Castro y Espaillat

U.S. House of Representatives

Los senadores Joaquin Castro y Adriano Espaillat, quieren que se incluyan a las personas indocumentadas en el cuarto paquete de ayudas del gobierno federal.

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Mientras muchos ciudadanos norteamericanos esperan con ansia el cheque de ayuda del gobierno federal, los trabajadores indocumentados, inelegibles para estas ayudas —incluso cuando sus hijos nacieron en los Estados Unidos—, son uno los grupos más afectados por la crisis desatada por la pandemia del coronavirus en Nueva York.

Por ejemplo la hija de Edith que nació en los Estados Unidos no califica para las ayudas. Edith, quien prefirió omitir su apellido, llegó a los Estados Unidos hace 16 años y desde 2016 se unió a la cooperativa Ecomundo que en la actualidad cuenta con 19 miembros, la mayoría de ellas madres solteras.

“Nosotros ahora mismo tenemos para comer, pero no para pagar la renta,” dice Edith.

Durante una rueda de prensa virtual el 4 de abril, el senador Joaquin Castro resaltó que “incluso ahora, mientras muchos de nosotros estamos en casa, el 85 por ciento de los latinos en los Estados Unidos no tienen trabajos que les permitan quedarse en casa”.

Tanto Edith como su esposo no están trabajando ahora. Su esposo quien trabaja en un deli fue removido de su trabajo la segunda semana de marzo. Luego, a mediados de mes, la cooperativa para la cual Edith trabaja decidió parar operaciones por la seguridad de sus miembros y sus clientes.

Blanca, otra de los miembros de la cooperativa quien también prefirió omitir su apellido, describió estar pasando por una situación similar: “tenemos para comer, pero no para pagar la renta, los bills, el teléfono. Estamos viviendo de los ahorros”.

En 2018, un estimado de la ciudad decía que aproximadamente 560.000 personas indocumentadas vivían en Nueva York y aproximadamente 1 millón de hogares tenían un estatus mixto, como los hogares de Blanca y Edith, donde un miembro de la familia es indocumentado.

Desde que la cooperativa cerró sus servicios el 17 de marzo, los 19 miembros que la conforman han estado buscando estrategias para mantenerse a flote durante la crisis. Esta semana van a discutir si aplican o no a alguno de las dos opciones de préstamos ofrecidos por bancos. Una de las opciones de préstamo es $10.000 dólares para cubrir los pagos de la nómina, y una segunda opción es para más de $10.000 dólares con una tasa de interés de 3.75 por ciento.

Sin embargo en medio de esta situación, la pregunta que ambas se hacen es “si nos endeudamos, entonces ¿cómo vamos a pagar después la deuda y sobrevivir al mismo tiempo?”.

La otra opción que están contemplando es iniciar una campaña en GoFundMe.

“Por ejemplo”, dice Frankie Miranda, presidente y CEO de la Federación Hispana, “en el caso de pequeños negocios que no tienen una nómina porque sus trabajadores son indocumentados el payroll protection program no aplicaría”.

Como comenta Miranda por teléfono, una de las estrategias de la National Hispanic Leadership Agenda y de sus organizaciones hermanas consiste en exigir que se incluyan a las personas indocumentadas en el cuarto paquete de ayudas del gobierno federal. Esta estrategia se ha centrado en la inclusión de la población dentro del próximo paquete de ayudas federales.

En la rueda de prensa de la semana pasada los senadores Joaquin Castro y Adriano Espaillat acogieron esta idea y dijeron que la impulsarían en el congreso. Castro además sugirió otras modificaciones como otorgar beneficios a quienes pagan impuestos y tienen un número de identificación personal del contribuyente (ITIN, por sus siglas en inglés), y no solamente a quienes tienen un número de seguridad social, SSN por sus siglas en inglés.

De acuerdo con Laura Esquivel, vicepresidenta de la Federación Hispana, “los inmigrantes indocumentados pagan más de 14 mil millones de dólares en impuestos. Pagan más en impuestos que Facebook o Amazon, o incluso muchos de los grandes bancos”.

