado, sandía y quenepas (también conocido como mamoncillo o limoncillo) a $4 dólares. Además, las ventas han caído desde que empezó la pandemia y hay cada vez más vendedores ambulantes en su zona ofreciendo estas mismas frutas, por lo que Zhinin dice que lleva meses vendiendo en promedio $100 dólares al día.

“Desde que se puso malo no puedo ahorrar”, dice ella preocupada.

Zhinin, de 61 años, cuenta que en los más de ocho años que lleva trabajando en las aceras del centro de Brooklyn ha tenido que pagar más de $10.000 dólares en tiquetes de infracciones.

“Con el [anterior alcalde Michael] Bloomberg me ponían tiquetes a cada rato”, recuerda Zhinin. Sin embargo, aclara, “durante la pandemia no recibí tiquetes”. Hasta ahora. 

La aplicación de la ley es una respuesta a las quejas que recibe el DCWP del público en general, de las Juntas Comunitarias, de los Distritos de Mejora Comercial (Business Improvement Districts o BID por sus siglas en inglés), de los funcionarios electos y desde el 15 de enero de 2021, el DCWP ha recibido 4.177 quejas sobre vendedores ambulantes. Los críticos argumentan que los vendedores sin licencia ensucian, obstruyen las aceras y compiten con las tiendas, mientras que los partidarios de la medida lo refutan diciendo que los carros de venta aumentan el tráfico de personas en los barrios y son parte integral de la economía de la ciudad.

Lás áreas con el mayor número de quejas recibidas por el DCWP son Midtown, Chelsea y Soho en Manhattan; Jackson Heights y Flushing en Queens; y el área donde se instala Zhinin, Fort Greene/Atlantic Terminal en el centro de Brooklyn.

“La venta ambulante es un tema complicado que nos afecta a todos, desde los propios vendedores hasta los negocios locales, pasando por los residentes y los visitantes”, dijo un portavoz del DCWP en un comunicado. “Nuestro objetivo es escuchar las preocupaciones de todos los implicados y lograr un enfoque equilibrado que sea equitativo para todos, que incluya la educación continua junto con la aplicación de la ley a escala y de forma estratégica, especialmente en las zonas problemáticas.”

El DCWP también es la sede de la recién creada Oficina de Cumplimiento de la Venta Ambulante (Office of Street Vendor Enforcement), que se instaló allí oficialmente en marzo de 2021 porque la nueva ley exigía que estuviera funcionando en septiembre de 2021. El DCWP dice que se ha adelantado al calendario porque la ley exigía que estuviera operando para septiembre de 2021 y si bien la agencia solo cuenta con 14 miembros dedicados actualmente a realizar inspecciones, se están contratando a 10 inspectores más.

Luego de recibir el tiquete por infracción, Zhinin avisó a una de sus amigas quien vende en esta área, pero que a diferencia de Zhinin es indocumentada. Si un vendedor no paga su multa, será enviada a cobro y si el vendedor tiene la licencia que otorga el Departamento de Salud, como Zhinin, la licencia podría verse afectada.

Defensores de los vendedores ambulantes han notado el aumento en el número de multas. “Diligenciar un tiquete no ayuda a nadie”, dice Carina Kaufman-Gutiérrez, subdirectora del Proyecto de Vendedores Ambulantes (SVP por sus siglas en inglés), para quien los vendedores ambulantes son pequeños comerciantes y emprendedores.

Solo en 2021, el SVP añadió 530 nuevos miembros, que se sumaron a los 1.800 que tenía antes de la pandemia. Los nuevos miembros son tanto vendedores de toda la vida que no se habían vinculado a la organización, como otros que acaban de empezar en el sector por necesidad. Según Kaufman-Gutiérrez, la organización está en proceso de incorporar a 400 miembros más.

“Deberían recibir educación y oportunidades para formalizar sus negocios en lugar de multas punitivas”, dijo ella.

Zhinin ha seguido saliendo a vender y está preocupada porque no sabe cómo va a reunir el dinero para saldar la deuda antes de su cita en septiembre.