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El 31 de julio expiró el contrato federal con organizaciones sin ánimo de lucro para que presten asistencia jurídica a más de 25.000 menores inmigrantes no acompañados en el país. Los defensores dijeron que algunas organizaciones tendrán que reducir su capacidad o incluso suspender la asistencia.
El 31 de julio expiró el contrato federal con organizaciones sin ánimo de lucro para que presten asistencia jurídica a más de 25.000 menores inmigrantes no acompañados en el país.
En los Estados Unidos, unas 90 organizaciones sin ánimo de lucro ofrecen estos servicios jurídicos. Tras la expiración del contrato, los defensores dijeron que algunas organizaciones tendrán que reducir su capacidad o incluso suspender la asistencia.
La Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR por sus siglas en inglés), la agencia federal responsable de los menores no acompañados, es una oficina de programas de la Administración de Asuntos de Niños y Familias (ACF por sus siglas en inglés) dentro del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS por sus siglas en inglés), la agencia encargada de la atención de los niños inmigrantes, y que supervisa el contrato.
En 2024, el Congreso destinó unos $5.000 millones para financiar el programa hasta septiembre de 2027.
Sin embargo, con la llegada de la segunda administración del presidente Donald Trump, la administración ha querido suspender el contrato que presta estos servicios. Es la segunda vez que el gobierno de Trump intenta dejar de financiar estos servicios. En febrero de 2025, el gobierno federal suspendió la asistencia legal a menores no acompañados, pero la revocó pocos días después.
En junio de 2025, un juez federal de California ordenó a la administración Trump que restableciera el contrato con Acacia Center for Justice y continuara financiando el programa. Desde entonces, el contrato se ha prorrogado, pero expiró el último día de julio.
En 2025 se supo que la administración Trump estaba ordenando a los agentes de inmigración que rastrearan a los menores que entraron en Estados Unidos sin sus padres, con el objetivo de realizar lo que el gobierno ha denominado “controles de bienestar” para asegurarse de que estén a salvo.
Sin embargo, tras estas visitas, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) ha detenido e incluso deportado a varios de los adultos que habían patrocinado y acogido a los menores.
Así que para hablar sobre el contrato, lo que ha pasado con este desde 2025 y su expiración en julio, invitamos a Karina Ramos, abogada directora del Immigrant Defenders Law Center (Imm Def), una de las organizaciones que prestan servicios en California.
Más detalles en nuestra conversación a continuación.
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