Defensores advierten que requisitos como ‘prueba de trabajo’ pueden dificultar la vacunación de trabajadores inmigrantes elegibles

Aquellos que son elegibles para la vacunación debido a sus trabajos deben presentar documentación de su trabajo, como una tarjeta de identificación, una carta de su empleador o un recibo de pago, lo que un defensor de inmigrantes llama ‘una barrera innecesaria e insuperable’, para aquellos que carecen de autorización de trabajo.

Este artículo apareció originalmente en inglés. Read the English version here. Traducido por Daniel Parra.

Nueva York ha ampliado las categorías de trabajadores que pueden recibir la vacuna contra el COVID-19, que ahora incluye a los empleados de restaurantes, una medida que llega días antes de que el gobernador Andrew Cuomo permitiera a los restaurantes reanudar las comidas en el interior para el día de San Valentín.

Pero el suministro limitado de dosis de vacunas disponibles sigue siendo un problema, lo que dificulta que los que ahora son elegibles consigan una cita. El alcalde Bill de Blasio anunció que se reservarán plazas específicamente para los trabajadores de los servicios de alimentación y los taxistas en el nuevo centro de vacunación de la ciudad en el Citi Field, en un esfuerzo por garantizar que “la gente de la que dependemos” tenga acceso a las vacunas. “La gente que realmente ha cuidado de nosotros y ha estado ahí durante toda esta crisis”, dijo de Blasio.

Además de la escasez de suministros, los defensores de inmigrantes dicen que hay otras barreras que pueden impedir que los trabajadores esenciales elegibles se vacunen —incluyendo los propios requisitos de prueba de elegibilidad de Nueva York—. Bajo las guías del plan de vacunación del estado, aquellos que son elegibles para la vacunación debido a su trabajo deben presentar documentación de su trabajo, como una tarjeta de identificación, una carta de su empleador o un recibo de pago.

Sin embargo, obtener estos documentos podría ser un reto para los trabajadores de las industrias con salarios bajos, los trabajadores inmigrantes y los que no tienen autorización de trabajo, dicen los defensores de inmigrantes. Aunque a otras categorías de neoyorquinos también se les pide que aporten pruebas de su derecho a la vacuna —los mayores de 65 años, por ejemplo, deben presentar algo que demuestre su edad y su residencia en Nueva York—, ese tipo de documentación suele ser más fácil de conseguir, mientras que los criterios de prueba de trabajo pueden ser más difíciles.

“La parte del empleo es muy preocupante”, dice Becca Telzak, directora de programas de salud de Make the Road New York. “Los inmigrantes indocumentados en general lo tendrán muy difícil”.

Los inmigrantes neoyorquinos constituyen el 31 por ciento de los trabajadores con empleos considerados “esenciales” por el estado, según un análisis del Center for Migration Studies of New York (Centro de Estudios sobre Migración de Nueva York). Entre ellos se encuentran los que trabajan en muchas de las categorías que ahora se pueden vacunar. Por ejemplo, los inmigrantes indocumentados representan el 11 por ciento de los trabajadores de salud y los asistentes de ancianos del estado, e incluyen 74.700 empleados en la industria de restaurantes, 72.500 en trabajos de construcción y más de 7.000 trabajadores de cuidado infantil, encontró el mismo informe.

“Estamos hablando de las personas que han mantenido el estado abierto durante los últimos 10 meses”, dice Max Hadler, director de política sanitaria de New York Immigration Coalition (Coalición de Inmigración de Nueva York), que calificó los requisitos de prueba de trabajo como “una barrera innecesaria e insuperable”.

Algunos trabajadores indocumentados, dice él y otros defensores, pueden no sentirse cómodos acercándose a sus empleadores para obtener una carta de trabajo, mientras que algunos empleadores —en particular los que pagan a los trabajadores en efectivo— también podrían ser reacios a proporcionar dicha documentación.

“Algunos [trabajadores] no tienen autorización para trabajar. Algunos de ellos pueda que no tengan una relación positiva con su empleador”, dice Hadler. “Obligarles a poder aportar estas pruebas para acceder a una vacuna que salva vidas y que se supone que tiene prioridad para ellos, porque están ayudando a mantener el estado [de Nueva York] abierto, es inaceptable”.

