A los inmigrantes les resulta difícil encontrar vivienda en una ciudad conocida por sus elevadísimos alquileres. De las seis personas con las que City Limits habló sobre sus recientes búsquedas, solo una ha podido encontrar y alquilar una habitación; otra le paga a una compañera de trabajo para dormir en un sofá, y el resto se aloja en espacios atiborrados con amigos o conocidos.

Este artículo se publicó originalmente en inglés el 2 de octubre. Traducido por Daniel Parra.
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A finales del mes pasado el alcalde Eric Adams anunció que la ciudad acortaba el plazo para los inmigrantes adultos en centros de acogida, pasando de un límite de 60 días anunciado en julio a uno de 30 días, después de los cuales los inmigrantes deben encontrar un lugar de alojamiento distinto, o tendrán que volver a solicitar su ingreso en el sistema de refugio, que, según las autoridades, está al límite de su capacidad.

Pero conseguir una vivienda en una ciudad conocida por sus altísimos alquileres resulta difícil para los inmigrantes recién llegados, muchos de los cuales carecen de permiso de trabajo y del tipo de documentos necesarios para alquilar un apartamento. De las seis personas con las que City Limits habló sobre su búsqueda reciente, sólo una pudo encontrar y alquilar una habitación; otra está pagando a una compañera de trabajo para dormir en un sofá,  y el resto se aloja en espacios atiborrados con amigos o conocidos.

Por ejemplo, María, Rebecca y Lorena —quienes pidieron a City Limits que las identificara sólo por su nombre de pila— estaban alojadas en un refugio de emergencia en un hotel de Manhattan cuando recibieron por primera vez la carta que les daba estadía por 60 días, con un plazo que vencía a mediados de octubre. Más tarde se les comunicó que tendrían que mudarse del Holiday Inn a un albergue en carpas en Randall’s Island, ya que la ciudad buscaba liberar habitaciones de hotel para familias con niños.

Después de rechazar el traslado al nuevo centro de acogida, donde pensaban que perderían su intimidad y tendrían dificultades para desplazarse a sus trabajos, las tres amigas empezaron a buscar otras opciones.

“No nos dijeron dónde ni cómo buscar [alquileres], o lo que necesitábamos; lo único que se escuchaba eran rumores de pasillo”, cuenta Lorena, de 31 años. Tras preguntar a todos sus conocidos, una compatriota de María las recibió en su apartamento de dos dormitorios en Queens, donde ya vivían otras dos personas.

Durante meses, el gobierno de Adams ha afirmado que el sistema de refugios ya no puede acoger a nuevos solicitantes de asilo, luego de que más de 113.000 llegaran a Nueva York desde la primavera del año pasado, y unos 60.000 permanecieran bajo el cuidado de la ciudad. Hasta el momento, la ciudad ha emitido avisos de 60 días a 13.500 inmigrantes, y aproximadamente 690 han recibido un aviso de 30 días, dijeron los funcionarios en una rueda de prensa la semana pasada.

Después de que el alcalde criticase la falta de una “estrategia de descompresión” por parte del gobierno federal y la ausencia de fondos federales sustanciales, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) envió en agosto un equipo de evaluación para examinar cómo estaba gestionando la ciudad su respuesta a los migrantes. Aunque la evaluación resultante no se ha hecho pública, el DHS y el gobierno de Biden criticaron duramente a la ciudad de Nueva York por no tener “ninguna estrategia de salida” para los inmigrantes alojados en refugios.

La alcaldía no respondió a las preguntas sobre cómo están gestionando los planes de reasentamiento. Los funcionarios de la alcaldía se habían comprometido anteriormente a “intensificar la tramitación de casos ” de los solicitantes de asilo a los que se les notificase del nuevo plazo de estadía, y la semana pasada anunciaron una estrategia de tres niveles, codificada por colores, para indicar cuánta ayuda necesita un solicitante de asilo para salir del albergue, etiquetando el caso de cada persona con los colores rojo, amarillo o verde.

MedRite, una empresa de atención de urgencias que gestiona el centro de acogida Holiday Inn —donde se alojaban la mayoría de los entrevistados para este reportaje— no respondió a las preguntas sobre la ayuda que proporciona en relación con el reasentamiento.

DocGo, otra empresa contratada para prestar servicios a los solicitantes de asilo, dijo a City Limits que ofrece ayuda de dos formas principales: “A través de la reconexión con la familia o amigos y la ayuda del encargado del caso para completar los pasos y la construcción de habilidades y conexiones para la autosuficiencia”, escribió el portavoz Michael Padovano en un correo electrónico. Los encargados de los casos ayudan a encontrar conexiones con programas de alojamiento alternativos o acompañan a los clientes en los pasos necesarios para firmar un contrato de alquiler, explica la empresa. 

