El miércoles 8 abril murió el primer trabajador agrícola indocumentado de una de las lecherías de condado de Cayuga, Nueva York por COVID-19. El trabajador provenía de Guatemala, estaba en sus cuarentas y según Kathleen Cuddy, directora de salud pública del condado, el hombre había estado hospitalizado desde el 1 de abril de 2020 y tenía problemas de salud crónicos que pueden haber contribuido a su muerte. La familia del difunto no quiere hablar con los medios y tampoco quiere que se den a conocer muchos detalles acerca de él.

En este condado han ocurrido otros contagios entre trabajadorers agrícolas indocumentados y varios de ellos han perdido su trabajo.

La historia del contagio

El primer caso de COVID-19 en el condado de Cayuga se registró el miércoles 18 de marzo cuando salieron los resultados de un hombre de unos 30 años, no residente del condado, que viajaba por la zona el sábado 14 de marzo cuando se sintió mal y buscó atención médica. Desde entonces, de acuerdo con reportes locales, el hombre fue puesto en cuarentena.

Durante la semana del lunes 16 al viernes 20 de marzo, un par de trabajadores indocumentados en uno de los viveros del condado de Cayuga sintieron fiebre, “calentura en el cuerpo” dice Pablo —pseudónimo— de 35 años. Era una fiebre que no les impidió dejar de trabajar y trasplantar plantas florecidas a maceros más grandes listos para ser exhibidos en la sección de jardinería, por lo que ninguno de los 15 trabajadores del grupo pensó que se trataba de algo serio, y mucho menos, del coronavirus. Así que esa semana pasó sin irregularidades, con normalidad y como de costumbre.

A mediodía, el lunes 23 de marzo mientras caminaba en el trabajo “se me vino una tos de repente, con flemas” dice Pablo desde el hospital, con voz suave y débil, durante la entrevista en la que hablaba con frecuentes arrebatos de tos. No se sintió bien luego de ese ataque de tos repentino. Habló con el supervisor y dijo que regresaría a la habitación del hotel, con dos camas, donde dormían él y su compañero y amigo, Diego —pseudónimo— de 28 años.

Incluso esa tarde de lunes, “ninguno le dio importancia a pesar de lo que estábamos viendo”, dijo Diego, quien además es la persona con quien más compartía tiempo Pablo tanto dentro como fuera del vivero. Al igual que Diego, el resto de los trabajadores pensó que Pablo simplemente no se sentía bien.

Esa tarde Pablo fue al centro de salud de Cayuga y pidió una cita para hacerse el test del coronavirus el martes en la mañana. La noche del lunes, Pablo y Diego compartieron la misma habitación, como lo habían hecho desde febrero.

El martes en la tarde, luego del examen, los doctores le pidieron a Pablo que entrara en cuarentena mientras esperaba los resultados de su prueba. A Diego lo trasladaron a otra otra habitación, pero esa noche Diego tuvo fiebre, tanta que tuvo que llamar y avisar que no podía trabajar al día siguiente.

Una semana después del primer caso, Pablo dio positivo. En cuanto Diego supo la noticia, fue a que le hicieran la prueba y desde ese día los doctores le pidieron mantenerse aislado. “Cuando me dio la fiebre empecé a tomar cosas calientes como té, jugo de limón y el jueves me hicieron la prueba”, dice Diego.

Durante esa semana entre el lunes 23 y el viernes 27 de marzo Pablo orinó amarillo oscuro, estuvo sin hambre por tres días, tuvo diarrea hasta que en la noche del viernes se le vino una tos más fuerte, “una tos que quería acabar con la garganta”, seca, que del arrebato dificultaba respirar.

“Me faltaba aire y se me inflamó a los lados del estómago”, dice Pablo.

A las 9 pm del viernes Pablo recuerda que no podía más del dolor, pero no podía llamar directamente al hospital porque no habla inglés. Así que llamó a la pastora de la iglesia, quien no habla español pero quien supo por la hora y voz de Pablo que era una emergencia. Ella llamó a la ambulancia y la ambulancia lo llevó al hospital.

La tos de Pablo empeoró ese fin de semana y el domingo 29 de marzo, el resultado de Diego dio positivo al virus. La fiebre de Diego continúo por más de una semana y sentía mucho dolor de cabeza.

Ese lunes 30 marzo, luego de que salieran dos casos positivos en el grupo de 15 trabajadores del vivero, la supervisora dio la orden de hacer el receso en donde ellos quisieran pero solos o si preferían ir a la mesa, donde antes se reunían a comer, solo podían estar máximo dos personas a la vez.

