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Los defensores de la lucha contra el hambre están presionando para que el estado dé una respuesta más contundente que cubra las carencias creadas por los recortes en la financiación federal y los nuevos requisitos laborales para el SNAP.
Este artículo se publicó originalmente en inglés el 23 de marzo. Traducido por Daniel Parra. Read the English version here.
La gobernadora, la Asamblea y el Senado estatal han puesto sus cartas sobre la mesa con sus respectivas propuestas presupuestarias, y los legisladores tienen hasta el 1 de abril para acordar y aprobar un plan de gastos para el próximo año.
Aunque el hambre ha sido durante mucho tiempo un reto para muchas familias neoyorquinas, los programas de ayuda alimentaria han visto recortes presupuestarios federales y cambios en requisitos de elegibilidad, como consecuencia de la aprobación por parte del Congreso de la H.R. 1, también conocida como la “One Big Beautiful Bill Act” del presidente Trump, en 2025.
Los cambios incluyen nuevos requisitos laborales para cientos de miles de hogares locales que dependen del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP por sus siglas en inglés), lo que, según los expertos, dificultará el acceso a estas prestaciones.
Los defensores de la lucha contra el hambre están presionando para que el presupuesto estatal dé una respuesta más contundente que cubra esas carencias. Y aunque elogiaron la inclusión de algunos programas en los presupuestos iniciales presentados por la gobernadora Kathy Hochul, el Senado y la Asamblea, temen que aún queden lagunas por cubrir.
“Aunque las tres propuestas incluyen inversiones importantes en programas de acceso a alimentos y de protección social, sigue existiendo una brecha significativa entre la magnitud de las necesidades y los recursos propuestos actualmente, especialmente a medida que disminuye el apoyo federal al SNAP y se endurecen las restricciones de elegibilidad”, reconoció por correo electrónico la asambleísta Maritza Dávila, presidenta del comité de servicios sociales.
Qué se incluye
Según los defensores, las propuestas de financiación más aplaudidas son los aumentos para el Hunger Prevention and Nutrition Assistance Program (un programa de prevención del hambre) —que apoya a los bancos de alimentos y las despensas— y el programa Nourish NY —que proporciona fondos a los bancos de alimentos para que compren directamente a los agricultores. Los planes presupuestarios del Senado y la Asamblea solicitan $75 millones de dólares por cada iniciativa, pero la gobernadora propuso menos ($51 y $55 millones de dólares, respectivamente).
La Asamblea solicita $2 millones de dólares y el Senado $3 millones, para el programa Double Up Food Bucks, que ofrece a los beneficiarios del SNAP dinero adicional para comprar productos frescos en las tiendas y mercados agrícolas participantes.
Ambas cámaras también quieren duplicar la deducción fiscal para los agricultores que donen a los bancos de alimentos, y han propuesto crear un programa similar para los restaurantes, según la oficina de la asambleísta Donna Lupardo, presidenta del comité de agricultura.
Joel Berg, director ejecutivo de Hunger Free America, afirmó que el plan presupuestario del Senado es más sólido que el presentado por la gobernadora Hochul y la Asamblea, ya que incluye fondos adicionales para el Programa para mujeres, bebés y niños (WIC por sus siglas en inglés), que proporciona alimentos a mujeres con bajos ingresos embarazadas y en posparto, así como a niños menores de 5 años.
“Aplaudimos la inversión del Senado de $15 [millones] de dólares en fondos adicionales para el WIC, y animamos a los líderes estatales a ampliar esa inversión, proporcionando $30 [millones] de dólares en el presupuesto final”, dijo Krista Hesdorfer, directora de relaciones públicas de Hunger Solutions New York.
Hesdorfer explicó que la participación en el WIC en Nueva York ha aumentado casi un 25 por ciento en los últimos cinco años, pero la financiación para las agencias locales que administran el programa no ha seguido el mismo ritmo. “La financiación también nos permitiría llegar a más de los aproximadamente 200.000 neoyorquinos que probablemente cumplan los requisitos para el WIC pero que aún no participan, lo que supone una oportunidad perdida para aprovechar al máximo los programas federales contra el hambre”, señaló Hesdorfer.
