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Los primeros desalojos de familias inmigrantes con niños bajo la política de estadía de 60 días de la alcaldía comenzó el 9 de enero. Desde entonces, unas 1.600 familias se han visto obligadas a abandonar sus refugios tras expirar su plazo, mientras que otras 7.200 han recibido avisos de 60 días que expirarán en las próximas semanas.
Adi Talwar
Elizabeth Leon, embarazada de cinco meses, cruza la ciudad con sus hijos para volver a solicitar una plaza en un refugio.Este artículo se publicó originalmente en inglés el 1 de febrero. Traducido por Daniel Parra. Read the English version here.
A finales de enero, la familia de Ramón Villazana tuvo que abandonar el Centro de Respuesta y Ayuda Humanitaria de Emergencia (HERRC por sus siglas en inglés) del Holiday Inn en Manhattan, cuando expiró su plazo de 60 días de estancia que la administración de Eric Adams impuso a los familias recién llegadas.
Tras perder su trabajo en construcción unas semanas antes, consideraba la posibilidad de trasladarse a Filadelfia —donde había vivido tras salir de Venezuela y antes de venir a la Gran Manzana— o seguir intentándolo en Nueva York. Y aunque la ciudad ofrece viajes subvencionados fuera de la ciudad a los inmigrantes que quieran trasladarse a otro lugar, dijo que su familia decidió marcharse por su cuenta porque en el HERRC le dijeron que tardarían unos 10 días en conseguir los billetes para él, su mujer y su hija de 3 años.
El 9 de enero comenzaron los primeros desalojos de familias inmigrantes con niños bajo la política de la alcaldía, con unas 40 familias que debían marcharse ese día.
En las tres semanas transcurridas desde entonces, unas 1.600 familias con niños han tenido que abandonar los albergues al expirar su plazo, mientras que otras 7.200 familias han recibido avisos de 60 días para encontrar un alojamiento alternativo, según datos de la alcaldía.
“Estas cifras son alarmantes”, declaró Alexa Avilés, recién nombrada presidenta del Comité de Inmigración del concejo de la ciudad. “Debemos comprender el alcance de los daños causados por las normas de 30 y 60 días de esta administración a las personas que se encuentran en el sistema de albergues. Con la ayuda estatal prometida por Albany y unos ingresos por recaudación de impuestos mejores de lo esperado, es inaceptable, inhumano e irresponsable que la ciudad de Nueva York se dedique a desplazar a familias vulnerables”.
Si bien el alcalde ha señalado que las familias con hijos pueden volver a solicitar su ingreso en el sistema una vez finalizado el plazo, docenas —como Villazana— han optado por no hacerlo y, en su lugar, han abandonado la ciudad.
La oficina del alcalde dijo que todavía está recopilando información sobre cuántas familias han vuelto a solicitar su reingreso en el sistema. Pero hasta ahora, todas las familias con hijos que lo han hecho han recibido otra asignación, explicó la alcaldía.
No obstante, los plazos de estadía han provocado una avalancha de críticas, cartas de concejales y una investigación de la oficina del contralor, que también está recogiendo opiniones en Internet sobre esta política.
La alcaldía dijo que aún está recopilando datos sobre el número de familias con niños en edad escolar que han sido reubicadas en albergues situados en distritos distintos de sus escuelas. Y añadió que está haciendo todo lo posible para mantener a los niños en el mismo condado, especialmente los niños en edad de escuela primaria. De no ser así, la ciudad está legalmente obligada a proporcionar transporte entre la escuela y el nuevo lugar de acogida de la familia.
“Es muy preocupante”, afirma Isabella Rieke, directora de comunicaciones de Advocates for Children. “Estos traslados están haciendo casi imposible que los niños permanezcan en la misma escuela”.
Unas 40 familias inmigrantes cuyos miembros han acudido al centro dedicado a dar pasajes gratuitos de un sólo trayecto (Reticketing Center) en el East Village han recibido hasta ahora un billete de reubicación, dijo la oficina del alcalde. Ramón dijo desconocer esta posibilidad.
El centro dedicado a dar pasajes gratuitos (Reticketing Center) es también el único lugar donde los inmigrantes adultos pueden volver a solicitar otra ubicación en el sistema al final de sus estancias de 30 días, un proceso que ha dejado a cientos de inmigrantes haciendo fila en el frío todos los días, y durmiendo en los suelos de las iglesias que la ciudad utiliza como “waiting areas” (zonas de espera).
La alcaldía ha mantenido que la política de límite de acogida para los inmigrantes recién llegados es necesaria para gestionar el espacio y los recursos limitados en un sistema desbordado. “Nos habíamos quedado sin espacio y el coste de hacerlo… era un peso que no podíamos seguir soportando”, declaró el alcalde Adams en una reciente rueda de prensa.
El informe más reciente del Concejo sobre gastos presupuestados y estimados relacionados con la respuesta a los solicitantes de asilo suma $4.720 millones de dólares para el año fiscal 2024. Gran parte de este dinero está asociado a los gastos de NYC Health + Hospitals y del Departamento de Servicios para Personas sin Hogar (DHS por sus siglas en inglés), que gestiona los lugares donde se aloja a la mayoría de los inmigrantes y solicitantes de asilo.
Durante meses, tanto el alcalde Adams como la gobernadora Kathy Hochul han insistido en la importancia del empleo como vía para salir de los albergues. La gobernadora Hochul presentó la semana pasada un plan para contratar a inmigrantes en el sector público, como informó Bloomberg News, como parte de una serie de iniciativas lanzadas por el Estado para ayudar a estabilizar a los solicitantes de asilo.
Durante su rueda de prensa semanal el 30 de enero, el alcalde acogió con satisfacción la idea de contratar a los recién llegados que ya tienen permiso de trabajo para empleos públicos de nivel básico. "Tenemos que encontrar un lugar y una forma creativa, como hemos dicho una y otra vez, de permitir que la gente trabaje", dijo Adams. "Por ejemplo, tenemos escasez de salvavidas. Me encantaría utilizar a inmigrantes y solicitantes de asilo para ayudar con la escasez de salvavidas".
Aunque el estado ha puesto en marcha el Migrant Relocation Assistance Program (Programa de Ayuda a la Reubicación de Migrantes o MRAP por sus siglas en inglés), dotado con $25 millones de dólares para reasentar a familias solicitantes de asilo en otras partes de Nueva York con la esperanza de aliviar la presión sobre los refugios de la ciudad, el progreso del programa es lento. De las 1.250 familias que pretende reubicar proporcionándoles ayudas para el alquiler y servicios sociales, sólo se ha reubicado a 100 hasta ahora.
"El Estado debe hacer que este programa funcione para que la gente pueda salir de los refugios lo antes posible", dijo Josh Goldfein, de Legal Aid Society. "Poner en marcha este programa sería un mejor uso del tiempo de todos que tener a la gente volviendo a una oficina municipal a intervalos arbitrarios para responder a preguntas de las que todos sabemos las respuestas".
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