El próximo 2 de octubre entrarán en vigencia las nuevas tarifas del Servicio de Inmigración y Ciudadanía —USCIS por sus siglas en inglés— y entre los aumentos más notables están el incremento a las solicitudes I-881 de suspensión de la deportación, con 535 por ciento de incremento, y la petición I-929 para un familiar calificado de un U-1 No inmigrante, con 546 por ciento de incremento.

El USCIS actualizó por última vez su estructura de tarifas en diciembre de 2016 con un aumento en promedio ponderado del 21 por ciento y para esta ocasión dice que hará “un aumento en promedio ponderado del 20 por ciento para ayudar a recuperar sus costos operativos”, dijo USCIS al anunciar los incrementos.

Vale aclarar que uno de los problemas con presentar estos aumentos de tarifas usando el promedio ponderado es que a diferencia del promedio general, donde todos los valores cuentan por igual, en un promedio ponderado algunos valores de datos son más importantes que otros y por lo tanto contribuyen más al promedio final. Lo cual parece indicar que las peticiones que son utilizadas por una proporción menor de los clientes de USCIS en general vieron una gran alza y las formas utilizadas por un mayor número de clientes vieron un alza menor.

Es por este tipo de tecnicalidades que aumentos de 535 por ciento o de 546 por ciento no disparan el promedio general de aumento de las tarifas de USCIS, sin embargo, esto sí afecta específicamente a ciertos tipos de aplicantes.

Por ejemplo, en el caso de las solicitudes I-881, que se usan cuando un solicitante pide la suspensión de la deportación o la cancelación de remoción en virtud de la Ley de Ajuste Nicaragüense y Ayuda a Centroamérica (NACARA por sus siglas en inglés), pasa de $285 dólares a $1.810 dólares. En esta categoría el reporte de USCIS para el año fiscal de 2019 no detalla el número de aplicaciones recibidas para este procedimiento. 

Por otro lado, la petición I-929 para solicitar beneficios de inmigración para un familiar que nunca ha tenido el estatus U de no-inmigrante, o visa U, pasa de $230 dólares a $1.485 dólares. Este tipo de visa es utilizado por víctimas (de violencia en el hogar, agresión sexual, trata de extranjeros y otros delitos) que son útiles para los funcionarios del gobierno en la investigación o el procesamiento de actividades criminales. 

En 2019, según datos de USCIS, esta petición la realizaron 1.078 aplicantes, un número bajo si se compara con los 7.650.127 de solicitudes recibidas ese año. La mayor parte de las peticiones, 2.189.243 de ellas, fueron para procesar I-765 o documentos de autorización de empleo, EAD por sus siglas en inglés.

El tercer trámite con mayor aumento es para el formulario N-300, que se usa cuando la persona es residente permanente y desea solicitar una declaración de intención para obtener la ciudadanía estadounidense. Este formato pasa de costar $270 dólares a $1.305 dólares: un aumento del 383 por ciento. En 2019, esta petición la realizaron 33 aplicantes.

Otro trámite que presenta un aumento de más del 100 por ciento, es la solicitud de dispensa de pasaporte y/o visa, formulario I-193, que le permite a un extranjero, que es residente legal de Estados Unidos, volver a entrar sin el pasaporte y/o visa del extranjero. Este procedimiento que cuesta $585 pasará a costar $2,790, un aumento del 377 por ciento. En 2019, esta petición la realizaron 87 aplicantes.

Otro de los procesos que ve un aumento desproporcionado es el proceso de naturalización, N-336. En 2019, esta petición la realizaron 6.118 aplicantes. Los inmigrantes legales elegibles para solicitar la ciudadanía pagan $700 dólares y pagarán $1.160 si presentan su solicitud en línea o $1.170 si presentan una solicitud en papel, es decir un aumento de 146 por ciento y 148 por ciento, respectivamente.

Esto representa un un cambio de más de $1.000 dólares por aplicación en cualquiera de los dos casos y muchos analistas de inmigración han recalcado que esto hace parte de los cientos de cambios propuestos por la administración Trump para frenar tanto votos de personas naturalizadas, así como la naturalización en sí misma. 

Por primera vez, además, las personas que huyen de la persecución en sus países de origen tendrán que pagar una tarifa de $50 dólares para solicitar asilo si no están en proceso de deportación, algo que no tenía ningún costo.

El servicio de USCIS dice que llevó a cabo una “revisión exhaustiva de las cuotas bienales y determinó que las cuotas actuales no recuperan el costo de la prestación de servicios de adjudicación y naturalización”.

A diferencia de la mayoría de las agencias gubernamentales, el USCIS está financiado por las tasas recaudadas y depositadas en su cuenta y según la oficina, estos costos “financian casi el 97 por ciento del presupuesto del USCIS”.