Los defensores de los inquilinos dicen que la prórroga de la moratoria de desalojo por parte del gobernador Cuomo permitirá que demasiados casos pasen por los tribunales.

Este artículo apareció originalmente en inglés.

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Traducido por Daniel Parra.

Los defensores de vivienda y de los inquilinos dicen que la ampliada moratoria del estado sobre los desalojos por falta de pago anunciada la semana pasada por el gobernador Andrew Cuomo no ayuda a los inquilinos indocumentados o que trabajan en empleos informales o que se enfrentan a otro tipo de desalojos, y que también podrían estar enfrentando dificultades financieras por la pandemia.

La moratoria estatal de desalojos relacionada con COVID-19 se ha extendido hasta el 1 de enero de 2021 y cubre casos de falta de pago u órdenes de desalojo presentadas antes del 7 de marzo para aquellos inquilinos que puedan demostrar dificultades financieras relacionadas con la pandemia. Cuomo también extendió la moratoria de desalojo para desalojos comerciales y ejecuciones hipotecarias hasta el 20 de octubre.

En Nueva York se han producido algunas moratorias diferentes desde que inició la pandemia. Primero, hubo una moratoria de desalojo general del sistema judicial del estado, que se extendió continuamente hasta el 1 de octubre —esta moratoria protegió a los inquilinos que tenían casos de desalojo en su contra antes del 7 de marzo o después—. Luego la moratoria de desalojo del gobernador bajo una orden de emergencia protegió a los inquilinos que habían enfrentado dificultades financieras debido a la pandemia hasta el 20 de junio y más tarde ese mes la Ley de Puerto Seguro (Safe Harbor Act) para Inquilinos se convirtió en ley. La orden del gobernador continúa efectivamente las protecciones conferidas por esta ley.

Los defensores dicen que, con la misma buena intención con la que el estado ha tratado de proteger a los inquilinos, la Ley de Puerto Seguro para Inquilinos y la orden del gobernador dejan fuera a los inquilinos más vulnerables de Nueva York. Quieren que el estado apruebe una moratoria universal de desalojo hasta que la crisis económica se calme y el estado muestre signos de una recuperación económica saludable.

“Lo que el gobernador está diciendo es: ‘si esos inquilinos pueden demostrar al tribunal que sufrieron dificultades financieras por COVID-19, entonces basado en mi orden ejecutiva, van a ser protegidos del desalojo, pero sólo hasta el 1 de enero’. Así que lo que el gobernador ha hecho no es emitir una moratoria universal de desalojo. Ni siquiera es una moratoria general”, dijo Marika Dias, directora del Proyecto de Red de Seguridad del Centro de Justicia Urbana y miembro del comité directivo de la Coalición por el Derecho a Asesoría en la ciudad de Nueva York.

Deja fuera a los inquilinos indocumentados, a los que trabajan en la economía informal como trabajos que sólo pagan en efectivo o a los inquilinos que pueden tener otros casos de desalojo como los casos de remanentes. 

Típicamente, hay dos tipos de casos de desalojo. El primero es el impago del alquiler y el segundo son los casos de desahucio que son procedimientos de desahucio debido a alegaciones hechas por el propietario, como tener animales domésticos en un edificio donde está prohibido o un inquilino con un contrato de alquiler vencido que el propietario no quiere renovar. “Así que significa que esa gente podría seguir adelante y ser desalojada antes del 1 de enero. No están protegidos de ninguna manera aquí. Y también excluye a todos los que la [Ley de Puerto Seguro para Inquilinos] no protegió porque no podrían mostrar las dificultades financieras relacionadas con COVID”, dijo Dias.

Además Dias dice que la Ley de Puerto Seguro para Inquilinos pone la carga de probar estas circunstancias en el inquilino. De acuerdo con la legislación, los inquilinos tienen prohibido desalojar desde el 7 de marzo de 2020 hasta la fase 4 de la apertura y “ningún tribunal emitirá una orden de desalojo o una sentencia de posesión contra un inquilino residencial u otro ocupante legal que haya sufrido una dificultad financiera durante el período cubierto por la ley durante la pandemia del COVID-19 o por el impago del alquiler que se acumula o se vence durante el período cubierto por la ley durante la pandemia del COVID-19”. El inquilino puede plantear dificultades financieras como defensa y debe mostrar los ingresos anteriores al período durante la pandemia, los ingresos durante el período cubierto por la ley durante la pandemia del COVID-19, los activos líquidos del inquilino y la elegibilidad del inquilino para recibir asistencia en efectivo, el programa de asistencia nutricional suplementaria, los ingresos de seguridad suplementarios, el programa de discapacidad del estado de Nueva York y otros programas similares. 

