Una sección de Una Ciudad sin Límites
La ley federal protege los derechos a la educación de los niños y jóvenes menores de 21 años sin hogar y establece que los jóvenes adultos deben ser matriculados inmediatamente en la escuela, pero la ciudad no está cumpliendo este requisito, dicen los defensores.
En enero de 2023, la administración Biden anunció un nuevo programa de “parole”, conocido oficialmente como Procesos para Cubanos, Haitianos, Nicaragüenses y Venezolanos (CHNV), que permitía a hasta 30.000 personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela emigrar legalmente a EE.UU. cada mes, siempre que tuvieran un patrocinador financiero en el país.
Desde el 2021, han estado entrando más menores no acompañados a los Estados Unidos, pero más están escapando de los hogares a los que fueron asignados. Solo en 2022, la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (Office of Refugee Resettlement u ORR por sus siglas en inglés) atendió 2.724 reportes de menores desaparecidos de los hogares de sus patrocinadores.
Hasta finales de enero, la ciudad había comprado 20.500 billetes de avión o autobús para reubicar a los inmigrantes fuera de la ciudad, por un total de $7.6 millones de dólares, según informaron las autoridades el martes. Esto es tres veces el presupuesto anual de las dos oficinas principales que gestionan los servicios para las comunidades de inmigrantes de la ciudad.
Unos 17.5 millones de latinos, un 6.5 por ciento más que en 2020, se espera que voten en las elecciones de 2024, según estimaciones del Fondo Educativo de la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos y Designados (NALEO por sus siglas en inglés).
El representante demócrata de California Robert García, junto con algunos miembros del Caucus Hispano enviaron una carta pidiendo que las traducciones de documentos migratorios sean realizadas internamente por la oficina del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS por sus siglas en inglés).
En marzo de 1929, el Senador de Carolina del Sur Coleman Livingston Blease redactó una ley de inmigración que tipificaba como delito menor entrar al país y esto sirvió de base para que en 1952, el Congreso aprobara la ley Immigration and Nationality Act (de Inmigración y Nacionalidad). Estos dos delitos se convirtieron en los delitos federales más perseguidos en los últimos años, asegura el American Immigration Council.
En 2022, la gobernadora Kathy Hochul cedió en las negociaciones y dio luz verde a la ampliación de Medicaid para dar cobertura a los inmigrantes indocumentados mayores de 65 años. El Departamento de Salud del estado puso en marcha el programa el mes pasado después de un retraso de un año.
Después de meses de negociación bipartidista, la semana pasada un grupo de senadores publicó un proyecto de ley de seguridad nacional de $118.000 millones de dólares que incluia financiación para Ucrania, Israel y seguridad fronteriza para lidiar con la inmigración, pero en menos de una semana el proyecto de ley se hundió.
Los primeros desalojos de familias inmigrantes con niños bajo la política de estadía de 60 días de la alcaldía comenzó el 9 de enero. Desde entonces, unas 1.600 familias se han visto obligadas a abandonar sus refugios tras expirar su plazo, mientras que otras 7.200 han recibido avisos de 60 días que expirarán en las próximas semanas.
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