¿Qué sigue después de que la Corte Suprema permitiera poner fin al programa Permanecer en México?

En este episodio conversamos con Ariel Ruiz Soto, analista político del Migration Policy Institute o MPI (por sus siglas en inglés) y analizamos la decisión de la administración Biden de finalmente eliminar el programa “Permanecer en México”.

Más de un mes después de que la Corte Suprema permitiera a la administración Biden poner fin al programa de Protocolos de Protección al Migrante, mejor conocido como programa “Permanecer en México” o MPP por sus siglas, y  solo después de que el juez de distrito retirara su orden de bloquear el fin de MPP, la administración Biden procede a dar de baja a los migrantes que todavía estaban inscritos en el MPP y con ello finalmente se empieza a desmantelar dicho programa.

Como hemos explicado en otras ocasiones MPP se utilizó para mantener a los solicitantes de asilo esperando en México y en su apogeo atrapó a decenas de miles de solicitantes de asilo, quienes a menudo enfrentan graves peligros y permanecieron sin representación legal mientras esperaban por sus procesos judiciales. Hasta el 2018, los inmigrantes eran detenidos en la frontera y, si expresaban temor de regresar a su país de origen, se les sometía a un proceso de asilo.

MPP otorgaba al poder ejecutivo la capacidad de tomar a una persona sin estatus actual que “llegue por tierra (sea o no a un puerto de llegada designado) desde un territorio extranjero contiguo a Estados Unidos” y devolverla a ese territorio “en espera de un procedimiento”, es decir, un procedimiento de expulsión.

Como medida restrictiva el programa MPP tuvo más 71.000 personas registradas: la mayoría de ellas carecían de representación legal y la mayoría recibieron órdenes de deportación. Sin embargo, desde el punto de vista logístico y humanitario, el MPP fue un desastre. El bajo índice de representación legal para aquellos solicitando asilo significó que incluso aquellos inmigrantes con solicitudes de asilo válidas a menudo no tenían ninguna oportunidad en el tribunal de inmigración. Los pocos que consiguieron probar sus casos tuvieron que enfrentarse a las apelaciones del gobierno, lo que significaba que eran devueltos a México a pesar de que se les había concedido protección.

Biden intentó poner fin al programa el año pasado, pero su administración fue demandada por Texas y Missouri. Los estados alegaron, entre otras cosas, que poner fin al MPP violaría la Ley de Inmigración y Nacionalidad, también conocida como Título 8, y el juez de distrito Matthew Kacsmaryk, de Texas, designado por Trump, se puso del lado de los demandantes, ordenando a la administración Biden reiniciar el MPP. El Quinto Circuito confirmó esta decisión.

En junio 30, la Corte Suprema anuló a los tribunales inferiores y permitió que se pusiera fin al MPP. Además determinó que los tribunales inferiores a él no tenían poder ni siquiera para dictar órdenes judiciales contra una amplia gama de asuntos de aplicación de la ley de fronteras e inmigración.

La administración Biden no tomó ninguna medida inmediata para acabar con el MPP y finalmente confirmó que no seguiría adelante hasta que se levantara oficialmente el mandato judicial de los tribunales inferiores, a pesar de que ya había sido declarado ilegal por la Corte Suprema. Esto no podía hacerse hasta que la Corte Suprema certificara oficialmente la decisión y la devolviera, lo que tardó casi un mes en hacer.

El 6 de agosto el tribunal de distrito  emitió el mandato y la orden judicial se levantó dos días después. En este episodio conversamos con Ariel Ruiz Soto, analista político del Migration Policy Institute o MPI (por sus siglas en inglés) y analizamos la decisión de la administración Biden de finalmente eliminar el programa “Permanecer en México”.

Todos los detalles en nuestra conversación a continuación.

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