Hasta finales de enero, la ciudad había comprado 20.500 billetes de avión o autobús para reubicar a los inmigrantes fuera de la ciudad, por un total de $7.6 millones de dólares, según informaron las autoridades el martes.

Este artículo se publicó originalmente en inglés el 6 de marzo. Traducido por Daniel Parra. Read the English version here.

Nota del editor: En una versión anterior de este artículo se afirmaba erróneamente que el presupuesto de MOIA y OASO ascendía a 2,5 millones de dólares, cuando esa financiación sólo se destinaba a dotar de personal a esas oficinas. El presupuesto total de MOIA es de 16,5 millones de dólares, que es más de lo que la ciudad gasta en entradas fuera de la ciudad. City Limits lamenta el error.

Esta semana comenzó la primera ronda de audiencias preliminares sobre el presupuesto municipal para el año fiscal 2025, y una de las primeras oficinas citadas fueron las oficinas de Asuntos del Inmigrante (MOIA por sus siglas en inglés) y de Operaciones para Solicitantes de Asilo (OASO por sus siglas en inglés), esta última creada hace un año para gestionar y coordinar la respuesta de la ciudad a la llegada de nuevos inmigrantes al sistema de albergues.

En febrero, el alcalde Eric Adams decidió recortar únicamente el presupuesto de los servicios de atención a los inmigrantes tras unos ingresos fiscales superiores a los previstos, eliminando algunos de los recortes generales anunciados previamente en otras agencias municipales.

Si bien el alcalde Eric Adams decidió en febrero recortar sólo el presupuesto de los servicios de atención a los inmigrantes tras unos ingresos fiscales superiores a los previstos (elimiando algunos de los recortes generales previamente anunciados), los concejales han pedido más anulaciones.

Los recortes en el gasto municipal para inmigrantes se mantienen en un 10 por ciento, unos $600 millones de dólares que se suman a los anteriores recortes del 20 por ciento, unos $1.700 millones de dólares.

Casi dos años después de que los solicitantes de asilo empezaran a llegar a los refugios de la ciudad, Adams ha dicho que ahora se está pasando a un ” estado de estabilización”, aunque mantiene que la ciudad sigue en modo de crisis. “Lo estamos tratando de forma diferente porque la emergencia sigue existiendo. Pero lo estamos gestionando de forma diferente”, declaró Adams a ABC News.

Desde mediados de enero, el número de solicitantes de asilo a cargo de la ciudad ha descendido de un máximo de 69.000 a 64.000, después de que la administración aplicara durante meses plazos de estadía de 30 y 60 días, que han sido duramente criticados por los defensores de inmigrantes y algunos concejales.

Casi la mitad de las familias que recibieron avisos de expulsión de 60 días han abandonado el sistema de refugios. Un portavoz de la alcaldía dijo a City Limits la semana pasada que unas 9.100 familias con niños han salido. Otros 69.200 adultos inmigrantes han recibido avisos de salida, de los cuales aproximadamente una cuarta parte ha vuelto para solicitar refugio.

Desde enero, la ciudad ha abierto 216 centros de acogida de emergencia y ha gastado aproximadamente $3.770 millones de dólares en la acogida de inmigrantes recién llegados, según el Asylum Seeker Funding Tracker de la alcaldía.

Tanto las familias como los adultos pueden volver a solicitar refugio una vez finalizada su estancia inicial —aunque el proceso puede ser un calvario, sobre todo para los que no tienen hijos, ya que suele durar días o incluso semanas.

Todos también tienen la opción de mudarse fuera de los cinco condados o incluso regresar a sus países de origen con un billete de avión emitido por la ciudad.

Durante la audiencia, la nueva presidenta del Comité de Inmigración, la concejal Alexa Avilés, preguntó a la directora de la OASO, Molly Schaeffer, por el número de pasajes emitidos y su costo.

