J Murphy

Consumidos por la pandemia del COVID-19 y la crisis económica, pareciera que estamos posponiendo nuestros derechos políticos para la “vuelta a la normalidad”. Esa aproximación, sin embargo, no va a permitirnos resolver la situación en la que nos encontramos. Es prioritario que incluyamos dentro de nuestras preocupaciones inmediatas el ejercicio de nuestros derechos políticos. La elección de líderes locales y nacionales, de legisladores y otras autoridades públicas tiene un impacto directo en la capacidad de nuestros países para responder a los desafíos actuales. Por ello, los derechos políticos no pueden ser un tema secundario, sino que deben estar en el centro de nuestras discusiones y esfuerzos para sobrevivir, para sobreponernos a los desafíos y para encontrar proyectos políticos incluyentes, en los que todos nos veamos representados. La pandemia ha hecho aún más visible la inequidad, el racismo y la xenofobia en nuestras sociedades. Hemos podido observar de primera mano la diferencia que puede hacer un liderazgo político comprometido con el bienestar de su pueblo, de aquel que busca beneficiarse a sí mismo o a unos pocos.

En Estados Unidos, desde la sociedad civil trabajamos para lograr cambios en políticas públicas que atiendan a las condiciones estructurales de inequidad que generan la prevalencia del contagio por COVID-19 en poblaciones históricamente excluidas, como afrodescendientes, latinas y pueblos originarios. Esto supone alzar nuestra voz ante las lamentables decisiones de algunos oficiales electos que han empeorado la situación de estas poblaciones como resultado de sus acciones, tales como la exclusión de la población inmigrante en los paquetes de alivio económico ante la crisis y las limitaciones al derecho al voto. ¿Cómo podemos expresar nuestra voz? 

Organizar: debemos ser parte de esfuerzos comunitarios para generar apoyo mutuo y rechazo a medidas opresivas y contrarias a nuestros interés. Ejemplo de estas acciones son las masivas protestas contra la violencia racial. Se ha pasado de la protesta a pedir a oficiales electos que prioricen la inversión en las comunidades, y la protección de las vidas de las personas que son víctimas de actos de odio y racismo. 

Defender y ejercer el derecho al voto: debemos conocer y educar sobre nuestros derechos políticos: el derecho a votar, el derecho a ser elegido y a ser funcionario público. Debemos conocer nuestros derechos y actuar para que se respeten. Los meses de agosto y septiembre son claves para garantizar que todas las personas habilitadas para votar lo hagan de manera segura, en equidad y con transparencia. 

Diversificar las caras: los representantes electos deben reflejar la diversidad racial, étnica, de origen nacional y de orientación sexual e identidad de género de la sociedad que los eligió. Deben poder responder a los desafíos de los distintos distritos electorales. Los electores esperan encontrar voces y propuestas en las que se vean identificados y que respondan a las necesidades de su comunidad. En los últimos cuatro años hemos visto cómo ha cambiado la composición de los órganos legislativos federales, estatales y locales con más personas que no forman parte de los círculos políticos tradicionales y que provienen del corazón de las comunidades. Se postulan a cargos de elección popular y son electos. Esa es la renovación que están reclamando las comunidades.   

La pandemia nos ha permitido confirmar el compromiso de nuestros gobernantes para responder a las necesidades de atención médica, y de una estrategia frente a la crisis económica que enfrentamos. El ejercicio de los derechos políticos es ahora más importante que nunca. Vamos a elegir a las autoridades que tendrán la responsabilidad de reactivar la economía, de ofrecer salud pública, y de generar las condiciones bajo las cuales podamos salir todos adelante. Debemos ejercer el control ciudadano para garantizar que nuestros líderes políticos respondan a las necesidades de nuestras comunidades y no a intereses privados. Nuestro voto vale hoy más que nunca.

Oscar Chacón es el director ejecutiva de la organización Alianza Américas.

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