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En enero de 2023, la administración Biden anunció un nuevo programa de “parole” que permitía a hasta 30.000 personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela emigrar legalmente a EE.UU. cada mes, siempre que tuvieran un patrocinador financiero en el país.
Foto Oficial de la Casa Blanca por Adam Schultz
El presidente Joe Biden camina con agentes de la Patrulla Fronteriza de EE.UU. a lo largo de un tramo de la frontera entre EE.UU. y México, el domingo 8 de enero de 2023, en El Paso.
En enero de 2023, la administración de Joe Biden anunció un nuevo programa de “parole”, conocido oficialmente como Procesos para Cubanos, Haitianos, Nicaragüenses y Venezolanos (CHNV por sus siglas en inglés), que permite que hasta 30.000 personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela emigren legalmente a EE.UU. cada mes, siempre que tuvieran un patrocinador financiero en el país.
El “parole”, como se le conoce en inglés, es un permiso de entrada condicional y temporal del Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés), que permite a los beneficiarios vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos de forma temporal.
Sin embargo, el “parole” no proporciona una vía para estar permanentemente en el país y puede ser revocado. El DHS utiliza la figura del “parole” para pequeños grupos de inmigrantes que reúnen los requisitos necesarios, como es el caso del parole humanitario para los afganos y otros grupos.
Poco después de que se anunciara el programa, el fiscal general de Texas, Ken Paxton —junto con una coalición de otros 19 estados liderados por republicanos— presentó una demanda pidiendo al juez Drew Tipton, nominado y designado por la administración Trump, para detener el programa “parole”.
Siete ciudadanos estadounidenses que han patrocinado a inmigrantes y apoyan el programa, junto con un equipo de abogados de inmigración, se unieron a la demanda para defender el programa junto con el gobierno federal.
El 9 de marzo, el juez Tipton dijo que Texas y otros 19 estados no habían demostrado que habían sufrido daños financieros debido al programa y el programa, por lo tanto, continuaba.
Es probable que Texas y los demás estados apelen la decisión.
Así que para hablar del caso invitamos a Monika Langarica, abogada del Center for Immigration Law and Policy (CILP por sus siglas en inglés) de la facultad de derecho de la University of California en Los Ángeles, quien forma parte del equipo legal que defendió el programa.
Todos los detalles en nuestra conversación a continuación:
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