La Corte Suprema falló en el caso del Departamento de Estado versus Muñoz, en el que Sandra Muñoz, ciudadana estadounidense, argumentaba que se habían violado sus derechos constitucionales cuando el gobierno federal negó el visado a su esposo salvadoreño, Luis Asencio Cordero. La Corte Suprema rechazó la solicitud de Muñoz en una sentencia de 6 a 3 que siguió las líneas partidistas.

El pasado 21 de junio la Corte Suprema falló en el caso del Departamento de Estado versus Muñoz, en el que Sandra Muñoz, ciudadana estadounidense, argumentaba que se habían violado sus derechos constitucionales cuando el gobierno federal negó el visado a su esposo salvadoreño, Luis Asencio Cordero, con quien tiene un hijo en común que también es ciudadano estadounidense.

Muñoz, abogada de derechos civiles, inició los trámites para obtener un visado de inmigrante para su marido tras casarse en 2010. Asencio Cordero, quien había estado viviendo en Estados Unidos sin estatus legal, tuvo que salir del país y viajar al consulado en San Salvador para completar el proceso.

Pero su visado fue negado durante la entrevista en El Salvador, por temor a que Asencio Cordero pudiera participar en actividades ilegales si se le permitía regresar a Estados Unidos, a pesar de no tener antecedentes penales ni en El Salvador ni en Estados Unidos. 

En 2017, la pareja demandó ante el tribunal de apelación del noveno circuito de EE.UU. que dictaminó que el gobierno tenía la obligación de dar a Muñoz una razón para negarle el visado. El gobierno de los Estados Unidos alegó que Asencio Cordero era miembro de la pandilla MS-13 por sus tatuajes, que de acuerdo con un experto en pandillas no son muestra de afiliación al grupo criminal.

El tribunal de apelaciones falló a favor de la pareja en 2022, pero la administración Biden pidió a la Corte Suprema que revocara la sentencia, argumentando que, dado que Muñoz y Asencio Cordero podían elegir vivir fuera de EE.UU., no se había violado su derecho al matrimonio.

Los abogados de la administración Biden alegaron que los funcionarios de inmigración tienen amplia discreción sobre a quién admitir en el país. También dijeron que exigir al gobierno que revele detalles específicos sobre los exámenes y el análisis de inteligencia utilizados en tales decisiones ralentizaría el proceso y supondría un riesgo para la seguridad pública.

La Corte Suprema rechazó la solicitud de Muñoz en una sentencia de 6 a 3 que siguió las líneas partidistas. Así que para hablar del caso y sus implicaciones invitamos a Ivan Vargas, abogado de inmigración de la Coalition for Humane Immigrant Rights (CHIRLA por sus siglas en inglés), que fue una de las organizaciones que acompañó el caso.

Más detalles en nuestra conversación a continuación.

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