“Nos dieron una mascarilla”, dice María —pseudónimo—. Además, les dijeron que debían mantenerse seis pies de distancia y solo a las personas que estaban relacionadas con las personas infectadas las pusieron en cuarentena en el hotel que paga el patrón del rancho.

Según Mario —pseudónimo—, esposo de María, en comparación con otras granjas de la zona, el vivero donde trabaja María por lo menos dio información y unas cuantas mascarillas. “En la lechería donde yo trabajo no dijeron nada”, dice Mario, quien trabaja en una lechería diferente a la que empleaba al trabajador que murió.

Desde el 11 de marzo, la organización Unión de Campesinos (UFW por sus siglas en inglés) ha estado haciendo encuestas en redes sociales entre los trabajadores agrícolas no sindicalizados y encontró que la mayoría de granjas no han hecho campañas para informar a sus trabajadores. Por ejemplo, en  las dos primeras encuestas (marzo 11 y 13) el 90 por ciento de las respuestas decía que no se había compartido nada de información y en las más reciente (abril 9), el 76 por ciento dijo esto mismo. 

En la lechería donde Mario trabaja hay unos 42 trabajadores. En ella, por lo menos ocho trabajadores indocumentados han estado enfermos. Mario ha visto que algunos de ellos, luego de cuatro o seis horas de trabajo no pueden más, en un turno que regularmente dura 12 horas, y piden regresar a casa. 

En este trabajo “solo se puede pedir un día sin trabajar, pero nada más que eso”, dice Mario de 39 años.

Ninguno de estos trabajadores se hizo el test: muchos constreñidos por el miedo a ir al hospital y tener que lidiar con algún tipo de autoridad, otros porque no tienen quien los lleve, o porque creen que les costará miles de dólares y no saben que el test está incluido en los servicios de emergencia de Medicaid. Otros, muy enfermos, han llamado a centros de salud y les han dicho que tomen Tylenol o que sigan tomándolo. Otros, como Mario y María, prefirieron no ir por miedo a contagiarse en los centros médicos.

Entre los trabajadores del vivero Diego es uno de los pocos que tiene licencia de conducción, gracias a la ley de luz verde, y además un automóvil. Él, junto con Pablo y John —pseudónimo—, solían salir a Walmart a comprar comida, ir a restaurantes o a dar vueltas por el pueblo.

El no sentirse atado a la granja donde se trabaja y poder salir en automóvil son ventajas que solo pocos trabajadores indocumentados de granjas tienen en los Estados Unidos. Como lo ha visto organizaciones como la Unión de Campesinos, la gran mayoría de los trabajadores agrícolas comparten el coche para ir a trabajar, en un esfuerzo por ahorrar dinero o porque “carecen de la capacidad de compra de un coche o simplemente no tienen licencia de conducir”.

Las salidas a restaurantes y la cercanía con Diego y Pablo le costó a John, de 19 años, el contagio. El lunes 30 de marzo una semana después de que Pablo se sintiera mal en el trabajo, John se sintió enfermo también. Esta vez, un fuerte dolor de cabeza y el jueves 2 de abril salió su resultado positivo. 

El vivero cerró temporalmente con el tercer caso positivo de COVID-19 y los trabajadores que dormían en el hotel entraron en cuarentena. María, a diferencia del resto de trabajadores del vivero, vive en una casa móvil a una cuadra de la lechería donde trabaja Mario quien no ha dejado de trabajar en la lechería.

La semana del lunes 6 de abril Pablo seguía en el hospital. Le habían puesto suero y según Diego, ya se escuchaba mejor, “está mejorando” dice. Diego por su parte seguía tomando líquidos calientes y la fiebre había desaparecido.

El miércoles 8 de abril, una doctora, Diego no recuerda su nombre, lo llamó y le dijo que reubicarían a John en la misma habitación donde Diego estaba durmiendo, aquella habitación donde todo había empezado. “La doctora dijo que ya no me daría el virus dos veces”, dice Diego.

Pablo salió del hospital el viernes 10 de abril en la tarde luego de que la tos se apaciguara un poco. Le recomendaron estar encerrado, no estar con otras personas, tomar tres veces al día las tabletas de Mucinex y le dejaron un inhalador Incruse, para ayudar a los pulmones.

Trabajadores indocumentados quedan desprotegidos 

En condados como Livingston en el estado de Nueva York, entre muchos otros lugares alrededor de los Estados Unidos, los dueños de granjas desde mediados de marzo le dieron a sus trabajadores que tienen coche una carta para mostrar que son trabajadores esenciales en caso de ser detenidos por policías.

