Este artículo apareció originalmente en inglés
Traducido por Carlos Rodríguez Martorell

En días recientes, legisladores locales y estatales han intensificado su respuesta a la pandemia causada por el coronavirus. Las escuelas están cerradas, las reuniones de más de 50 personas están prohibidas, y los teatros, bares y restaurantes de la ciudad deben permanecer cerrados excepto para repartir comida para llevar o a domicilio.

A pesar de estos esfuerzos, activistas dicen que la respuesta del gobierno al COVID-19 ignora a un importante sector de la población neoyorkina: sus 4.5 millones de inmigrantes. 

“Las comunidades inmigrantes están en el frente de guerra, tanto por el impacto que recibirán como porque trabajan en la respuesta a la crisis,” dijo Steve Choi, director ejecutivo de la New York Immigration Coalition (Coalición de Inmigración de Nueva York, o NYIC). El pasado lunes, la organización divulgó una plataforma de peticiones legislativas y recomendaciones orientadas a proteger a los inmigrantes durante la presente emergencia de salud.

Durante una conferencia telefónica con la prensa el mismo día, Choi añadió que muchos trabajadores inmigrantes tienen que interactuar con el público como parte de su trabajo, por lo que no pueden aislarse o trabajar desde casa. La demanda por algunos de estos servicios, como el cuidado de niños, reparto de comida a domicilio o labores de limpieza, podría crecer significativamente durante la pandemia, ya que los trabajadores de oficina se están quedando en casa y los espacios públicos están siendo descontaminados.  

“Muchos trabajadores van a tener que trabajar más para que otros puedan laborar desde casa,” dijo Choi. “Tenemos que reconocerlo: Muchos trabajadores se están exponiendo al virus porque no tienen opción.”

El lunes, la NYIC, junto a otras organizaciones, lanzó la campaña “New York United” (“Nueva York Unida”) para pedir que se aprueben una serie de políticas a nivel municipal, estatal y federal, incluyendo que la prueba del COVID-19 esté disponible libre de costo para todos los residentes, incluyendo a los inmigrantes indocumentados. La agencia de inmigración y ciudadanía (U.S. Citizenship and Immigration Services, o USCIS) dijo que los tratamientos contra el coronavirus o preventivos no contarán para efectos de la ley de carga pública a la hora de solicitar la residencia permanente. 

“Tenemos que asegurarnos de que lo cumplan”, dijo la congresista Grace Meng, quien representa parte del condado de Queens. Meng añadió que está colaborando con otros legisladores para aprobar una ley que extendería el censo hasta septiembre debido al riesgo al que se expondrían los trabajadores que van puerta a puerta. Otra de las leyes propuestas ofrecería conexión de internet a familias que no tengan acceso a la red ahora que las escuelas de la ciudad estarán cerradas y que comenzarán ofrecer instrucción en línea desde el 23 de marzo.

“Hay muchas familias, hasta 30 por ciento en la ciudad de Nueva York, que no tienen acceso a internet,” dijo Meng. 

La campaña “New York Unida” está exigiendo que todas las actividades de la agencia de inmigración y aduanas (Immigration and Customs Enforcement, o ICE) se suspendan durante la pandemia para evitar poner a más residentes en riesgo y aumentar el miedo que ya sienten los inmigrantes. 

“A pesar de todos los consejos que recomiendan distanciamiento social … la única área que no parece estar cerrando son las operaciones de ICE”, dijo Choi.

A nivel municipal y estatal, la coalición está presionando para que los residentes indocumentados tengan acceso a todos los programas de asistencia establecidos para manejar el COVID-19, como los fondos de emergencia para trabajadores, el seguro de desempleo, los préstamos a negocios pequeños y la extensión de pagos por días por enfermedad.

Manny Castro, director ejecutivo de New York Immigrant Community Empowerment (Empoderamiento de la Comunidad Inmigrante de Nueva York), dijo que a los inmigrantes indocumentados se les excluyó de muchos programas de recuperación después del 11 de septiembre y el Huracán Sandy por su estatus migratorio. 

“Nos dimos cuenta de que muchos de los fondos de ayuda estaban ligados a dinero federal que no se podía utilizar para ayudar a familias indocumentadas”, dijo. 

Los activistas dicen que también es esencial adjudicar fondos a las organizaciones sin fines de lucro y comunitarias que sirven a las comunidades inmigrantes de la ciudad, muchas de las cuales permanecerán abiertas para ofrecer ayuda durante la pandemia. Además, la Ciudad y el Estado deben de asegurarse de que haya información correcta sobre COVID-19 disponible en diferentes idiomas y a través de una línea de asistencia. 

“Aún se está diseminando mucha desinformación dentro de nuestras comunidades, particularmente entre la población indocumentada,” dijo Mon Yuck Yu, de la Academia de Servicios Médicos y Públicos (Academy of Medical and Public Health Services, Inc.), que ofrece servicios de salud a inmigrantes de Sunset Park, Brooklyn. La activista añadió que uno de los falsos rumores es que la prueba del COVID-19 cuesta $3,000.

“Es ciertamente nuestra responsabilidad combatir algunos de estos mitos,” dijo. 

El grupo dice además que es hora de que los legisladores aprueben la ley de cobertura para todos (“Coverage for All Act”) que promueven el Asambleísta Richard Gottfried y el Senador Gustavo Rivera. La ley extendería el plan se salud esencial del estado a todo neoyorkino de bajos recursos que gane hasta 200 por ciento del nivel de pobreza. Actualmente, los indocumentados están excluidos del plan. 

“Con la mayoría de la ciudad clausurada, los trabajadores inmigrantes que dan servicios de limpieza, los jornaleros, los empleados de restaurantes y los que reparten comida están expuestos al virus,” dijo Castro. “Su trabajo no se puede hacer desde la casa. De hecho, la ciudad cada vez depende más de esta fuerza de trabajo.”