“Tener una licencia nos ha cambiado”, afirma Luis Jiménez, presidente de la organización de base Alianza Agrícola. “A mí, en lo personal, me ha permitido llevar a mis hijos a la escuela, y a sus citas médicas, sin el temor de que la policía me pare, y me pida la licencia”.

Este artículo se publicó originalmente en inglés el 18 de febrero. Traducido por Daniel Parra. Read the English version here.

En 2019, Nueva York aprobó la comúnmente llamada “Green Light Law” (Ley de Luz Verde) u oficialmente la Ley de Privacidad y Licencia de Conducir.

Permite a todos los neoyorquinos mayores de 16 años solicitar licencia de conducción estándar, no comercial y sin fines federales, independientemente de la situación migratoria, lo que permite a los residentes indocumentados trabajar y conducir con seguridad sin temor a ser criminalizados, afirman los defensores.

“Antes de la ley, había aislamiento”, explica Luis Jiménez, presidente de la organización de base Alianza Agrícola, dirigida por trabajadores agrícolas.

“Como inmigrantes sin un estatus legal, las licencias no nos solucionan la vida, pero nos dan libertad de movimiento y las familias lo agradecen”, dijo Jiménez, quien, como miles de otros, obtuvo una licencia bajo la ley. “Pero con esta demanda muchos de nosotros estamos en peligro”.

La semana pasada, la nueva fiscal general de los Estados Unidos, Pam Bondi, anunció una demanda civil contra la Ley Luz Verde de Nueva York, alegando que limita el acceso de los funcionarios federales de inmigración a los datos del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV por sus siglas en inglés) del estado.

La ley incluye protecciones de privacidad que limitan el intercambio de datos, y “obliga a informar a los titulares de las licencias cuando las autoridades de inmigración soliciten datos al DMV”, dice el sitio web del DMV de Nueva York.

“Es avisar a un extranjero ilegal, y es inconstitucional, y por eso presentamos esta demanda”, dijo Bondi durante el anuncio.

Pero los defensores de inmigrantes dicen que hay algo más, ya que la ley estatal no impide a las autoridades federales de inmigración acceder a los datos del DMV “siempre que se emita una legítima orden judicial, mandato judicial o citación”.

Alaina Evelyn Varvaloucas, directora ejecutiva del Worker Justice Center de New York, dijo que ésta es la misma norma que deben seguir las autoridades de inmigración en todas partes.

“No pueden entrar en casa de nadie sin permiso o sin una orden judicial. Así que en realidad no es muy diferente de los derechos que la gente tiene en cualquier otro contexto”, dijo Varvaloucas. 

La oficina de la fiscal general del estado, Letitia James —una de las partes demandadas, que incluye a la gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, y el comisionado del Departamento de Vehículos Motorizados, Mark Schroeder— dijo que la Ley Luz Verde no ha cambiado a pesar de la demanda, y que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) no puede acceder actualmente a los datos con la demanda. Un portavoz del DMV de Nueva York dijo que no comentan en casos activos.

“Nuestras leyes estatales, incluida la Ley Luz Verde, protegen los derechos de todos los neoyorquinos y mantienen la seguridad de nuestras comunidades. Estoy dispuesta a defender nuestras leyes, como siempre he hecho”, afirmó James en un comunicado la semana pasada.

Esta no es la primera vez que la Ley Luz Verde se enfrenta a demandas. Inmediatamente después de su aprobación en 2019, fue impugnada por los condados de Erie y Rensselaer, y la oficina de la fiscal ganó ambos casos. 

La primera administración Trump también la puso en la mira, utilizándola como justificación para excluir a los neoyorquinos del programa de viajero de confianza o “Trusted Traveler”, que ofrece un paso más rápido para los miembros aprobados en los aeropuertos estadounidenses y las fronteras internacionales. En 2020, el entonces gobernador Andrew Cuomo incluyó una enmienda a la ley, y el Departamento de Seguridad Nacional restableció el programa para los neoyorquinos.

“Tener una licencia nos ha cambiado”, dice Jiménez. “A mí, en lo personal, me ha permitido llevar a mis hijos a la escuela, y a sus citas médicas, sin el temor de que la policía me pare, y me pida la licencia”. 

Ligia Guallpa, directora ejecutiva del Worker’s Justice Project, dijo que la ley ha sido fundamental para los neoyorquinos de la ciudad, pero especialmente vital para los que viven al norte del estado y en zonas rurales. 

“Una licencia de conducción para los neoyorquinos que viven en zonas rurales significa la posibilidad de sobrevivir y vivir con dignidad. La ciudad de Nueva York es muy diferente porque tenemos la suerte de estar en una ciudad que tiene diferentes alternativas de transporte”, dijo Guallpa. 

Jiménez está de acuerdo en que ha sacado a la gente de las sombras del aislamiento en las regiones occidental y central del estado de Nueva York.

“El aislamiento, principalmente en áreas rurales, causa depresión. No te permite hacer parte de la sociedad. No te permite gastar”, dijo Jiménez, añadiendo que el estado ha visto los beneficios económicos de la ley. “Pagamos para el permiso, y la compra del carro, registrarlo, la aseguranza”.

En enero, Tom Homan, director actual de ICE y el zar de la frontera de Trump, atacó la ley neoyorquina en una entrevista con The Buffalo News, a pesar de que 19 estados han promulgado una legislación similar.

El jueves, el alcalde Eric Adams se reunió con Homan, y justo después anunció una orden ejecutiva para “restablecer la capacidad de los agentes del ICE para operar en Rikers Island”.

Los defensores dijeron que ese anuncio, además de la demanda, son parte de una maniobra política de la administración Trump para asustar y desestabilizar aún más a las comunidades inmigrantes de Nueva York. Trump ha prometido llevar a cabo deportaciones masivas. 

“La intención es crear un miedo generalizado en las comunidades de inmigrantes y empujar a la gente a las sombras, y por desgracia, creo que eso está ocurriendo con el anuncio de la demanda”, dijo Meghan Maloney de Zaldivar, directora de promoción de la New York Immigration Coalition.

Jiménez explicó que el miedo se ha extendido rápidamente desde que el presidente asumió el cargo, y cada medida de inmigración que toma lo agrava.

“La libertad de movimiento es un derecho”, dijo Jiménez, defendiendo las licencias. “Conozco a mucha gente a la que le ha cambiado la vida. Antes era de la casa, al trabajo y cada dos semanas al mercado. Ahora hacen deporte, salen y están integrados en la comunidad”.

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