El pasado 14 de abril, tres organizaciones de defensa de los inmigrantes (Mijente, Community Justice Exchange y Just Futures Law) presentaron una demanda contra el Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés) para obtener información sobre los datos que la agencia está recopilando de los inmigrantes vigilados a través del programa alternativo a la detención.

Flickr/ U.S. Immigration and Customs Enforcement

Desde que el presidente Joe Biden asumió el cargo, el número de inmigrantes en el programa alternativo a la detención (Alternatives to Detention o ATD por sus siglas en inglés) se ha disparado y según datos federales publicados el 14 de abril, más de 216.000 personas con casos pendientes ante los tribunales de inmigración se han incluido en este programa de seguimiento y vigilancia intensiva.


El mismo 14 de abril, tres organizaciones de defensa de los inmigrantes (Mijente, Community Justice Exchange y Just Futures Law) presentaron una demanda contra el Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés) para obtener información sobre los datos que la agencia está recopilando de los inmigrantes vigilados a través del programa alternativo a la detención.

En septiembre de 2021 estas organizaciones habían solicitado por primera vez esta información a la agencia a través de una solicitud de la Ley de Libertad de Información (Freedom of Information Act o FOIA por sus siglas en inglés).

Entre la información que están solicitando se encuentra saber qué datos BI Incorporated está recogiendo a través de su aplicación Smartlink. Según Time, aproximadamente el 75 por ciento de las personas inscritas en el programa son supervisadas a través de esta aplicación que usa reconocimiento facial y de voz, y seguimiento por GPS.

BI Inc es una filial de GEO Group, uno de los mayores operadores de centros de detención del país. En febrero de este año, Reuters reportaba que GEO Group gestionará el programa a través de su filial BI Incorporated —fundada en 1978 para vigilar ganado y adquirida por Geo Group en 2011.

En los días posteriores a la inauguración de Biden en 2021, unas 86.860 personas eran monitoreadas a través del programa alternativo a la detención y para abril de este año esa cifra ya sobrepasaba las 200.000 personas.

Para conocer los detalles de la demanda invitamos a dos representantes de las organizaciones demandantes: Citlaly Mora Hernandez, directora de comunicaciones de Just Futures Law y Ana María Rivera-Forastieri, directora de organización de justicia en Community Justice Exchange.
Más detalles en nuestra conversación a continuación.

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