El 12 diciembre la cámara de representantes aprobó la “Ley de modernización de la fuerza laboral agrícola de 2019” (The Farm Workforce Modernization Act) con 260 votos a favor y el apoyo de 23 congresistas republicanos. Este podría ser el camino hacia una ley que podría otorgar a trabajadores agrícolas indocumentados una autorización de empleo.

Esta ley beneficiaría a cualquier persona indocumentada que se encuentre en el país, que no haya cometido un crimen grave —que lo convierta en inadmisible—, y que demuestre haber trabajado por lo menos 180 días en agricultura en los dos años anteriores a la aprobación y vigencia del proyecto de ley. Los trabajadores agrícolas a los que se les conceda el estatus de trabajador agrícola certificado (Certified Agricultural Worker o “CAW”) tendrán autorización para trabajar. Para renovar esta certificación la persona necesitaría trabajar en agricultura al menos 100 días al año.

Bajo esta ley los trabajadores certificados tendrían la posibilidad de viajar fuera de los Estados Unidos y regresar. Además cónyuge e hijos serían elegibles para ser dependientes con las mismas protecciones, incluyendo el derecho a trabajar en los Estados Unidos. El estatus de trabajador agrícola certificado así como el de dependiente durarían 5 años y medio y sería renovable.

Esta ley se conoce comúnmente como ley de la tarjeta azul y en 2013, una ley con algunos puntos similares fue presentada por la llamada “pandilla de los 8” congresistas que la impulsaron. “Si le dices a los a trabajadores del campo ley de modernización de la fuerza laboral agrícola de 2019 o Farm Workforce Modernization Act, la mayoría no va a saber de qué hablas, pero si le dices la ‘ley de la tarjeta azul’ entonces sí la reconocen” dijo Armando Elenes, tesorero de unión de campesinos (United Farm Workers), quien además ha estado a cargo de organizar y desarrollar talleres sobre esta ley.

Esta ley, tal y como fue aprobada, presenta tres puntos clave: 

1) Crearía una vía de legalización para los actuales trabajadores agrícolas no autorizados, incluyendo una eventual opción de convertirse en un residente permanente legal (Lawful Permanent Resident o LPR, por sus siglas en inglés).

2) Reformaría el actual programa de visas de trabajadores agrícolas temporales H-2A.

3) Requeriría que todos los empleadores agrícolas implementen un programa reformado de “E-Verify” para asegurar que sus trabajadores estén autorizados. A grandes rasgos, E-Verify es un sistema que compara la información ingresada por un empleador con los registros disponibles de la administración del seguro social (SSA, por sus siglas en inglés) y el departamento de seguridad nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

Esta ley llega en un momento clave para la industria agrícola. 2019 fue un año difícil para los agricultores de Estados Unidos, especialmente, para los agricultores pequeños. Por ejemplo, el tira y afloje de la administración Trump contra China hizo bajar los precios de los productos básicos. Sumado a esto, el cambio climático no ayudó y los incendios en varios lugares del país perjudicaron el rendimiento de las cosechas. 

Ante esta situación el gobierno otorgó subsidios de $16 mil millones de dólares para agricultores, pero a pesar de esto, la deuda de los agricultores alcanzó un máximo histórico. Según la revista Time, la deuda alcanzó los $416 mil millones de dólares y más de la mitad de los granjeros han estado perdiendo dinero desde 2013. No solo eso, entre 2011 y 2018 más de 100.000 granjas cerraron a nivel nacional, de las cuales 12.000 lo hicieron entre 2017 y 2018. Y si se mira el panorama nacional de las últimas décadas —en el cual 4 millones de granjas desaparecieron entre 1948 y 2015—, parece entonces confirmarse lo que ha sido repetido por varios secretarios de agricultura del país, “expándete o desaparece” (Go big or just go).

Así que la situación no está nada fácil en el campo y mucho menos para sus trabajadores. Según el Pew Research, en 2016 la industria agrícola era la industria “con la mayor proporción de inmigrantes no autorizados en su fuerza de trabajo”. De acuerdo con la American Farm Bureau Federation la industria nacional agrícola de los Estados Unidos necesita más o menos 2.4 millones de empleados por año. De aprobarse este proyecto de ley de modernización podría legalizar unos 325.000 inmigrantes que actualmente trabajan en la agricultura y que no tienen estatus legal.

