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Defensores y legisladores estatales progresistas continúan instando a la aprobación de la Ley “New York for All”, la cual prohibiría a las agencias locales del orden público llevar a cabo la aplicación de las leyes de inmigración civil bajo cualquier modalidad.
Este artículo se publicó originalmente en inglés el 8 de mayo. Traducido por Daniel Parra. Read the English version here.
La gobernadora Kathy Hochul anunció el jueves un acuerdo verbal del presupuesto del estado de Nueva York para el año fiscal 2027, el cual se espera que incluya cambios destinados a proteger a las comunidades inmigrantes de la campaña de deportaciones masivas de la administración Trump.
Aunque los defensores de los derechos de los inmigrantes y los legisladores estatales progresistas se mostraron satisfechos con lo incluido en el acuerdo, algunos instaron al estado a adoptar una postura más firme: prohibir que la policía lleve a cabo cualquier modalidad y tipo de labores de control civil migratorio.
Durante el segundo mandato del presidente Donald Trump, los agentes federales de inmigración han intensificado las detenciones de inmigrantes sin antecedentes penales y han llevado a cabo redadas masivas y visibles en viviendas, lugares de trabajo y calles comerciales.
El aumento de las detenciones y los arrestos por parte de ICE ha perturbado enormemente la vida de muchos inmigrantes neoyorquinos, en particular de las comunidades latinas que han sido objeto de medidas coercitivas.
“La gente se está escondiendo”, reconoció Hochul durante una conferencia de prensa el jueves. “Se trata de personas trabajadoras que contribuyen a nuestra economía”.
Las propuestas de la gobernadora incluyen la eliminación de los acuerdos 287(g), los cuales permiten que las fuerzas policiales estatales y locales colaboren con ICE. Este tipo de alianzas se multiplicó exponencialmente en todo el estado de Nueva York el año pasado y fue el punto más celebrado por defensores de los derechos de inmigrantes y legisladores estatales.
Si bien la ciudad de Nueva York y algunos otros condados han promulgado políticas santuario que restringen la cooperación con las autoridades de control migratorio, la mayoría de los condados en el estado no lo han hecho. A mayo ICE y las autoridades locales han firmado 14 acuerdos formales.
“Les ayudaremos a perseguir a los criminales más peligrosos, a los violentos, a los peores de los peores”, dijo Hochul refiriéndose a las nuevas restricciones. “Estoy al frente de ese esfuerzo. Todos lo estamos. Siempre lo hemos estado. Esto no limita nuestra capacidad para ayudar en situaciones delictivas, y quiero que la gente lo entienda”.
Aunque el presidente de la Asamblea, Carl Heastie, declaró el jueves que aún no se había alcanzado un acuerdo presupuestario definitivo, diversas fuentes aseguran que lo anunciado en materia de inmigración ya ha quedado sellado.
“Hay algunas medidas de rendición de cuentas sobre ICE realmente buenas sobre las que llegamos a un acuerdo, y que apoyo plenamente”, dijo el senador estatal Andrew Gounardes, quien representa a partes de Brooklyn. “Pero me decepciona que, a pesar de los mejores esfuerzos de la legislatura, el Senado y la Asamblea, no hayamos podido romper o prohibir el peor tipo de colusión que vemos que ocurre con ICE, y es la que se da con las fuerzas del orden locales”.
Durante años, activistas y legisladores han presionado para que se apruebe el proyecto de ley Nueva York para Todos, que eliminaría la colaboración informal entre la policía local y los agentes federales. Sin embargo, Hochul nunca ha respaldado plenamente este proyecto de ley.
Si bien la propuesta de la gobernadora aborda los acuerdos formales entre ICE y las autoridades de Nueva York, ésta no prohíbe otras formas de cooperación menos oficiales con las autoridades federales de inmigración, como cuando la policía local notifica a ICE tras una parada de tráfico.
