A través de políticas actualizadas, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD por sus sigla en inglés) requerirá que los propietarios, incluidas las autoridades de vivienda pública como NYCHA y los propietarios que aceptan vales de vivienda afiliados al HUD, adopten un enfoque más holístico cuando investiguen a los posibles inquilinos.

Este artículo apareció originalmente en inglés, el 26 de abril. Translated by Daniel Parra.
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El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD por su sigla en inglés) compartió que eliminará las barreras que impiden que las personas anteriormente encarceladas obtengan una vivienda en la Autoridad de Vivienda de la ciudad de Nueva York ( NYCHA por sus siglas en inglés) y otras propiedades afiliadas al HUD en todo el país.

La secretaria del HUD, Marcia Fudge, visitó un edificio de uso mixto en West Harlem propiedad de Fortune Society, una organización sin fines de lucro que atiende a neoyorquinos exencarcelados, para anunciar la implementación de una regla para garantizar que los inquilinos no sean excluidos de la vivienda únicamente por sus antecedentes penales, entre otras recomendaciones.

A través de una actualización de políticas, el HUD exigirá a los arrendadores —incluido NYCHA, y propietarios que aceptan vales de vivienda afiliados al HUD— que adopten un enfoque más holístico a la hora de investigar a los posibles inquilinos.

“Solo estoy aquí para decir que de los 80 millones de personas en este país que tienen un historial de arrestos o condenas, no representan una amenaza para mí ni para ti”, dijo Fudge. “Necesitan estar con sus familias, necesitan una vivienda estable”.

Esta iniciativa se enmarca en el Mes Nacional de la Vivienda Justa, que cada abril conmemora la promulgación de la Ley de Vivienda Justa de 1968 que prohibe la discriminación por motivos de raza, religión, género o discapacidad. Abril también es el “mes de la segunda oportunidad” recientemente declarado por el presidente Joe Biden, dedicado a las personas que estuvieron encarceladas y que están reingresando a la sociedad.

El año pasado, Fudge anunció que el HUD llevaría a cabo una evaluación en todo el departamento de sus reglamentos y documentos con el fin de eliminar el lenguaje que excluía a los ciudadanos que vuelven a incorporarse de la aprobación de una vivienda.

Después de una revisión de seis meses, el HUD sugiere que la Autoridad de Vivienda de la ciudad de Nueva York y las urbanizaciones afiliadas al HUD no nieguen viviendas a inquilinos elegibles “simplemente en base a la presencia de una condena penal”, que tengan en cuenta el tiempo transcurrido desde la condena o el arresto, y que permitan a las personas excarceladas aportar pruebas que demuestren su mejoría y estabilidad.

La guía es similar a lo aprobado por legisladores estatales el año pasado, que impide que NYCHA rechace a los inquilinos “sobre la única base de que esa persona es una persona anteriormente encarcelada”, aunque los críticos de ese proyecto de ley dijeron que tendría poco impacto, como Gotham Gazette informó en ese momento, ya que NYCHA considera las condenas anteriores como base para la elegibilidad del inquilino, no el encarcelamiento anterior.

En NYCHA, se puede denegar una solicitud para una unidad de vivienda pública a personas que tienen condenas por delitos menores y delitos graves. Su estado de elegibilidad puede variar de tres a seis años después de la liberación, sin incluir a los individuos que hayan sido condenados por un delito pero cuya pena de prisión esté suspendida o libertad condicional, y según el tipo y la gravedad de la condena. Las denegaciones se pueden apelar si un solicitante puede probar la rehabilitación.

La autoridad de vivienda también aplica una política de exclusión permanente que impide que las personas que cometen “conductas peligrosas”, como agresión, asesinato y tráfico de drogas, residan o visiten propiedades de NYCHA con la que están asociados.

En un comunicado, un vocero de NYCHA describió a la autoridad de vivienda como “un líder en la adopción de un enfoque más progresista y moderno de la justicia penal”, señalando el Family Reentry Program (programa de reingreso familiar), que concede a los inquilinos que acaban de salir de la cárcel un permiso de corta duración para residir en una propiedad de NYCHA. Una vez que completan el programa, que se les pone en contacto con oportunidades educativas y laborales, tienen la oportunidad de incorporarse de forma permanente a un contrato de arrendamiento existente.