En una carta enviada a congresistas, la federación hispana además está pidiendo crear un proceso para aquellos que no están obligados a declarar impuestos pero que por lo demás son elegibles para recibir fondos de lo que se ha empezado a llamar como la “versión 2.0 del CARES Act”.

Otra de las propuestas que compartió Castro fue un pago por riesgo o un estipendio del gobierno o del empleador o la empresa que contrata a trabajadores indocumentados.

Sobre este tipo de iniciativas Juliana Macedo do Nascimento, gerente de políticas estatales y locales en United We Dream, comentó que en ciudades como San Francisco se está pensando en la idea de otorgar $500 dólares a familias con niños menores de 18 años, que no cumplen los requisitos para recibir asistencia estatal y federal como los trabajadores indocumentados.

Minneapolis también anunció la creación de un paquete de financiación de más de 5 millones de dólares que proporcionarán viviendas de emergencia, asistencia para pequeños negocios incluyendo explícitamente a los inmigrantes indocumentados.

Otra de las ciudades que Macedo do Nascimento mencionó fue Chicago, en donde se aprobó en abril 8 que los inmigrantes indocumentados y los refugiados pudieran acceder a una variedad de beneficios de la ciudad, incluyendo dinero del programa de préstamos para la resiliencia de pequeños negocios de la ciudad.

“Nuestra estrategia en este momento está enfocada en trabajar al nivel estatal y local”, dice Macedo do Nascimento.

Hasta el momento el estado de Nueva York ha incluido las pruebas de laboratorio y el test del COVID-19 como parte de los servicios de emergencia del Medicaid del estado para los inmigrantes indocumentados elegibles.

“Nueva York tiene un buen chance, porque Nueva York es progresista y liberal”, dijo Macedo do Nascimento por teléfono. Sin embargo hasta ahora el alcalde no se ha pronunciado al respecto y como lo confirma la respuesta de la oficina de asuntos de inmigrantes de la alcaldía no hay planes para seguir el ejemplo de otras ciudades.

Esta oficina dijo que la ciudad “está abogando a nivel estatal y federal en nombre de nuestros residentes inmigrantes”, y está buscando “formas de abordar los servicios/programas adicionales que se necesitan durante este tiempo de crisis, incluyendo la necesidad de asegurar que la información sobre los programas y servicios disponibles llegue a las comunidades de inmigrantes”.

Además la información de la oficina de asuntos de inmigrantes de la alcaldía está trabajando en la traducción de los recursos disponibles para las comunidades de inmigrantes, algunos de ellos para personas indocumentadas (como ayuda alimentaria, acceso a atención médica), y también estará actualizando “esta página a medida que haya cambios en la orientación y los recursos disponibles”.

Para asegurar la protección de la información personal de las personas indocumentadas, la oficina dijo “para todos nuestros servicios existen fuertes protecciones de privacidad que se describen en la ley local. Estas protecciones regulan cuándo y cómo se puede recopilar y divulgar información personal. Además, la ley local generalmente prohíbe que las agencias de la ciudad utilicen los recursos de la ciudad para ayudar a facilitar la aplicación de la ley de inmigración”.

En cuanto a ayudas a pequeñas empresas la oficina asuntos de inmigrantes del alcalde aclara en su sitio web que “si bien se pueden aplicar algunas restricciones de inmigración, las empresas que son parcialmente propiedad de no ciudadanos pueden seguir teniendo derecho a estos préstamos”.

Es justamente este tipo de imprecisiones las que tienen a Blanca y Edith confundidas y en cierta medida decepcionadas. “Nosotros reportamos nuestros taxes y contribuimos a la economía del país, pero si comparas nuestra situación con la de otras personas que tienen mucho menos que nosotros” dice Blanca llena esa humildad que conocen los que han pasado por múltiples crisis, “nosotros estamos mal pero tenemos qué comer”.

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