Una coalición de defensores de los inmigrantes demandó a la administración de Donald Trump ante un tribunal federal en Washington, argumentando que la orden ejecutiva para cerrar la frontera sur de Estados Unidos a los solicitantes de asilo era ilegal.

El pasado 3 de febrero una coalición de defensores de los inmigrantes —incluyendo la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés)— demandó a la administración de Donald Trump ante un tribunal federal en Washington, argumentando que la orden ejecutiva para cerrar la frontera sur de Estados Unidos a los solicitantes de asilo era ilegal.

La demanda desafía la orden ejecutiva titulada “Guaranteeing The States Protection Against Invasion” (Garantizar la protección de los estados contra las invasiones), que hizo parte del grupo de órdenes firmadas el día de la inauguración presidencial el 20 de enero.

La orden de Trump argumentaba que la infraestructura en la frontera no estaba equipada para examinar adecuadamente los antecedentes de las personas, argumentando que la inspección llevada a cabo en la frontera es ineficaz, “donde el acceso a la información necesaria es limitada para los extranjeros que han viajado desde países de todo el mundo para entrar ilegalmente en los Estados Unidos, o cuando el sistema está desbordado, lo que da lugar a la entrada no autorizada de innumerables extranjeros ilegales”, dice la orden.

La orden ejecutiva habla de una “invasión” que obligaba a la administración a bloquear la entrada de migrantes por la frontera sur hasta que el presidente lo determine. La demanda argumenta que la orden niega el acceso al asilo en violación de la ley estadounidense.

Durante la administración de Trump, las autoridades estadounidenses propusieron limitar las protecciones de asilo en 2018, pero no tuvieron éxito en sus intentos y varios de esos esfuerzos fueron anulados por los tribunales.

Durante el gobierno de Joe Biden también se puso una limitación al asilo, que permitía a los migrantes pedirlo si entraban por un puerto de entrada u otras formas que Trump ya ha congelado.

“Los solicitantes de asilo también están siendo sistemáticamente expulsados de los Estados Unidos sin que se les proporcionen entrevistas de miedo creíble, el mínimo absoluto que el Congreso exigió para garantizar que las personas sometidas a expulsión acelerada no serían devueltas a la persecución o la tortura”, dice la demanda, refiriéndose a las revisiones de asilo en la frontera.

La ACLU y otros grupos como el Center for Gender & Refugee Studies (CGRS por sus siglas en inglés) de la Universidad de California presentaron la demanda en nombre de organizaciones que operan en la frontera como Florence Project, Las Americas Immigrant Advocacy Center, y Refugee and Immigrant Center for Education and Legal Services (RAICES por sus siglas en inglés).

Así que para hablar sobre la demanda y sus argumentos invitamos a Edith Sangüeza, abogada senior en el CGRS.

Más detalles en nuestra conversación a continuación.

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