Los defensores señalan que la aplicación limitada de la ley reduce la efectividad de los propios vales de ayuda al alquiler de la ciudad, poniendo en riesgo a los neoyorquinos de quedarse sin hogar o alargando el tiempo que permanecen en los albergues aunque tengan medios para pagar.

Este artículo apareció originalmente en inglés el 13 de abril de 2022. Traducido por Ana Teresa Solá Rivière. Read the original article in English here. 

Y se quedó con ninguno. 

Tras años de partidas de empleados y plazas abiertas, la unidad de control y aplicación de la ley encargada de tomar medidas contra la forma más común de discriminación en la vivienda de Nueva York no tiene ni un solo miembro del personal, City Limits se ha enterado.

El último abogado encargado de combatir la discriminación basada en la fuente de ingresos (SOI por sus siglas en inglés) de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de Nueva York (CCHR por sus siglas en inglés) renunció el 1 de abril y no ha sido reemplazado. La unidad de SOI recibe querellas, interviene y a veces presenta demandas de parte de posibles inquilinos que alegan que se les negó un apartamento porque tienen un subsidio del gobierno, como un bono federal de la Sección 8 o CityFHEPS váuchers, que ayudan a cubrir el alquiler.

Esta práctica generalizada —en los listados de apartamentos en línea, en las llamadas telefónicas grabadas con los agentes e incluso en una página web que aconseja a los propietarios rechazar a los titulares de vales— constituye la forma más frecuente de discriminación ilegal en el sector de la vivienda en la ciudad, según los informes anuales del CCHR. 

Sin embargo, como City Limits informó, la unidad SOI se redujo de seis empleados hace tres años, a tres en 2021 y a solo uno el mes pasado, a pesar de las convocatorias para reforzar la implementación y un plan de gastos que hubiera permitido a la agencia agregar al menos 10 abogados y empleados a la unidad este año. El CCHR no ha contratado a ningún nuevo empleado para la unidad SOI. En cambio, procedió a recortar las vacantes no cubiertas que podrían haber reforzado la unidad como parte del mandato de reducción de costes del alcalde Eric Adams. 

“Es verdaderamente desgarrador ver cómo se disuelve una unidad tan poderosa”, dijo Steph Rudolph, quien dirigió la unidad SOI hasta el 2020 y ahora trabaja en la organización JustFix.

Rudolph, quien usa los pronombres elle, dijo que la ciudad no está cumpliendo la ley de derechos humanos que autoriza al CCHR a tomar medidas contra propietarios, gerentes de propiedades y agentes inmobiliarios que discriminan a los inquilinos con subsidios de vivienda. 

“El fracaso de la ciudad a la hora de financiar el CCHR y además, el propio fracaso interno del CCHR a la hora de apoyar a la unidad SOI perjudica a los neoyorquinos con menos recursos: los de las comunidades históricamente oprimidas, los discapacitados y los más necesitados, de una vivienda estable”, dijo Rudolph. 

Los defensores de vivienda señalan que la aplicación limitada de la ley reduce la efectividad de los propios bonos de ayuda al alquiler de la ciudad, poniendo en riesgo a los neoyorquinos de quedarse sin hogar o alargando el tiempo que permanecen en los albergues aunque tengan medios para pagar.

“Si el alcalde realmente quiere solucionar el problema de las personas sin hogar como alega, su administración debe financiar la unidad SOI de la Comisión de Derechos Humanos para que pueda realizar su trabajo efectivamente”, dijo Amy Blumsack, cuya organización Neighbors Together ayuda a los inquilinos a utilizar sus vales y a luchar contra la discriminación. 

El Concejo de la ciudad votó el año pasado a favor de aumentar el valor de los subsidios del CityFHEPS para que más personas los utilicen y se costeen un apartamento, pero solo una fracción de los beneficiarios de los vales del CityFHEPS encuentran un lugar. Los beneficiarios se encuentran con obstáculos administrativos, complicados por los agentes y gerentes de edificios que se rehúsan a alquilarles y que se enfrentan a poca responsabilidad por parte de la ciudad, dijo Blumsack. 

“Sin una financiación y contratación de personal adecuada, se disminuye la eficacia del váucher CityFHEPS y socava la intención de elevar la cuantía del pago el año pasado y mantiene a las personas sin hogar más tiempo del necesario”, añadió Blumsack. 

Neighbors Together y la organización UnlockNYC han instado a la ciudad a que aumente el gasto de la unidad SOI del CCHR en al menos un millón de dólares y que contrate a más personas para enfrentar la discriminación contra los vales. Los agentes inmobiliarios que infringen la ley se han adaptado para evitar la aplicación de la ley eliminando el lenguaje explícito contra los vales en los anuncios de apartamentos y, en su lugar, ignoran a los beneficiarios de los vales (negándose a devolverles las llamadas cuando se enteran de que tienen un subsidio), o imponiendo restricciones adicionales como requisitos mínimos de crédito o insistiendo en que los inquilinos ganen 40 veces el alquiler mensual —aunque el coste lo cubra el gobierno.

Aunque actualmente no hay nadie trabajando en la unidad de SOI, la comisionada adjunta del CCHR, JoAnn Kamuf Ward, dijo que la agencia seguirá interviniendo en casos de discriminación por vales. Otros abogados y personal de la agencia se han hecho cargo de algunos casos de SOI al reducirse la unidad principal, dijo CCHR a City Limits el mes pasado.

