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Con el fallo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) podría hacer expulsiones rápidas en todo el país —ya no solo cerca de la frontera—de inmigrantes que no puedan demostrar que han estado en el país durante dos años o más.
El pasado 23 de junio, un tribunal federal de apelación en el Distrito de Columbia le permitió a la administración del presidente Donald Trump reanudar las deportaciones aceleradas (Expedited Removal en inglés) de migrantes indocumentados en todo el territorio de Estados Unidos, y no solo cerca de la frontera.
Todo empezó en febrero de 2025, cuando la organización Se Hace Camino Nueva York (Make the Road New York) y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) se unieron para presentar una demanda. Dicen que la nueva guía no cumple con la ley federal y la Quinta Enmienda sobre garantías procesales, porque prácticamente elimina las audiencias judiciales completas que los inmigrantes tienen derecho a recibir.
Las deportaciones expeditas consisten en que las autoridades migratorias pueden deportar a una persona tras una inspección rápida, sin necesidad de una audiencia completa ni de comparecer ante un juez.
Se ha usado antes con los inmigrantes que llegaban por mar o que eran pillados en la frontera o cerca de ella poco después de cruzarla.
Incluso, por un tiempo, fue redefinida. Biden, por ejemplo, implementó guías para deportaciones aceleradas a algunos inmigrantes en marzo de 2022 que estaban en un radio de 100 millas de las fronteras internacionales, pero Trump las anuló en enero del año pasado.
La nueva guía es casi idéntica a la que adoptó la administración Trump en 2019 y que la administración Biden derogó posteriormente.
Con el fallo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) podría hacer expulsiones rápidas en todo el país —ya no solo cerca de la frontera—de inmigrantes que no puedan demostrar que han estado en el país durante dos años o más.
Tras la demanda presentada en 2025, la jueza federal de distrito Jia Cobb bloqueó la aplicación de esas políticas, pero el Tribunal del Distrito de Columbia no se mostró de acuerdo y el juez Justin Walker, nombrado por Trump, dijo que la administración estaba autorizada para ampliar “la expulsión acelerada hasta el máximo permitido por el Congreso”.
Tras el fallo, Se Hace Camino Nueva York, una organización sin ánimo de lucro que aboga por los derechos de los inmigrantes, dijo que estaba evaluando qué es lo que sigue después del fallo.
Así que para hablar sobre el caso, la demanda y las nuevas implicaciones invitamos a Harold Solis, codirector legal de Se Hace Camino Nueva York.
Más detalles en nuestra conversación a continuación.
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