Daniel Parra, de City Limits, y Jesús García, de El Diario, discuten la política de la ciudad, el estado y la nación.
El Programa para menores no acompañados de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR por sus siglas en inglés) ha brindado atención y encontrado patrocinadores a más de 700.000 niños no acompañados, según cifras del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS por sus siglas en inglés).
Según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS por sus siglas en inglés), actualmente hay unos 544.690 beneficiarios activos de DACA en el país.
Los estados que concentran el mayor número de latinas con título universitario son Vermont (54 por ciento), la capital del país Washington, D.C —conocida formalmente como el Distrito de Columbia— (53 por ciento) y Maine (41 por ciento). Los estados con más bajos porcentajes fueron Nevada (12 por ciento), Arkansas (12 por ciento) y Dakota del Norte (11 por ciento).
En enero de 2023, la administración Biden anunció un nuevo programa de “parole”, conocido oficialmente como Procesos para Cubanos, Haitianos, Nicaragüenses y Venezolanos (CHNV), que permitía a hasta 30.000 personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela emigrar legalmente a EE.UU. cada mes, siempre que tuvieran un patrocinador financiero en el país.
Desde el 2021, han estado entrando más menores no acompañados a los Estados Unidos, pero más están escapando de los hogares a los que fueron asignados. Solo en 2022, la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (Office of Refugee Resettlement u ORR por sus siglas en inglés) atendió 2.724 reportes de menores desaparecidos de los hogares de sus patrocinadores.
Unos 17.5 millones de latinos, un 6.5 por ciento más que en 2020, se espera que voten en las elecciones de 2024, según estimaciones del Fondo Educativo de la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos y Designados (NALEO por sus siglas en inglés).
El representante demócrata de California Robert García, junto con algunos miembros del Caucus Hispano enviaron una carta pidiendo que las traducciones de documentos migratorios sean realizadas internamente por la oficina del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS por sus siglas en inglés).
En marzo de 1929, el Senador de Carolina del Sur Coleman Livingston Blease redactó una ley de inmigración que tipificaba como delito menor entrar al país y esto sirvió de base para que en 1952, el Congreso aprobara la ley Immigration and Nationality Act (de Inmigración y Nacionalidad). Estos dos delitos se convirtieron en los delitos federales más perseguidos en los últimos años, asegura el American Immigration Council.
Después de meses de negociación bipartidista, la semana pasada un grupo de senadores publicó un proyecto de ley de seguridad nacional de $118.000 millones de dólares que incluia financiación para Ucrania, Israel y seguridad fronteriza para lidiar con la inmigración, pero en menos de una semana el proyecto de ley se hundió.
La semana pasada el Comité de Seguridad Nacional —controlado por republicanos— de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, votó a favor (18 a 15) de recomendar el avance del juicio político al secretario de seguridad nacional de los Estados Unidos, Alejandro Mayorkas.
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