Recortes presupuestales del alcalde impactarán servicios legales y clases de inglés para inmigrantes de la ciudad

Los recortes, incluidos algunos previstos para el próximo año fiscal que comienza en julio, incluyen reducciones para programas que ofrecen clases de inglés y ayuda legal a personas en riesgo de deportación, en un momento en que la demanda de estos servicios no para de aumentar, dicen los proveedores.

Este artículo se publicó originalmente en inglés el 30 de noviembre. Traducido por Daniel Parra. Read the English version here.

A principios de noviembre, el alcalde Eric Adams ordenó a las agencias de la ciudad que redujeran el gasto como parte de una modificación del presupuesto de noviembre que actualizará los planes de presupuesto previstos de la ciudad para el año fiscal en curso y los tres siguientes, lo que afectará a una amplia gama de programas, agencias, departamentos y puestos que repercuten directamente en los neoyorquinos.

Durante el anuncio del Program to Eliminate the Gap (PEG por sus siglas en inglés), el alcalde declaró que los retos económicos de la ciudad se deben a múltiples factores coincidiendo al mismo tiempo: la reducción de los impuestos, el fin del programa federal de estímulo por COVID, los sustanciales aumentos salariales de los trabajadores municipales y la continua llegada de inmigrantes a la ciudad. Días después de ese anuncio, el Daily News informaba de que el presupuesto para inmigrantes recién llegados y solicitantes de asilo se reduciría en $2.100 millones de dólares.

Pero el impacto de los recortes en las comunidades inmigrantes va más allá: la financiación de otros servicios, como las clases de inglés y la ayuda legal para personas en riesgo de deportación, también está en la cuerda floja en un momento en que la demanda no hace más que aumentar, dicen los proveedores.

“Ya ha habido una reducción de la financiación municipal. Así que estamos tratando de satisfacer este aumento de la necesidad con recursos cada vez más reducidos, lo que ha sido un reto”, dijo Jodi Ziesemer, directora de la unidad de protección de los inmigrantes del New York Legal Assistance Group (NYLAG por sus siglas en inglés). 

NYLAG, junto con Make the Road New York (Se Hace Camino Nueva York) y Unlocal, proporcionan servicios legales de inmigración a través del Rapid Response Legal Collective (Colectivo Legal de Respuesta Rápida), que según el plan del alcalde verá recortada su financiación por parte de la ciudad en $306.000 dólares para el próximo año fiscal que comienza en julio. Eso se suma a un recorte de fondos anterior de $183,000 dólares de la ciudad a principios de este año.

El programa, creado en 2019 con $1 millón de dólares tanto de la alcaldía como del gobierno estatal, ha recibido desde entonces más de 1.500 referidos en una amplia gama de casos de inmigración, desde personas detenidas, a punto de ser detenidas y deportadas, o aquellos que buscan reabrir casos. Aunque la iniciativa también sigue recibiendo financiación del estado, ese dinero se utiliza para cubrir una mayor variedad de casos, incluidos los que se encuentran fuera de la ciudad, según NYLAG.

En septiembre, el colectivo recibió unas 80 solicitudes; en octubre, 90 –cuatro veces más que en el mismo mes del año pasado– y en noviembre, entre 10 y 15 al día. Irónicamente, muchas de ellas proceden de la Office of Asylum Seeker Operations (Oficina de Operaciones de Solicitantes de Asilo u OASO por sus siglas en inglés) de la alcaldía, incluidos casos de solicitantes de asilo que no han acudido a las audiencias y ahora se enfrentan a órdenes definitivas de deportación.

“Estamos aceptando tantos de esos casos como razonablemente podemos”, dijo Ziesemer.

Cuando se le preguntó acerca de los recortes, un portavoz de la Oficina del Alcalde de Asuntos de Inmigrantes (MOIA por sus siglas en inglés), que supervisa el programa, dijo que la agencia “sigue comprometida con la ayuda a todos los inmigrantes nuevos y de larga data en la ciudad.”

