Los legisladores dicen que la pandemia y el desempleo resultante hacen que este sea un momento en el que los propietarios de viviendas de la ciudad pueden ser particularmente vulnerables a las estafas.

Este artículo apareció originalmente en inglés.
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Traducido por Daniel Parra.

Miembros del concejo de la ciudad introdujeron legislación para combatir el robo de escrituras durante una audiencia del comité conjunto el martes por la tarde. Estas medidas crearían un informe anual al sheriff detallando los datos relacionados con el robo de escrituras y otro que tiene como objetivo facilitar a los neoyorquinos la búsqueda de ayuda o la denuncia de un incidente de fraude.

Además, el concejal de Brooklyn y presidente del comité de vivienda y edificios Robert Cornegy presentó tres resoluciones en las que se pedía al gobierno estatal que aplicara un conjunto de medidas preventivas para los propietarios de viviendas vulnerables. La primera, Intro 1427-2020, pide al estado que reforme las leyes notariales para prevenir mejor el fraude en la vivienda. Otra resolución, Intro 1429-2020, pide al estado que establezca normas más estrictas para las empresas con nombres demasiado similares o que imitan a los organismos estatales o municipales, o a los gobiernos. 

La tercera resolución de Cornegy pide que el gobernador Andrew Cuomo declare una zona de cese y desistimiento en el condado de Kings, Brooklyn, con el fin de hacer frente a la agresiva solicitud de bienes raíces en una zona designada, permitiendo a los propietarios unirse a una lista de propietarios que las compañías de bienes raíces no están autorizadas a solicitar para vender. Una comunidad o vecindario puede solicitar una zona de cese y desistimiento, y el Departamento de Estado de Nueva York celebra audiencias para ver si la regulación es necesaria.

“Con la pandemia del COVID-19 y el consiguiente desempleo masivo, muchos más propietarios de viviendas terminarán siendo vulnerables al robo y al fraude en las escrituras”, dijo Cornegy durante la audiencia.

Los legisladores además introdujeron otros dos instrumentos legislativos para abordar la cuestión: el primero, el Int 1913-2020 de la concejala Adrienne Adams, exigiría al sheriff de la ciudad que informara cada año sobre las denuncias e investigaciones de fraude, desglosadas por municipio y distrito del concejo. El segundo, el Int 1919-2020 presentado por el concejal y presidente del comité de finanzas Daniel Dromm, requeriría que el Departamento de Finanzas (DOF por sus siglas en inglés) proporcionara información sobre cómo los propietarios de viviendas que temen haber sido víctimas de robo o fraude pueden presentar una denuncia o reportarlo y a quién podrían contactar para obtener ayuda. 

Actualmente, los propietarios pueden inscribirse a las alertas del DOF, que les notificará cada vez que haya un cambio en el sistema con su propiedad registrada, como si alguien presenta un embargo por una deuda impagada. 

El sheriff de la ciudad, Joseph Fucito, dijo que en los últimos seis años sus investigaciones han resultado en el arresto de 49 sospechosos vinculados a documentos de propiedad fraudulentos, con un valor total de esas propiedades que supera los 48 millones de dólares.  

Pero este año ha traído un conjunto de desafíos especiales para las investigaciones de fraude en la vivienda. Debido a la pandemia, los tribunales y los jurados se han detenido, así como también las entrevistas con los testigos, retardando el proceso.

“En el panorama actual, el fraude en las escrituras es un delito que hay que investigar y cuantos más obstáculos afrontemos, más tiempo tardaremos en completar con éxito una investigación”, dijo Fucito.  

Dijo que las leyes de reforma de la libertad bajo fianza de este año también han tenido un impacto, ya que ahora “requiere mucha más documentación probatoria para estar lista antes del juicio”. Esto no es imposible, pero extiende el plazo considerablemente”. 

Las víctimas del fraude inmobiliario residencial en Nueva York han sido en gran medida “los ancianos, los desfavorecidos económicamente, los enfermos médicos”, según un informe del gran jurado de la corte suprema del estado de 2018, en el que se esbozaban recomendaciones  para ser adoptadas como medidas preventivas por la ciudad y el estado.

A principios de este año, la oficina de la fiscal general Leticia James lanzó la iniciativa “Protejamos nuestros hogares” (Protect Our Homes) para organizar sesiones informativas con los propietarios de viviendas en Brooklyn, donde se han recogido más del 40 por ciento de las quejas, según Cornegy.