La nueva oficina de investigación de venta ambulante del Departamento de Sanidad tendrá casi 40 empleados, frente a los 14 inspectores que actualmente tiene el Departamento de Protección del Consumidor y del Trabajador (DCWP por sus siglas en inglés). A los vendedores les preocupa que el cambio pueda penalizar aún más a su sector, que ha experimentado un reciente aumento en multas, como informó City Limits.

Este artículo apareció originalmente en inglés. Translated by Daniel Parra.
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Los vendedores ambulantes y sus defensores están criticando la decisión de la alcaldía de trasladar las funciones de aplicación de la ley del sector del Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador (DCWP por sus siglas en inglés) al Departamento de Sanidad (DSNY por sus siglas en inglés), diciendo que el cambio podría penalizar aún más a los vendedores, quienes han visto un aumento reciente en las infracciones emitidas por la ciudad.

La presidenta del comité de Sanidad del Concejo Municipal, Sandy Nurse, y la presidenta de inmigración, Shahana Hanif, reaccionaron de inmediato a la noticia con una declaración conjunta en la que cuestionaron por qué se tomó la decisión sin consultar a los vendedores, muchos de los cuales son neoyorquinos inmigrantes de clase trabajadora. “Este sector laboral merece políticas que reconozcan su valor y se adapten a sus distintas necesidades”, dijeron las legisladoras.

La decisión es la revisión más reciente de cómo la ciudad regula a los vendedores, muchos de los cuales operan sin los permisos adecuados, cuyo número ha estado limitado durante décadas, lo que los hace difíciles de obtener. El DCWP fue puesto a cargo de la aplicación de la ley a los vendedores bajo el alcalde Bill de Blasio, aunque fue la policía de Nueva York quien emitió la mayoría de las multas de venta el año pasado, City Limits reveló. Los vendedores y los defensores han presionado durante mucho tiempo para que la ciudad saque a la policía del proceso.

“[La ciudad] no mencionó ningún anuncio sobre la criminalización de los vendedores por parte de la policía de Nueva York”, dijo Mohamed Attia, director general del Street Vendors Project (SVP por sus siglas en inglés), un grupo de defensa de los vendedores de la ciudad. Este sería un cambio más significativo, argumentó, que poner al DSNY a cargo.

El SVP se reunió el miércoles por la tarde para oponerse al cambio y pidió que se revirtiera la medida manteniendo a DCWP.

Pero la comisionada del DCWP, Vilda Vera Mayuga, dijo que apoya la decisión, que entrará en vigencia el 1 de abril. Durante una audiencia en el Concejo Municipal el miércoles, la comisionada Mayuga dijo que los inspectores de la agencia enfrentaron desafíos operativos para hacer cumplir las reglas de venta, como no recibir identificaciones de los vendedores, y en algunos casos, enfrentaron agresiones y violencia.

El DCWP creó una oficina para vendedores ambulantes como parte de la ley del 2018 y la unidad de inspectores comenzó con ocho inspectores en julio de 2021 y alcanzó su máximo en octubre de 2021 con 24 inspectores. A principios de 2023, había 14 inspectores.

La oficina para vendedores ambulantes del DSNY tendrá casi 40 empleados.

Los funcionarios de sanidad han defendido la necesidad de una aplicación de la ley más estricta, llamando a la venta no regulada “entre los desafíos más visibles para la limpieza en toda la ciudad.” La concejal de la ciudad de Queens, Sandra Ung, recientemente presionó por mayores regulaciones en su distrito, apuntando a una proliferación de vendedores que llenan las aceras en el centro de Flushing. Sin embargo, los dos códigos postales que abarcan Flushing vieron la mayoría de las inspecciones del DCWP en la ciudad el año pasado: 1.159, con más de cinco veces la cantidad de quejas presentadas.

El DSNY no es completamente nuevo en el cumplimiento de leyes del sector: además del DCWP y la NYPD, los departamentos de Salud y Parques y Sanidad de la ciudad también emiten multas a los vendedores ambulantes.

“Como los oficiales de la policía de sanidad están acostumbrados a lidiar con la intersección del espacio público, los negocios y las comunidades en torno a la limpieza, el Departamento de Sanidad se encargará de hacer cumplir las reglas de venta ilegal”, dijo Vincent Gragnani, portavoz del departamento a City Limits.

Tanto en 2022 como en 2021, Sanidad emitió 14 multas a vendedores ambulantes por año y lleva una multa en lo que va de 2023. Además sacó 31 multas a vendedores en 2018, ninguna en 2019, y solo dos en 2020.

Las 14 acciones de confiscación de alimentos que realizó el DSNY el año pasado en realidad no estuvieron relacionadas con vendedores ambulantes, sino con tiendas que vendían en las aceras o en zonas de no venta, según Joshua Goodman, comisionado adjunto de Asuntos Públicos y Experiencia del Cliente en DSNY.

Al testificar ante el Concejo de la ciudad el miércoles, Attia usó los datos sobre multas para reforzar su argumento en contra de poner a cargo al Departamento de Sanidad. “Estos números bajos hablan de la poca participación que han tenido”, dijo Attia por teléfono.

Al 23 de marzo, había 14.981 vendedores de alimentos con licencia en la ciudad, según el Departamento de Salud e Higiene Mental (DOHMH por sus siglas en inglés), lo que significa que estos vendedores aprobaron el curso de protección de alimentos del DOHMH.

Según las normas de la ciudad, los vendedores deben tener una licencia y un permiso del DOHMH, pero los permisos actualmente tienen un límite de 5.100, lo que deja a casi un tercio de los vendedores sin uno. El mercado negro de permisos ha prosperado durante años, y los vendedores pagan miles de dólares por año para alquilarlos.

Se esperaba que la ciudad levantara oficialmente ese tope —como lo exige la ley de reforma de vendedores de 2018— a partir del verano pasado, pero lleva varios meses de retraso. Un portavoz del DOHMH dijo a City Limits que la agencia comenzará a emitir solicitudes para las nuevas licencias de supervisión a finales de mes.

Sonia Pérez, una vendedora de tamales de 52 años en Bushwick que hace parte de la Junta Asesora de Vendedores Ambulantes (SVAB por sus siglas en inglés) que el alcalde Eric Adams convocó el año pasado para evaluar las políticas que afectan al sector, dijo que se sintió menospreciada por el repentino cambio de la ciudad.

“Cuando me enteré de que la administración tomó decisiones de cambiar la agencia regulatoria, sin consultar a nadie de la junta asesora, mi trabajo se sintió disminuido”, dijo Pérez en la audiencia. “Una vez más, nuestra ciudad se apresura a crear más medidas para hacer cumplir leyes a los vendedores ambulantes, pero no consiguen reformar el injusto y viejo sistema regulador, y ni ofrece oportunidades [para] que prosperen los negocios más pequeños de nuestra ciudad”.

Los vendedores que testificaron en la audiencia del miércoles dijeron que se habían tomado la tarde para estar en la audiencia. La aplicación de la ley de la ciudad tiene un impacto similar en su sustento, dijeron, señalando a los inspectores que confiscan carritos de comida y otros equipos. Multas por venta ambulante sin permiso cuestan hasta $1,000.

“¿Cómo le decimos a los hijos que no hay este dia, un dia de trabajo favorable, porque se han confiscado las cosas?” Pérez dijo. “¿O cómo les decimos no hay para pagar la colegiatura de la escuela?”