Los programas que se interrumpieron fueron: el Immigration Court Helpdesk (Servicio de Ayuda en las Cortes de Inmigración), la Counsel for Children Initiative (Iniciativa de Asesoría Jurídica para Menores), el Family Group Legal Orientation Program (Programa de Orientación Jurídica para Grupos Familiares) y el Legal Orientation Program (Programa de Orientación Legal). 

El 22 de enero, un memorándum del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ por sus siglas en inglés) ordenó a las organizaciones que proporcionan asistencia jurídica a los inmigrantes que interrumpieran cuatro programas financiados con fondos federales.

Los programas que se interrumpieron fueron: el Immigration Court Helpdesk (Servicio de Ayuda en las Cortes de Inmigración), la Counsel for Children Initiative (Iniciativa de Asesoría Jurídica para Menores) el Family Group Legal Orientation Program (Programa de Orientación Jurídica para Grupos Familiares) y el Legal Orientation Program (Programa de Orientación Legal).

Estos programas, que atienden a miles de inmigrantes detenidos, ofrecen servicios jurídicos, y para muchos estos servicios son la única orientación jurídica disponible.

Según un análisis de datos sobre inmigración realizado por el Vera Institute for Justice, un grupo de defensa para la reforma de la justicia penal, alrededor del 25 por ciento de los inmigrantes tienen un abogado que les representa durante los procedimientos judiciales de inmigración. 

Según el National Immigrant Justice Center, los inmigrantes que no están detenidos y tienen abogado tienen cinco veces más probabilidades de ganar el caso, mientras que los que están detenidos tienen el doble de probabilidades de ganar su caso. 

Para los niños y otras poblaciones vulnerables, tener un abogado es aún más crítico. En 2023, según datos publicados por ABC News, sólo el 56 por ciento de los menores no acompañados en los tribunales de inmigración estaban representados por un abogado.

El Programa de Orientación Legal informa a los inmigrantes detenidos sobre sus derechos, ayuda en el proceso de búsqueda de representación pro bono, ofrece orientación para la defensa contra la deportación y el proceso judicial de inmigración, para que las personas puedan tomar decisiones informadas sobre sus casos legales.

El programa ha sido financiado por el Congreso desde 2003. 

En 2018, la administración Trump hizo algo similar cuando el fiscal general en ese momento, Jeff Sessions, anunció que el DOJ había interrumpido los fondos para los servicios legales de inmigración. Sin embargo, un comité del Congreso luego revocó su decisión y afirmó que apoyaba los servicios legales.

Asi que para hablar del Programa de Orientación Legal y las implicaciones de esta pausa invitamos a Noah Montague de la organizaicon Al Otro Lado, que hace parte de los contratistas que presta servicios jurídicos de orientacion legal.

Más detalles en nuestra conversación a continuación.

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