¿Ahora somos esenciales? Se preguntan algunos de estos trabajadores. A lo que responden con más preguntas ¿esenciales para quién? Y luego arman un argumento con más preguntas: ¿esenciales para quién?: la producción, el patrón, el rancho, el condado, las ciudades, los supermercados, los consumidores, el estado, las exportaciones, o nuestros hijos, nuestras familias aquí y allá en los países de origen, donde algunos envían dinero.

“Los más esenciales son los más marginados y excluidos”, dice Emma Kreyche, directora de extensión y educación de Worker Justice Center of New York. “Si fuéramos tan esenciales y se preocuparan tanto por uno, nos tendrían un seguro. Todo el año uno viene a trabajar con fiebre, tos o gripa”, dice la organización Alianza Agrícola. “El problema es que no hay un plan de qué pasaría si un trabajador se enferma: ¿dónde vivir por dos semanas, quién se encargaría de mi familia, del servicio médico, de cómo recibir comida?” agrega la organización.

“Por muchas décadas nos han excluido pero nosotros hacemos un papel importante alimentando a las familias”, dice Crispin Fernández del Workers’ Center del centro de Nueva York.

Haber dejado a los trabajadores indocumentados por fuera del paquete de ayudas federales “fue una bofetada en la cara para ellos”, dice Armando Elenes, tesorero de Unión de Campesinos. La industria agrícola recibió $9.500 millones de dólares en subvenciones y $14.000 millones de dólares en préstamos por medio del proyecto de ley de ayuda aprobado por el congreso. Sin embargo, no se crearon normas sobre la forma en que los agricultores deben proteger a sus trabajadores del virus o se incluyeron reformas para garantizar su salud a largo plazo en una industria en la que los trabajadores indcoumentados tienen una esperanza de vida promedio de 49 años. Más aún, la administración de Trump está buscando reducir drásticamente los salarios de los trabajadores agrícolas migrantes con visa H-2A.

Debido a la falta de tapabocas, guantes y equipo de protección personal (PPE por sus siglas en inglés), María junto con Wilmer Jiménez, coordinador del oeste de Nueva York para Rural & Migrant Ministry, decidieron producir mil tapabocas para repartir entre los trabajadores del condado de Cayuga.

La oficina de prensa del New York Farm Bureau ha reconocido que “el acceso a PPE [equipo de protección personal] ha sido difícil de conseguir en algunas granjas debido a la demanda del equipo, pero hemos estado transmitiendo nuestras preocupaciones a los funcionarios competentes para tratar de llevar los recursos a donde deben estar. Además, varios agricultores están fabricando máscaras para sus empleados y donando equipo de repuesto a las granjas vecinas”.

Pablo y Diego no recibieron nada de dinero por los días que no han trabajado. El último cheque que les llegó es por la primera semana de trabajo que no se paga y sirve como entrenamiento y se conoce entre ellos como “el cheque de fondo”.

El viernes 10 de abril Pablo salió del hospital y en la tarde la encargada del rancho lo llamó para saber cómo estaba y luego de saber que la tos había disminuído, le dijo que el patrón había suspendido la temporada, y además agregó que el patrón ya no tenía nada que ver con el pago del alquiler de la habitación del hotel. El cuarto, según le dijo ella, ya lo estaba pagando el departamento de salud. A Diego lo llamó directamente el patrón, porque Diego entiende inglés, y le dijo lo mismo: no más trabajo, no más pago de la habitación.

Perder el empleo en estos casos implica también desalojar a los trabajadores de los lugares donde viven. Seis de los trabajadores del vivero donde trabajaban Pablo, Diego, John y María ya se han ido del hotel, cuatro de ellos salieron el martes 14 de abril. El gobernador de Nueva York dijo que no habría desalojos por 90 días en el estado, la pregunta aquí es si esta situación clasifica como tal. 

El lunes 13 de abril, la doctora llamó a Diego a decirle que ya había terminado el tiempo de cuarentena y que ya podía salir a buscar trabajo. Según entendió, su habitación de hotel está paga por esta semana. John recibió la misma llamada el miércoles 15 de abril.

El cuerpo del primer trabajador agrícola indocumentado fue cremado y la familia quiere enviar sus cenizas devuelta a Guatemala. La organización Rural & Migrant Ministry a través de Wilmer Jiménez estará recaudando fondos para esta causa hasta el final de abril. 

Si desea donar, puede llamar a Wilmer Jiménez, bilingüe español/inglés, al 315 806 7338 o escribir a rmmwilmer@gmail.com

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