Según los datos más recientes del Centro Furman de la Universidad de Nueva York sobre las solicitudes de desalojo, entre el 20 de junio y el 20 de septiembre de este año se presentaron 9.934 casos de desalojo privados (casos de vivienda no pública) en los tribunales de vivienda de la ciudad. El conteo comenzó el 20 de junio cuando la orden de emergencia de Cuomo sobre la moratoria de desalojo expiró. El analista de datos Ryan Brenner escribió en su análisis que típicamente la ciudad habría visto un estimado de 38,000 casos de desalojo presentados dentro del mismo periodo de tiempo.

Sin embargo, Brenner dijo que las solicitudes de desalojo no han aumentado como se esperaría durante una crisis económica. La ciudad ha visto una disminución de las solicitudes de desalojo desde que aprobó la ley de derecho a representación legal en 2017. La ley de derecho a la representación legal, también conocida como Acceso Universal a la Asesoría, ofrece a los inquilinos de bajos ingresos que se enfrentan a desalojos apoyo legal gratuito en el tribunal de vivienda. 

Brenner dijo que una caída similar en los casos de desalojo se vio el año pasado después de que el estado aprobó el histórico paquete de reformas de alquiler que rige casi un millón de apartamentos de alquiler estabilizado en los cinco condados, donde los aumentos de alquiler anual se rigen por la Junta de Directrices de Alquiler (Rent Guidelines Board, RGB por sus siglas en inglés), incluyendo a los inquilinos de renta estabilizada en los condados de Nassau, Rockland y Westchester.

Las coaliciones de inquilinos y defensores de la vivienda, Housing Justice for All y Right to Counsel, dijeron en una declaración conjunta que el anuncio de Cuomo era “engañoso y poco sincero”.

“No cubre a los inquilinos que se enfrentan a desalojos por remanencia, y deja a millones de neoyorquinos vulnerables a ser expulsados de sus casas en medio de una pandemia”. Podría decirse que es más débil que la moratoria federal de los [Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades] CDC anunciada este mes”, dice la declaración.

La preocupación que suscitan los casos remanentes es que, aunque no reflejen directamente una controversia motivada por la situación financiera de un inquilino, siguen planteando problemas de salud pública, porque podrían dar lugar al desalojo de un hogar y a la posible pérdida de la vivienda en medio de una pandemia.

Estos grupos están pidiendo a los funcionarios estatales electos que muestren su apoyo a tres piezas de legislación estatal, la primera es el proyecto de ley de estabilidad de la vivienda de emergencia y prevención de desplazamientos (Emergency Housing Stability and Displacement Prevention Act), presentada por el senador estatal Zellnor Myrie y la asambleísta Karines Reyes, que protegería a los inquilinos residenciales y comerciales de las presentaciones y los desalojos durante toda la crisis, más un año adicional. Este proyecto de ley está en el comité de la asamblea. El segundo proyecto de ley, la ley de cancelación de alquileres e hipotecas de 2020, presentada por la senadora Julia Salazar y la asambleísta Yuh-Line Niou, cancelaría los alquileres y los pagos de las hipotecas mientras dure la crisis, con cierto alivio financiero para los propietarios “que demuestren dificultades financieras” debido a la pandemia. Este proyecto de ley está en el comité de reglas.

Y por último está el Programa de Vales de Acceso a la Vivienda (Housing Access Voucher Program), presentado por el senador Brian Kavanagh y el asambleísta Steven Cymbrowitz, proporcionaría vales de vivienda a las personas y familias que reúnan los requisitos y que no tengan hogar o que se enfrenten a una pérdida inminente de vivienda. La Corporación del Fondo Fiduciario para la Vivienda (The Housing Trust Fund Corporation) supervisaría el programa y los organismos estatales y locales de vivienda pública lo administrarían. Este proyecto de ley se encuentra actualmente en el comité de vivienda, construcción y desarrollo comunitario.

Por otro lado, los defensores de los propietarios han adoptado desde hace mucho tiempo los programas de vales como método para cerrar la brecha entre la petición de alquileres y lo que los inquilinos pueden pagar, pero se han opuesto a las continuas restricciones a la capacidad de desalojar o a las acciones para cancelar el alquiler, argumentando que una fuerte reducción de los ingresos por alquiler hará imposible que muchos propietarios mantengan sus propiedades.