El debate sobre quién debe tener acceso anticipado a la vacuna ha dominado la discusión pública desde que Nueva York comenzó a distribuir las dosis a mediados de diciembre, y los temores sobre las personas que no reúnen los requisitos para acceder al sistema y colarse en la fila se han intensificado en las últimas semanas, especialmente porque el suministro sigue siendo limitado.

Por ejemplo, una instructora de SoulCycle se enfrentó recientemente a las reacciones del público por vacunarse bajo la condición de “educadora“, lo que provocó el enfado por el rigor de los centros de vacunación a la hora de comprobar que las personas cumplen los criterios de elegibilidad.

Pero los defensores temen justamente lo contrario, que tales criterios desalienten a quienes realmente cumplen los requisitos y realizan un trabajo de primera línea para recibir su dosis.

“Son las personas que realmente merecen recibir las vacunas”, dice Telzak. “Cualquier barrera adicional que se cree lo hará más difícil”.

Los desgloses demográficos de quiénes se están vacunando ya revelan disparidades entre ciertos grupos, lo que refuerza la preocupación de que el despliegue de la vacuna no ha hecho lo suficiente para llegar a las comunidades de color. Los primeros datos demográficos publicados por la alcaldía muestran que los neoyorquinos blancos representaban el 46 por ciento de los residentes de la ciudad que recibieron al menos una dosis de la vacuna, mientras que los latinos y los asiáticos representaban el 16 por ciento cada uno y los afroamericanos el 12 por ciento. Más de una cuarta parte del total de las dosis administradas aquí se dieron a personas que viven fuera de la ciudad de Nueva York (el 58 por ciento de las cuales eran blancas, según los datos).

“No nos sorprende que sean las comunidades blancas, mayoritariamente privilegiadas, las que se vacunen por delante de los trabajadores esenciales que siguen manteniendo nuestra ciudad”, dice Ligia Guallpa, directora ejecutiva del Workers Justice Project (Proyecto de Justicia para los Trabajadores), que defiende la mejora de las condiciones laborales de los inmigrantes empleados en sectores con salarios bajos, como los repartidores de comida, los trabajadores domésticos y los jornaleros. “Las comunidades privilegiadas han podido beneficiarse: trabajan en empleos en los que les resulta más fácil cumplir todos estos requisitos”.

Cuando se le preguntó si el estado de Nueva York ofrece algún tipo de alojamiento a los trabajadores indocumentados que son elegibles para la vacunación, pero no pueden obtener documentos de prueba de trabajo, el Departamento de Salud del estado refirió a City Limits a la lista de documentos aceptados que sirven como prueba que figuran en el sitio web del estado. En un comunicado, una portavoz de la agencia señaló los esfuerzos que Nueva York ha emprendido para aumentar el acceso de los residentes inmigrantes, incluyendo el lanzamiento por parte del gobernador Andrew Cuomo de un Grupo de Trabajo de Equidad de Vacunas en diciembre, y la oferta de información a través de la herramienta de elegibilidad de vacunas en línea del estado y la línea telefónica en varios idiomas.

“El gobernador Cuomo ha dicho repetidamente que la vacunación solo funcionará si llegamos a una masa crítica de la población, incluidos los inmigrantes indocumentados y las personas con bajos ingresos, y presionó con éxito al gobierno federal para eliminar las disposiciones de su programa de vacunación que habrían afectado negativamente a estas poblaciones”, dijo la portavoz del Departamento de Salud Jill Montag. “Todas las personas que actualmente reúnen los requisitos, independientemente del nivel de ingresos o del estatus migratorio, deben hacer una cita para recibir la vacuna COVID-19″.

Guallpa, por su parte, dice que la ciudad y el estado deberían colaborar directamente con organizaciones comunitarias como el Proyecto de Justicia para los Trabajadores para crear un sistema de “remisión”, en el que los grupos de base que ya han estado trabajando con las comunidades de inmigrantes puedan ayudar a responder por aquellos que son elegibles pero no pueden obtener una prueba formal de su trabajo. Estos grupos comunitarios pueden ayudar a verificar los puestos de los trabajadores y proporcionar esa documentación en lugar de sus empleadores, dice Guallpa.

“Tenemos unos 5.000 miembros”, dice Guallpa. “Sabemos quiénes murieron, sabemos quiénes enfermaron, sabemos quiénes han hecho y siguen haciendo el trabajo esencial”.