Sin embargo, los inmigrantes que hablaron con City Limits afirmaron que las únicas opciones que se les dieron fueron trasladarse al albergue bajo carpas en Randall’s Island o recibir un boleto de viaje a destinos fuera de la ciudad. 

Después de que le dijeran que la trasladaban del refugio del Holiday Inn, Luci —quien pidió que no se utilizara su nombre completo por miedo a perder su trabajo en una fábrica de plásticos del Bronx— dijo que consideró la posibilidad de mudarse a Carolina del Norte, donde un conocido le ofreció trabajo. Preguntó al personal del albergue y le dijeron que la ayudarían con un billete de autobús de forma inmediata.

Pero después de hacer cuentas, determinó que ganaría más dinero en su trabajo actual que limpiando hoteles en el sur, así que se quedó en la ciudad.

Tras salir del centro de acogida, Luci, de 57 años, alquiló el sofá de una compañera de trabajo por $150 dólares a la semana. “No sabía que [la compañera de trabajo] tenía cámaras por todas partes en su apartamento, así que no me siento cómoda”, dijo Luci en español. “No tengo intimidad”.

Andrés, quien también se alojaba en el Holiday Inn del Lower Manhattan, también rechazó el traslado a Randall’s Island. Abandonó el sistema de refugios el 7 de septiembre, pensando que podría encontrar una habitación que se ajustara a su presupuesto en Jackson Heights, Queens. Caminó y llamó a todos los anuncios de alquiler que encontró.

“Encontré un anuncio, al azar, y llamé”, cuenta Andrés. De los varios sitios en los que probó, éste fue el único que pedía un mes y $600 dólares de depósito para alquilar una de las cuatro camas en la habitación. El alquiler incluía el uso del baño del apartamento, pero no la cocina.

Ni Andrés ni Luci recibieron un contrato de arrendamiento u otros documentos firmados como parte de sus contratos de alquiler, lo que pone en evidencia la vulnerabilidad a la que pueden enfrentarse los inmigrantes en el competitivo mercado de la vivienda de la ciudad. 

En 2022, Citizens’ Committee for Children* (CCC por sus siglas en inglés) analizó los datos sobre vivienda y descubrió que los inmigrantes, especialmente aquellos que son indocumentados, son más propensos a sufrir la sobrecarga financiera del alquiler. Los hogares de inmigrantes, especialmente los latinos, también tienen más probabilidades de vivir en hacinamiento en sus hogares.

“Hemos oído hablar de una persona sin contrato de alquiler, que vive en un apartamento con un muro improvisado”, dijo Adama Bah, quien ha estado ayudando a quienes llegan de la frontera de Texas.

La falta de historial crediticio, puntuación de crédito y un número de la seguridad social —requisitos exigidos por la mayoría de los propietarios para solicitar un apartamento— han complicado aún más la tarea de buscar vivienda para los inmigrantes. Muchos han encontrado trabajo en la economía clandestina y es posible que no tengan un contrato de trabajo formal que lo demuestre.

“Muchos de nosotros no hemos podido alquilar por falta de documentos”, afirma Carlos, un inmigrante venezolano de 26 años que también se había alojado en el Holiday Inn.

A él y a otros venezolanos les ayudará la reciente decisión del Presidente Biden de conceder a este país el “estatus de protección temporal” (TPS por sus siglas en inglés), que abre la puerta a vivir y trabajar legalmente en EE.UU. El gobierno de Adams ha instado a la Casa Blanca a agilizar aún más la autorización de trabajo para otros solicitantes de asilo, que según la ley federal se enfrentan a un periodo de espera de 150 días antes de poder buscar empleo legalmente.

El otro gran obstáculo es ahorrar suficiente dinero para el depósito, el alquiler de un mes y los honorarios del agente inmobiliario que suelen exigirse en los alquileres de Nueva York. Carlos y su pareja viven en casa de una conocida que les abrió las puertas temporalmente, pero ella les pregunta constantemente cuándo se van a mudar.

“Necesitaríamos al menos $2.000 dólares para poder mudarnos a una habitación”, calcula Carlos, quien dice que espera tener suficiente dinero dentro de unas semanas.

Para ponerse en contacto con el autor de este artículo, escriba a Daniel@citylimits.org. Para contactar a la editora, envíe un correo electrónico a Jeanmarie@citylimits.org.

*Nota del editor: CCC es un financiador de City Limits.