Schaeffer dijo que a finales de enero, la ciudad había comprado 20.500 billetes de avión o autobús, por un total de $7.6 millones de dólares, y la ciudad ha visto un aumento en las solicitudes de viajes aéreos fuera del país, agregó.

“Las compañías aéreas deben de estar muy contentas”, señaló Avilés, quien dijo repetidamente durante la audiencia que el presupuesto dedicado a MOIA y OASO es insuficiente, teniendo en cuenta que casi el 40 por ciento de la población de la ciudad ha nacido en el extranjero.

“Es grotesco”, se quejó Avilés de la financiación actual de las dos agencias. 

“¿Ha habido alguna comunicación entre OMB y MOIA sobre la creación de una agencia entera para asuntos de inmigrantes?”, preguntó durante la audiencia Avilés. 

“No”, respondió Castro. “No desde que entré en la administración”.

Entonces Avilés hizo casi que la misma pregunta a Schaeffer, quien dijo: “Estamos constantemente pensando en cómo hacer mejor las operaciones a largo plazo de los solicitantes de asilo y averiguar lo que tiene más sentido para el próximo par de años”.

Avilés dijo que la falta de una oficina centralizada “es un poco una pesadilla”, y añadió que la población inmigrante de la ciudad “merece una agencia completa que pueda consolidar los servicios y pueda hacer que esto sea menos una carrera a través de las agencias donde no tienes jurisdicción”.

El Program to Eliminate the Gap (PEG por sus siglas en inglés) del alcalde en noviembre incluyó recortes al Rapid Response Legal Collective (Colectivo Legal de Respuesta Rápida), dirigido en parte por MOIA, que proporciona ayuda legal en una amplia gama de casos de inmigración, incluidas personas detenidas por ICE, a punto de ser detenidas y deportadas, o aquellas que buscan reabrir sus casos.

Los recortes al programa, que se creó en 2019 con $1 millón de dólares de la ciudad y el estado, llega cuando la demanda de estos servicios se dispara.

En otra audiencia presupuestaria del Consejo a principios de esta semana, Lisa Rivera, del New York Legal Assistance Group (NYLAG por sus siglas en inglés) —una de las tres organizaciones sin fines de lucro que dotan de personal al colectivo— dijo que el programa ha sido “inundado con solicitudes para representar a solicitantes de asilo pro se que han sido ordenados para deportación por los jueces en audiencias que están plagadas de garantías procesales y otras cuestiones legales”.

Si no se financia una representación significativa para los recién llegados inmigrantes, testificó, “se socavarán los esfuerzos de la ciudad para crear vías de autorización de trabajo y disminuir la dependencia del sistema de refugios”.

El Comité de Inmigración del Concejo instó a la administración a presupuestar $150 millones de dólares para ampliar los servicios legales a inmigrantes, así como los programas de alfabetización para adultos, que también tienen una gran demanda en los tres sistemas de bibliotecas públicas de la ciudad.

“Se trata de la sostenibilidad de los servicios para los inmigrantes neoyorquinos”, dijo Avilés.

Sólo la OASO ha presentado más de 15.339 autorizaciones de trabajo en nombre de inmigrantes neoyorquinos, más de 10.745 formularios de Estatus de Protección Temporal y 11.630 solicitudes de asilo, dijo Schaeffer.  

La audiencia del martes fue la segunda en la que el gasto de la ciudad en inmigrantes ha sido el centro de atención, tras la audiencia del Comité de Finanzas del lunes. 

En las próximas semanas, el Concejo tedrá otras audiencias de supervisión de otros organismos que gestionan programas para las comunidades de inmigrantes, como el Departamento de Juventud y Desarrollo Comunitario, la Administración de Recursos Humanos, el Departamento de Educación y el Departamento de Salud y Hospitales de la ciudad de Nueva York.

La administración Adams y el Concejo tienen hasta el 30 de junio para elaborar un presupuesto definitivo para el año fiscal 2025, que comienza el 1 de julio.

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