Otro punto que los defensores acogieron con satisfacción de la propuesta del Senado es la petición de $3 millones de dólares para crear un programa estatal destinado a reembolsar los fondos del SNAP que hayan sido robados.
Aunque el presupuesto ejecutivo de Hochul incluye la modernización de las tarjetas de Transferencia Electrónica de Beneficios —añadiendo chips de seguridad para evitar la clonación de tarjetas, mediante el cual los ladrones roban la información de las cuentas de los participantes en el SNAP—, esas mejoras no se pondrán en marcha hasta febrero de 2027.
Mientras tanto, las víctimas del skimming “no tienen ningún recurso”, afirmó en un comunicado el senador Zellnor Myrie, quien presentó un proyecto de ley para crear el fondo de compensación. “Solo se tarda un minuto en robar o clonar las prestaciones del SNAP a neoyorquinos desprevenidos, que solo se enteran del robo cuando tienen un carrito lleno de los alimentos que necesitan”, dijo.
El dinero serviría para reembolsar a las víctimas a quienes les hayan robado o defraudado sus prestaciones del SNAP o de asistencia en efectivo, que agobia a miles de neoyorquinos con bajos ingresos. El gobierno federal dejó de reemplazar las prestaciones robadas a finales de 2024.
“Es una iniciativa que hemos apoyado y estamos muy ilusionados de ver cómo avanza”, afirmó Leah Kabran Eden, directora ejecutiva de Equity Advocates, una organización con sede en Nueva York que apoya a los líderes de la justicia alimentaria.
La asambleísta Dávila explicó que la Oficina de Asistencia Temporal y por Discapacidad, encargada de administrar el programa SNAP a nivel estatal, ya ha seleccionado un proveedor para actualizar las tarjetas, “aunque aún no está claro si finalmente se necesitará financiación adicional”.
Lo que se ha dejado fuera
Una de las principales lagunas que han dejado los recortes federales al SNAP y que ninguna de las propuestas presupuestarias aborda es el Programa de Educación del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP-Ed). Este programa financia programas de educación nutricional para familias de bajos ingresos y está destinado a terminar este año después de que el gobierno federal recortara su presupuesto de $29 millones de dólares.
“Llevamos dando la voz de alarma sobre el SNAP-Ed a nivel estatal desde julio, cuando analizábamos las consecuencias de la HR 1″, afirmó Taisy Conk, directora de programas de alimentación y nutrición de Children’s Aid, uno de los 18 proveedores de todo el estado que gestionan programas SNAP-Ed. “Cuando se aprobó, vimos que los estados tenían la oportunidad de intervenir y mantener el programa en marcha antes de que desapareciera”.
Otro cambio provocado por la HR 1 es que varias categorías de inmigrantes que antes tenían derecho al SNAP —entre ellos, refugiados, asilados y víctimas de tráfico— ahora quedaron excluidas del acceso a las prestaciones.
Para compensarlo, los defensores están impulsando la campaña SNAP4ALL New York, que invertiría $244 millones de dólares para crear un nuevo programa de prestaciones alimentarias financiado por el estado, una recomendación formulada por el Consejo Asesor para la Reducción de la Pobreza Infantil del gobernador. Estaría dirigido a los neoyorquinos que han perdido recientemente su derecho al SNAP y a aquellos que siempre han estado excluidos, como las familias indocumentadas.
“Coincidimos con los defensores de la lucha contra el hambre en que los programas alimentarios de emergencia no pueden sustituir al SNAP, que proporciona poder adquisitivo directo a los hogares”, reconoció Dávila.
“Ambos sistemas son esenciales, pero cumplen funciones diferentes, y ninguno de ellos por sí solo es suficiente para satisfacer la creciente necesidad”, añadió la asambleísta. “La presión ejercida por las decisiones políticas federales sigue trasladando la responsabilidad y los costes a los gobiernos estatales y locales, así como a las familias trabajadoras de todo Nueva York”. costes a los gobiernos estatales y locales, así como a las familias trabajadoras de todo Nueva York”.
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