En términos más locales, según Armando Elenes, en el estado de Nueva York “entre 80 ó 100 mil personas se podrían beneficiarse de esta ley. Más o menos 95 por ciento de las personas que trabajan actualmente en las industrias agrícolas en el estado de Nueva York son indocumentados en su gran mayoría o son de ‘los contratados’ [trabajadores H-2A] como les dicen en California, o los ‘Hs’ como les dicen en Arizona”. (El programa H-2A permite a empleadores estadounidenses traer trabajadores extranjeros para ocupar puestos de trabajo agrícolas temporales).

En un artículo anterior, City Limits reportaba que los inmigrantes indocumentados constituían más del 90 por ciento de la fuerza laboral agrícola. Pero para el departamento de agricultura de los Estados Unidos “la proporción de trabajadores agrícolas contratados que no estaban legalmente autorizados para trabajar en los Estados Unidos pasó de aproximadamente el 14 por ciento en 1989-91 a casi el 55 por ciento en 1999-2001; en los últimos años ha estado un poco por debajo del 50 por ciento”.

Sin embargo, tal y como varias de las organizaciones contactadas por City Limits lo remarcaron recientemente, es muy difícil saber un número exacto de cuántos trabajadores agrícolas hay en la actualidad en el estado de Nueva York. El departamento de agricultura y mercados del estado respondió por correo electrónico que no “tiene estadísticas y datos” sobre el número de trabajadores indocumentados en el estado.

Lo que se puede decir del estado de Nueva York es que “la industria que contrata más trabajadores indocumentados es el cultivo de manzanas, seguido de las lecheras, donde los trabajadores encuentran un trabajo que no depende de las estaciones y no es temporal. En tercer lugar está el cultivo de vegetales, especialmente el repollo y la papa, y luego los viveros” dijo Elenes.

Y no solo constituyen la mayoría de la fuerza laboral, los trabajadores indocumentados en las industrias agrícolas reciben además sueldos más bajos que los trabajadores con permisos H2-A o los ciudadanos estadounidenses.

Contrario a lo que piensan quienes dicen que los inmigrantes vienen a quitarle el empleo a los locales, en el caso de la visa H-2A es justamente el departamento de trabajo quien debe certificar que no hay suficientes trabajadores estadounidenses calificados y disponibles para realizar el trabajo involucrado y sobretodo que el empleo del trabajador extranjero no tendrá un efecto adverso en los salarios y condiciones de trabajo de los trabajadores estadounidenses empleados. De este modo los empleadores estadounidenses demuestran la necesidad de un número específico de trabajadores H-2A.

Sobre este punto hasta el departamento de agricultura de los Estados Unidos concuerda en decir que “uno de los indicadores más claros de la escasez de mano de obra agrícola es el hecho que el número de puestos H-2A solicitados y aprobados se ha quintuplicado en los últimos 13 años, de poco más de 48.000 puestos certificados en el año fiscal 2005 a casi 243.000 en el año fiscal 2018”.

Según la United Farm Workers y Worker Justice Center of New York la mayoría de trabajadores H2-A provienen de México, Guatemala, Jamaica y Haití. Solo en 2019, el departamento de trabajo reportó que revisó 8.104 puestos en Nueva York que corresponden al 3.1 por ciento del total nacional. En el estado de Nueva York los trabajadores H2-A reciben en promedio $13.25 dólares por hora.

Por otra parte, los trabajadores indocumentados reciben en promedio entre $10 y $11 dólares por hora en el estado de Nueva York. Una diferencia de dos o tres dólares que al final de una semana puede llegar a los cientos de dólares y a los miles al final de una temporada. En Dunkirk, Nueva York, trabajadores dicen que no trabajan por hora sino que “ganan $0.35 centavos por planta de uva podada.” Sin embargo, este tipo de trabajo depende completamente del clima. “Si está muy frío no podemos trabajar tanto y hacemos menos de $300, que es lo normal por semana”, dice un trabajador indocumentado en Dunkirk.

En cuanto a sus condiciones, según Elenes, los trabajadores indocumentados en Nueva York “viven cerca a las lecherías y muchas veces dependen de alguien que les de un ride [aventón] para el trabajo y para todo. En el caso de los que trabajan en agricultura, buena parte de los trabajadores indocumentados viven en casas dentro de los campos. La mayoría son hombres. Todos viven en un mismo techo. La privacidad personal es muy difícil. Y en Nueva York solo tienes un break de 30 minutos, no pagos, por jornada. Imagínate trabajar ese tiempo en el campo y tener solo 30 minutos”.