“Pero como hemos dicho una y otra vez, sin un apoyo estatal y federal significativo y oportuno para gestionar la grave crisis humanitaria a la que nos enfrentamos, tendremos que tomar más decisiones difíciles y dolorosas que afectarán a todos los neoyorquinos”, dijo la portavoz Shaina Coronel.

MOIA dijo que cualquier carga de trabajo manejada por el Rapid Response Legal Collaborative afectada por los recortes será transferida a la Immigrant Opportunities Initiative, otro programa financiado por la ciudad que maneja casos de inmigración. Las tres organizaciones que operaban Rapid Response, no obstante, dicen que las iniciativas no son intercambiables.

“Creamos este programa porque esos servicios no tienen especialización”, dijo Ziesemer. Es mucho lo que está en juego para los clientes que representan, añadió, especialmente los que han recibido órdenes de deportación y buscan reabrir sus casos de inmigración.

“La gente sólo tiene una oportunidad de conseguir una moción de reapertura en toda la duración de su caso”, dijo Ziesemer. “Y si no preparan una moción adecuada y se la deniegan, perderán para siempre la oportunidad de reabrir y volver a litigar su caso”.

Otro programa gestionado por MOIA también sufrirá recortes de presupuesto en virtud del PEG, a partir del próximo año fiscal que comienza en julio. La iniciativa We Speak NYC de la ciudad, que ofrece clases gratuitas centradas en la educación cívica y recursos para el aprendizaje del inglés, sufrirá una reducción de $255.000 dólares. Coronel explicó que gran parte de la financiación de este programa se destinó a la producción de vídeos de alto costo, como la primera temporada de la primera serie de la serie “We Speak NYC”.

Anteriormente conocido como “We are New York”, el programa dependía en gran medida de voluntarios e inicialmente se dirigía a estudiantes de nivel intermedio. Según MOIA, actualmente están reestructurando We Speak NYC para incluir un plan de estudios de nivel principiante y clases presenciales en barrios con gran densidad de inmigrantes, y han añadido subtítulos en más de 10 idiomas.

Otros impactos

Entre los recortes por los que Adams ha sido más criticado se encuentran la reducción de $547 millones de dólares al Departamento de Educación de Nueva York y el recorte de $23,6 millones de dólares a los tres sistemas de bibliotecas de la ciudad (Brooklyn, Queens y Nueva York), que atienden a la población inmigrante con servicios como conexión a Internet o clases gratuitas de inglés para hablantes de otras lenguas (ESOL por sus siglas en inglés).

“La Biblioteca Pública de Nueva York es un centro vital de ESOL, que ofrece una amplia gama de clases formales e informales a través de 34 sucursales en el Bronx, Manhattan y Staten Island”, dijo Sara Beth Joren, portavoz de la Biblioteca Pública de Nueva York (NYPL por sus siglas en inglés).

Con la llegada de más de 140.000 solicitantes de asilo a la ciudad de Nueva York desde la primavera de 2022, de los cuales aproximadamente 66.400 permanecen en los sistemas de refugio de la ciudad, la demanda de clases de inglés y programas de alfabetización para adultos ha aumentado en los tres sistemas de bibliotecas públicas de la ciudad.

NYPL informa de un aumento del 113 por ciento en la inscripción de ESOL, de 71.373 en el año fiscal 2022 a 152.214 en el año fiscal 2023. La Biblioteca Pública de Queens informa de un aumento del 35 por ciento entre el año pasado y este año, pasando de 46.089 personas en 4.140 programas ESOL a 62.313 personas en 4.669 programas en octubre.

Otros de los programas ofrecidos en las bibliotecas son las clases de ciudadanía, que también han experimentado un aumento en el último año. La Biblioteca de Brooklyn, por ejemplo, ha multiplicado casi por dos el número de asistentes: 543 el año pasado y 1.083 en lo que va de este.

Los recortes, dijo la portavoz de la biblioteca de Brooklyn, Fritzi Bodenheimer, significan que “habrá menos clases y recursos disponibles para los usuarios, incluidos los que buscan clases de ESOL y programas similares”.