Una sección de Una Ciudad sin Límites
El Hotel Vouchering Program (programa de vouchers para hoteles) ha proporcionado estancias de 28 días en hoteles a 7.875 familias migrantes con niños desde julio de 2023, según la alcaldía. El programa finalizará este mes, mientras la ciudad reduce refugios por la reducción del número de inmigrantes.
Akima, el conglomerado que gestiona el centro de detención de Guantánamo, tiene más de 40 empresas filiales y más de 2.000 contratos con docenas de agencias federales, que van desde el mantenimiento informático hasta la seguridad armada.
Esta disminución se produce cuando la demanda por estos programas, que incluyen la alfabetización para adultos y clases de inglés, ha aumentado considerablemente en los últimos años.
Un grupo de periodistas de Politico comparó las órdenes ejecutivas de Trump con el documento conocido como el Project 2025, y encontraron claras coincidencias, incluso varios casos en los que el lenguaje usado era idéntico.
“Tener una licencia nos ha cambiado”, afirma Luis Jiménez, presidente de la organización de base Alianza Agrícola. “A mí, en lo personal, me ha permitido llevar a mis hijos a la escuela, y a sus citas médicas, sin el temor de que la policía me pare, y me pida la licencia”.
“Decimos que es una cuestión de derechos civiles, porque al sembrar la duda y la confusión, las campañas de desinformación acaban minando la capacidad de la comunidad latina para defenderse y participar en el proceso de toma de decisiones”.
El pasado 22 de enero, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés) demandó a la administración Trump por el programa que permite a los funcionarios de inmigración llevar a cabo deportaciones expeditas (Expedited Removal en inglés).
La primera ley firmada por el presidente Donald Trump en su segundo mandato amplía el tipo de delitos por los algunos inmigrantes pueden ser arrestados y detenidos sin opción a libertad bajo fianza —incluso si no han sido condenados.
Una coalición de defensores de los inmigrantes demandó a la administración de Donald Trump ante un tribunal federal en Washington, argumentando que la orden ejecutiva para cerrar la frontera sur de Estados Unidos a los solicitantes de asilo era ilegal.
La demanda se centra en los nuevos criterios para acceder a los refugios “Safe Haven” (seguros), alegando que dificultan el acceso a esas camas a las personas sin hogar que viven en la calle y discriminan a los inmigrantes recién llegados.
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