José —un pseudónimo para proteger su identidad por miedo a represalia—, trabaja en una lechera en Perry, NY, y dice que su “patrón a veces le paga dos o tres horas menos de las trabajadas. Y uno no pelea porque quiere seguir trabajando”.

Además, los trabajadores indocumentados no pueden exigir que se les pague regularmente, ni que se les pague lo acordado, ni que se les pague horas extras y mucho menos pueden quejarse de las condiciones de trabajo porque si lo hacen —como es bien sabido—, pueden perder el empleo o incluso ser reportados por los mismos empleadores ante agentes de ICE. “Es todavía como servidumbre. Esta ley favorece al empleador”, dice Emma Kreyche, directora de extensión y educación de Worker Justice Center of New York, organización que se opone a esta ley.

Lo que se debate ahora es si esta “Ley de modernización de la fuerza laboral agrícola de 2019” puede resolver los problemas de la industria agrícola.

Buena parte de las críticas a esta ley se enfocan en la falta de libertades que tendrían los trabajadores agrícolas. “Por ejemplo, si un trabajador se certifica y luego sufre un accidente de trabajo o se lesiona, entonces ¿queda por fuera? La agricultura es un trabajo peligroso y tiene poca seguridad y esta ley es limitante para ellos”, dice Kreyche.

Como lo comentó Larisa Jacobson, codirectora de la granja comunitaria Soul Fire Farm, “Estados Unidos tiene una larga historia de negación de protecciones a los trabajadores agrícolas que va desde la esclavitud, sharecroppers, los braceros, hasta los trabajadores con permisos H2-A”.

La alianza nacional de campesinas, organización de mujeres campesinas en los Estados Unidos, expresó en un comunicado la preocupación por el posible impacto en las mujeres campesinas, quienes “tendrían que esperar muchos años para tener la oportunidad de solicitar la residencia permanente legal, exacerbando aún más las disparidades de género existentes dentro del sistema de inmigración que restringen, confinan o excluyen a las mujeres de la legalización”.

El punto en cual todas las organizaciones contactadas estuvieron de acuerdo en criticar fue en el uso de la herramienta de verificación de elegibilidad de empleo, E-Verify por sus siglas en inglés. Organizaciones como la Food Chain Workers Alliance, coalición de organizaciones con trabajadores a largo de la cadena alimenticia, han dicho que “para la mayoría de los empleadores, E-Verify es voluntario y actualmente, no hay industrias enteras a las que se les requiera por ley usar E-Verify”. Además, estas organizaciones se oponen “a la recolección de datos que algún día podrían ser utilizados para criminalizar a los trabajadores”.

Basado en la experiencia de organizaciones como Worker Justice Center of New York y United Farm Workers, los trabajadores indocumentados que trabajan en el estado de Nueva York provienen mayoritariamente de México y Centroamérica. Por ejemplo, en la lechera donde trabaja José hay 20 empleados de los cuales 15 son indocumentados, todos de México, ninguno con permiso H2-A. En una lechera en el pueblo de Wyoming, Nueva York, la situación es idéntica: no hay trabajadores con permiso H2-A, dice un trabajador indocumentado que no quiso ser identificado. “Aquí somos 19 mexicanos trabajando en el campo, todos indocumentados, y ocho americanos que manejan los tractores”.

En Nueva York, los trabajadores agrícolas con permiso H2-A tienen derecho a un período de almuerzo de 30 minutos, no pagos, si su jornada o turno de trabajo es de más de seis horas. Si se trabaja un turno largo que comienza antes de las 11 am y pasa de las 7 pm, el empleador debe proporcionar 20 minutos de receso adicionales. En el caso de los trabajadores indocumentados, tal y como lo describe José, “la jornada empieza normalmente a las 5 am y se termina tipo 6:30 pm o 7 pm. Hay un break para el almuerzo que no se paga y se debe ponchar en la tarjeta el tiempo”.