Durante la semana de Acción de Gracias del año pasado, por ejemplo, un residente latino de Port Chester fue detenido por las autoridades locales por llevar las ventanas polarizadas de su carro mientras se dirigía a la iglesia, según relató Jennifer Hernández, directora de campañas de la organización Make the Road.
“A su familia le dijeron que sería liberado en unas tres horas”, explicó Hernández. “Fueron a buscarlo. La policía básicamente les dijo: ‘Oh, no, aún no está listo, vuelvan más tarde’. Y entonces, como estaban compartiendo ubicaciones, su esposa se dio cuenta de que lo estaban trasladando a Manhattan. Básicamente lo habían transferido: lo habían entregado a ICE”.
A pesar de que Port Chester —una localidad en el sureste del condado de Westchester, en la frontera con Connecticut— no tiene actualmente ningún acuerdo 287(g) con ICE, el padre de familia peruano fue detenido y trasladado a Luisiana, y terminó autodeportándose tras caer enfermo, según relató Hernández.
“Una de las mayores deficiencias en lo que ha presentado la gobernadora es que no se aborda la colusión informal que se produce entre la policía local y ICE”, enfatizó Hernández.
El Immigrant Defense Project ha estado monitoreando la colaboración entre ICE y las autoridades locales, y en los últimos meses se han registrado docenas de casos de este tipo en Nueva York, señaló Linda Flor Brito, gerente sénior de políticas y organización.
“Es sumamente devastador y decepcionante”, dijo Brito sobre no incluir el proyecto de ley Nueva York para Todos, que “en realidad prohibiría que las fuerzas del orden locales colaboren con ICE y continúen canalizando personas hacia la maquinaria de deportación”.
Según el senador Gounardes, promotor de la legislación, el estado exigirá a las agencias locales que eliminen gradualmente sus acuerdos 287(g) tras la aprobación del presupuesto, y se prohibirán nuevos acuerdos.
Esto incluye los contratos de camas para centros de detención de ICE, que permiten a ICE alquilar camas para alojar a inmigrantes detenidos en cárceles o prisiones locales (aunque los contratos vigentes podrán continuar hasta su vencimiento).
Pocos días antes del anuncio de la gobernadora, Tom Homan, el zar de la frontera del presidente Donald Trump, amenazó con “inundar” de agentes de ICE a Nueva York si el estado limitaba la cooperación.
“No tolero bien las amenazas”, dijo Hochul cuando se le preguntó sobre los comentarios de Homan el jueves. “Lo van a descubrir. Vamos a aprobar lo que creemos que es importante para proteger a los neoyorquinos y para evitar redadas en escuelas y que los niños salgan y encuentren que sus padres no están”.
La gobernadora señaló que el acuerdo presupuestario también incluye el establecimiento de un “derecho estatal” para demandar a funcionarios federales, estatales y locales por violaciones constitucionales; la prohibición de que los agentes —a nivel federal, estatal y local— tengan máscaras —aunque existen pocos detalles sobre cómo se implementaría esta medida—; y la codificación del derecho a recibir una educación pública gratuita, independientemente de su estatus migratorio.
Los defensores dijeron que este último punto tiene un carácter “preventivo”, ante la posibilidad de que el gobierno federal intente revocar dicho derecho, y constituye una respuesta directa a otros estados que están tratando de restringir el acceso de los niños indocumentados a las escuelas públicas.
Por último, se prevé que el presupuesto prohíba el uso de recursos estatales para la aplicación de las leyes de inmigración y niegue el permiso para ingresar a lugares sensibles sin una orden judicial a ICE, un cambio impulsado por un memo que ICE envió a sus agentes a principios de este año, en el que les instruía entrar en domicilios sin orden judicial, así como por otras prácticas, como realizar arrestos en escuelas o centros de salud.
“Ese es el estándar”, dijo Hernández, “que un agente de ICE debe presentar una orden judicial para poder acceder a cualquier lugar privado”.
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