“La Comisión de Derechos Humanos se compromete a abordar la discriminación basada en la fuente de ingresos y a cumplir con el mandato de nuestra agencia”, dijo Kamuf Ward. “Nuestro equipo continuará respondiendo a las denuncias de discriminación en este ámbito y erradicando la discriminación basada en la fuente de ingresos mientras trabajamos para defender los derechos humanos de los neoyorquinos”.

El CCHR no respondió a las preguntas sobre su plan para sustituir a los miembros del personal que renunciaron.

En años recientes, el CCHR ha priorizado a lo que denomina “intervención previa a la denuncia”, en la cual el personal de la unidad de SOI se pone inmediatamente en contacto con los propietarios, los agentes inmobiliarios o las empresas acusadas de discriminación basada en la fuente de ingresos y les recuerda que la discriminación hacia los vales viola la ley de la ciudad. Y la agencia amenaza con tomar más medidas a menos que se ofrezca un contrato de alquiler al inquilino.

Este tipo de respuesta rápida es esencial para combatir la discriminación en un mercado de alquileres saturado en el que los apartamentos se compran rápidamente, dicen los funcionarios municipales y los defensores de la vivienda. Para muchos receptores de vales, la presión para encontrar una vivienda aumenta a medida que pasa el tiempo: una persona que espera años por un vale de la Sección 8 podría acabar perdiéndolo si no lo utiliza.

El CCHR proveyó estadísticas que muestran que la agencia presentó más quejas en nombre de los inquilinos en el año fiscal actual que en cualquiera de los dos últimos. La unidad SOI presentó 29 quejas entre julio de 2021 y marzo de este año, en comparación con 28 en el año fiscal 2021 y 27 en el año fiscal 2020. CCHR ha ganado menos indemnizaciones y sanciones a los propietarios en lo que va de año, pero dijo que ha llegado a un acuerdo con los propietarios para reservar más unidades para los inquilinos con vales de vivienda.

El Departamento de Servicios Sociales (DSS por sus siglas en inglés) de la ciudad de Nueva York también gestiona su propia unidad de control de discriminación SOI, conocida como Fair Housing Litigation Unit, que cuenta con seis miembros del personal que dan prioridad a la intervención previa a la denuncia. La agencia presenta ocasionalmente denuncias de discriminación en los tribunales civiles en nombre de la ciudad, pero solo el CCHR puede demandar en nombre de las personas que sufren discriminación. Durante las negociaciones presupuestarias del año pasado, el dinero para contratar refuerzos en la Fair Housing Litigation Unit se designó al CCHR, según el DSS.

Ante la carencia de las unidades de control y una aplicación más agresiva de la ley por parte de la ciudad, organizaciones sin ánimo de lucro como Housing Rights Initiative (HRI) y el Fair Housing Justice Center han intervenido. Ambas organizaciones han demandado a algunos de los mayores agentes inmobiliarios de la ciudad de Nueva York, como LeFrak Organization, Corcoran Group y Compass, por presunta discriminación contra las personas con subsidios de alquiler.

No es difícil encontrar beneficiarios de vales que se hayan topado con la discriminación basada en SOI o propietarios que incurran en esta práctica.

Dwayne Jones, residente en Williamsbridge y quien tiene un váucher CityFHEPS, afirma que se enfrenta al desalojo de su vivienda actual, pero que es incapaz de encontrar un casero o un agente inmobiliario dispuesto a devolverle las llamadas o los correos electrónicos cuando se enteran que tiene un subsidio. El mes pasado dijo a City Limits que teme no tener otra opción que entrar en el sistema de albergues.

Jessica Valencia, portavoz de UnlockNYC, dijo que se enfrentó a la discriminación más de 50 veces mientras buscaba un apartamento con un vale estatal FHEPS en 2019. En ese entonces, estaba siendo desalojada de un apartamento en Dyker Heights y buscando un nuevo lugar cerca.

Dijo que llamaba con frecuencia al 311 para radicar una querella, pero que nunca recibió una respuesta de la ciudad hasta que se puso en contacto con UnlockNYC para pedir ayuda. La organización la ayudó a ponerse en contacto con el CCHR, que intervino en su nombre después de que un agente inmobiliario intentara apartarla a ella y a su familia de un apartamento de Borough Park.

“No sé lo que CCHR les dijo, pero al día siguiente el agente llamó y ofreció la unidad”, dijo Valencia a City Limits el mes pasado. “Eso demuestra el poder que tienen para hacer cumplir la ley”.

Pero la diseñadora de productos de UnlockNYC, Ashley Eberhart, dijo que la falta de personal de las unidades de control de la ciudad significa que más inquilinos que buscan ayuda contra la discriminación pueden ser ignorados, pero esta vez por la agencia que se supone que debe controlar a los propietarios y los agentes inmobiliarios.

“Después de haber sido rechazado, colgado o ignorado por cientos de agentes, lo último que necesita un inquilino con un vale es llamar al 311, dejar un mensaje de voz pidiendo ayuda, y nunca obtener una respuesta”, dijo Eberhart. “A medida que la unidad de fuentes de ingresos de CCHR se reduce, más neoyorquinos se quedan en el limbo en un sistema que les da un vale, pero no hay manera de utilizarlo”.