En este episodio conversamos con Ariel Ruiz Soto, analista político del Migration Policy Institute o MPI (por sus siglas en inglés) y analizamos la decisión de la administración Biden de finalmente eliminar el programa “Permanecer en México”.

U.S. Customs and Border Protection/Glenn Fawcett

Solicitantes de asilo en el programa de Protocolos de Protección al Migrante en la frontera cerca de Paso, Texas, en 2021.

Más de un mes después de que la Corte Suprema permitiera a la administración Biden poner fin al programa de Protocolos de Protección al Migrante, mejor conocido como programa “Permanecer en México” o MPP por sus siglas, y  solo después de que el juez de distrito retirara su orden de bloquear el fin de MPP, la administración Biden procede a dar de baja a los migrantes que todavía estaban inscritos en el MPP y con ello finalmente se empieza a desmantelar dicho programa.


Como hemos explicado en otras ocasiones MPP se utilizó para mantener a los solicitantes de asilo esperando en México y en su apogeo atrapó a decenas de miles de solicitantes de asilo, quienes a menudo enfrentan graves peligros y permanecieron sin representación legal mientras esperaban por sus procesos judiciales. Hasta el 2018, los inmigrantes eran detenidos en la frontera y, si expresaban temor de regresar a su país de origen, se les sometía a un proceso de asilo.

MPP otorgaba al poder ejecutivo la capacidad de tomar a una persona sin estatus actual que “llegue por tierra (sea o no a un puerto de llegada designado) desde un territorio extranjero contiguo a Estados Unidos” y devolverla a ese territorio “en espera de un procedimiento”, es decir, un procedimiento de expulsión.

Como medida restrictiva el programa MPP tuvo más 71.000 personas registradas: la mayoría de ellas carecían de representación legal y la mayoría recibieron órdenes de deportación. Sin embargo, desde el punto de vista logístico y humanitario, el MPP fue un desastre. El bajo índice de representación legal para aquellos solicitando asilo significó que incluso aquellos inmigrantes con solicitudes de asilo válidas a menudo no tenían ninguna oportunidad en el tribunal de inmigración. Los pocos que consiguieron probar sus casos tuvieron que enfrentarse a las apelaciones del gobierno, lo que significaba que eran devueltos a México a pesar de que se les había concedido protección.

Biden intentó poner fin al programa el año pasado, pero su administración fue demandada por Texas y Missouri. Los estados alegaron, entre otras cosas, que poner fin al MPP violaría la Ley de Inmigración y Nacionalidad, también conocida como Título 8, y el juez de distrito Matthew Kacsmaryk, de Texas, designado por Trump, se puso del lado de los demandantes, ordenando a la administración Biden reiniciar el MPP. El Quinto Circuito confirmó esta decisión.

En junio 30, la Corte Suprema anuló a los tribunales inferiores y permitió que se pusiera fin al MPP. Además determinó que los tribunales inferiores a él no tenían poder ni siquiera para dictar órdenes judiciales contra una amplia gama de asuntos de aplicación de la ley de fronteras e inmigración.

La administración Biden no tomó ninguna medida inmediata para acabar con el MPP y finalmente confirmó que no seguiría adelante hasta que se levantara oficialmente el mandato judicial de los tribunales inferiores, a pesar de que ya había sido declarado ilegal por la Corte Suprema. Esto no podía hacerse hasta que la Corte Suprema certificara oficialmente la decisión y la devolviera, lo que tardó casi un mes en hacer.

El 6 de agosto el tribunal de distrito  emitió el mandato y la orden judicial se levantó dos días después. En este episodio conversamos con Ariel Ruiz Soto, analista político del Migration Policy Institute o MPI (por sus siglas en inglés) y analizamos la decisión de la administración Biden de finalmente eliminar el programa “Permanecer en México”.

Todos los detalles en nuestra conversación a continuación.

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