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El pasado 13 de junio, la administración de Joe Biden derogó la terminación del Estatus de Protección Temporal (TPS por sus siglas en inglés) del expresidente Donald Trump, prolongando el estatus legal por 18 meses para más de 300.000 titulares de TPS de El Salvador, Honduras, Nepal y Nicaragua.
Flickr/Dept. of Homeland Security
Alejandro Mayorkas, el secretario del Departamento de Seguridad Nacional.
El pasado 13 de junio, la administración de Joe Biden derogó la terminación del Estatus de Protección Temporal (TPS por sus siglas en inglés) del expresidente Donald Trump, prolongando el estatus legal por 18 meses más para unos 300.000 titulares de TPS de El Salvador, Honduras, Nepal y Nicaragua.
Si bien la decisión beneficia a unas 334.000 personas, la mayoría (241.699) son de El Salvador, mientras que los nepalíes y nicaragüenses constituyen una parte menor con aproximadamente 14.556 y 4.250 inmigrantes inscritos respectivamente, según un informe del Congressional Research Service.
El TPS es una ley de 1990 que permite a las personas que ya están en los Estados Unidos permanecer durante periodos de 18 meses y la decisión la emite el secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) quien determina si las personas protegidas pueden regresar a los países de origen de forma segura o no, debido desastres naturales, conflictos civiles, o guerras.
Si bien el TPS protege a los inmigrantes de la deportación, este estatus no ofrece una vía hacia la ciudadanía y los solicitantes deben cumplir otros criterios como la revisión de antecedentes.
En 2017 y 2018, el presidente Trump revocó el estatus legal humanitario a personas de El Salvador, Haití, Nicaragua, Sudán, Nepal y Honduras. Así que los beneficiarios del TPS y sus hijos, muchos de ellos con ciudadanía estadounidense, demandaron estas revocaciones y en 2018 ganaron una orden judicial preliminar, que ha protegido su estatus durante los últimos cinco años.
El pasado 22 de junio el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito escuchó los argumentos sobre la legalidad de las terminaciones de Trump y la validez de la orden judicial: el gobierno de Biden pedía que la prórroga del TPS anule el caso, mientras que los demandantes quieren que se dictamine que las cancelaciones originales fueron ilegales.
Los defensores de inmigrantes así como algunos representantes esperaban que se incluyera una ampliación para que otros países fueran también elegibles, pero esto no se dio. Así que para hablar sobre los más recientes anuncios sobre el TPS, invitamos a Yanira Arias, gerente de campañas nacionales para la organización Alianza Américas.
Todos los detalles en nuestra conversación a continuación.
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