“Además, NYCHA está implementando un conjunto aprobado de reformas de la política de justicia penal, incluido un proceso integral de selección de admisiones, en el que un panel revisa a los solicitantes de NYCHA que hayan estado involucrados en la justicia penal antes de recibir una determinación de inelegibilidad”, agregó el vocero. “Esperamos continuar construyendo sobre este progreso y seguimos comprometidos a cumplir con los nuevos requisitos establecidos por el HUD en relación con este importante asunto”.

Si bien encontrar vivienda en la ciudad de Nueva York siempre es difícil, los inquilinos con antecedentes penales, aproximadamente el 11 por ciento de la población adulta de la ciudad, enfrentan obstáculos aún mayores para asegurar un lugar, y a menudo van y vienen entre los refugios para personas sin hogar y el encarcelamiento.

En los últimos años, el Concejo de la ciudad de Nueva York ha considerado proyectos de ley de mayor alcance que haría ilegal que los propietarios y agentes inmobiliarios tengan en cuenta los antecedentes penales al considerar un inquilino, pero los críticos han rechazado el proyecto de ley, citando preocupaciones de seguridad pública.

Stanley Richards, director ejecutivo adjunto de Fortune Society, dijo que alrededor del 20 por ciento de los participantes inscritos en los programas de la organización sin fines de lucro se identifican como personas sin hogar o con vivienda inestable.

El desarrollo de Castle Gardens del grupo, donde se llevó a cabo el anuncio del HUD, brinda viviendas de transición para personas con antecedentes de justicia penal e incluye 114 unidades, un laboratorio de computación en el lugar, un centro de asesoramiento y un servicio de tratamiento de drogas para pacientes ambulatorios.

“Cada año atendemos a unas 10.000 personas que pasan por el sistema y buscan una oportunidad para reconstruir sus vidas, recuperar sus conexiones familiares y vivir una vida próspera”, dijo Richards.

El HUD dijo que además de eliminar las barreras, el departamento también apoyará los programas de reingreso y asociará a las autoridades de vivienda pública con servicios como asesoramiento y asistencia legal para reducir la falta de vivienda.

Christina Johnson, administradora de casos en Fortune Society, tuvo experiencia de primera mano al ser rechazada por NYCHA debido a su condena anterior. Liberada de prisión en 2016 después de cumplir una condena de tres años, luchó por encontrar un hogar para ella y su hijo, que ahora tiene 4 años.

Eso fue hasta junio de 2020, cuando recibió una llamada telefónica de NYCHA informándole que había sido aprobada para un apartamento de una habitación en Brooklyn. El siguiente paso fue pagar $1.861, que incluían el primer mes de alquiler y un depósito de seguridad.

“Con mucho gusto entregué el giro postal por el monto total”, dijo Johnson. “Realmente estaba sucediendo”.

Después, reinó el silencio. Al principio, Johnson pensó que la demora se debía sólo al apartamento. Pero más tarde ese mes, se enteró de que su estado en el portal de NYCHA había cambiado a “elegibilidad pendiente”: la condena anterior de Johnson, de su adolescencia, había afectado su calificación.

El depósito fue devuelto poco después y le dijeron que no había nada más que pudiera hacer. “Aparentemente me señalaron con bandera roja y me dijeron que no tenía motivos para apelar”, dijo Johnson. “Dijeron que habían cometido un error durante la verificación de antecedentes y que nunca debería haberme considerado elegible”.

Con la ayuda de Fortune Society, Johnson anuló su estatus y ahora es elegible para un apartamento de NYCHA; de lo contrario, la joven de 27 años no habría sido elegible para una unidad según las reglas de la autoridad de vivienda hasta 2027.

“Soy una afortunada, no todos lo son”, dijo Johnson. “Nadie debería tener que pasar por eso”.