El 4 de junio el presidente Joe Biden anunció una orden ejecutiva que suspende el procesamiento de solicitudes de asilo entre los puntos de entrada oficiales a lo largo de la frontera sur, y autoriza a los funcionarios de inmigración a deportar inmigrantes sin procesar sus solicitudes de asilo.

Biden camina con agentes de la Patrulla Fronteriza

Foto Oficial de la Casa Blanca por Adam Schultz

El presidente Joe Biden camina con agentes de la Patrulla Fronteriza de EE.UU. a lo largo de un tramo de la frontera entre EE.UU. y México, el domingo 8 de enero de 2023, en El Paso.

El 4 de junio el presidente Joe Biden anunció una orden ejecutiva que inicia cuando se cumplen siete días seguidos en los que la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos aprehende a más de 2.500 personas en las fronteras terrestres y costeras del sur del país. Esto se suspenderá 14 días después de que el secretario de seguridad nacional de los Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, determine que el promedio de siete días calendario consecutivos ha sido menor a 1.500 encuentros.

La nueva orden, bajo el título en español “Una proclamación sobre la seguridad de la frontera” entró en efecto a las 12:01 de la mañana del 5 junio.


Algo que los defensores de inmigrantes han criticado es que la orden ejecutiva transforma el sistema de asilo de forma arbitraria al negar la posibilidad a cualquiera que cruce la frontera mientras el promedio diario de cruces supere los 2.500 encuentros.

Además, los migrantes que cruzan sin autorización, salvo en circunstancias excepcionales como ser un menor no acompañados o víctimas de una forma grave de trata, no serían elegibles para asilo y estarían sujetos a una expulsión acelerada.

En 2018 la administración Trump quiso imponer restricciones similares, pero los grupos de inmigración y de derechos civiles pronto demandaron, llamándola “asylum ban” (prohibición de asilo). 

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés), que bloqueó la prohibición de asilo de Trump en cuestión de días, ya anunció que presentará una demanda para revocar esta nueva regulación de Biden.

La administración Biden hizo uso de la autoridad de la Sección 212(f) y 215(a) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA por sus siglas en inglés), que otorga al presidente un amplio margen de maniobra. 

Desde principios de este año, varios medios de comunicación habían estado reportando sobre esta acción, y en un episodio anterior se abordó el tema de los poderes del presidente para cerrar funciones clave de la frontera

Así que para desmenuzar las distintas partes de esta acción, invitamos a César Cuauhtémoc García Hernández abogado especializado en inmigración de la Universidad Estatal de Ohio.

Más detalles en nuestra conversación a continuación.

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