Pero eso no es todo. Mientras continúan las discusiones sobre la nueva ley federal, en Nueva York algunos dueños de las granjas ya empezaron a implementar la nueva legislación estatal (Farm Workers Bill) antes de entrar en vigencia, y de paso, redujeron el número de horas de trabajo de los indocumentados.

Por ejemplo, lo que más le preocupa actualmente a José es que su patrón, alegando que sigue esta ley estatal aprobada en julio, ha reducido considerablemente el número de horas de trabajo de lo que antes era un promedio de 72 o 75 horas de trabajo por semana a un máximo de 55 horas por semana para no tener que pagar horas extra.

Según la nueva estatal de trabajadores agrícolas de Nueva York, las horas extras deben pagarse al doble y a todo trabajador que exceda las 60 horas por semana. Si bien la ley estatal de trabajadores agrícolas (Farm Workers Bill) debería entrar en vigencia en enero de 2020, hay granjeros que la están implementando desde diciembre de 2019. Y para no afectar la producción de sus granjas simplemente aumentaron el número de trabajadores indocumentados y a cada uno les asignó un máximo de 55 horas de trabajo por semana.

“Desde hace por lo menos un mes el patrón cortó seis horas de trabajo a los trabajadores para no pagar overtime [horas extra] y subió un dólar en el pago” dice un trabajador en Wyoming, Nueva York.

Esto de paso ha afectado el salario de quienes trabajan en el campo como indocumentados porque “ahora tenemos que descansar dos o hasta tres días, dependiendo del horario. La jornada se redujo cuatro horas y el patrón contrató a más indocumentados para que cada uno trabaje 55 horas y a nadie le tenga que pagar horas extras”, dice José.

“Para los que tienen la familia aquí el cambio les da más tiempo de estar con la familia, pero para quienes no tienen familia aquí, como yo”, diferencia un trabajador en Wyoming, “el cambio es muy malo porque yo solo vine a trabajar duro y regresar a México”.

La situación ha cambiado tanto que José asegura que luego de dos años de trabajo en la lechera está pensando en cambiarse a la construcción porque su salario se redujo más de cien dólares por semana.

Si bien la ley estatal de trabajadores agrícolas establece prácticas laborales más justas para los trabajadores agrícolas, los efectos sobre los trabajadores indocumentados son otros. La ley estatal aprobada en julio del año pasado no cubre a los trabajadores agrícolas indocumentados pero la aplicación de la misma parece ser adaptada a conveniencia de los empleadores.

Aún es muy temprano para saber cómo la ley estatal de Nueva York y este proyecto de ley nacional se correlacionarían. Además, entre el gremio de los agricultores hay quienes se oponen y quienes la apoyaron y la promovieron para que fuera aprobada por la cámara de representantes. Por ejemplo, la American Farm Bureau Federation dijo a través de un correo electrónico que “no apoyamos el proyecto de ley final aprobado por la Cámara hoy. Dirigiremos nuestra atención al Senado donde esperamos que se elabore una legislación que proporcione soluciones a largo plazo a la crisis de la fuerza laboral agrícola. Los agricultores necesitan una reforma significativa que aborde las preocupaciones tanto de los trabajadores como de los agricultores”.

Esta misma división se ve entre las organizaciones en defensa de lo derechos de los agricultores. Quienes se oponen dicen que la ley no va lo suficientemente lejos. Del otro lado, organizaciones que están apoyando la ley y que además hicieron parte de la formulación de la misma, como lo señaló Armando Elenes, dicen que “si bien la ley no es la más progresista porque teníamos que tener en cuenta que los republicanos la fueran a aprobar, estamos dando un paso adelante”.

A través de correo electrónico el presidente de Farmworker Justice, Bruce Goldstein, escribió que “el status quo para los trabajadores agrícolas bajo nuestro disfuncional sistema de inmigración es inaceptable y este proyecto de ley es un camino responsable hacia adelante”. Armando Elenes lo resume así: “Como le digo a los trabajadores en los talleres, soñábamos con un Cadillac último modelo pero nos dieron un Chevy, entonces ¿lo tomas o lo dejas —y te quedas sin nada—?”.

Si bien un proyecto de ley como este no se debate en congreso desde el 2013 —cuando el senado aprobó una reforma migratoria amplia (S. 744)—, el camino hasta que se convierta en una ley federal es todavía incierto. Según Skopos Labs, la ley tiene 23 por ciento de probabilidad de ser promulgada.