El 14 de septiembre pasado, dos aviones con cerca de 50 migrantes —en su mayoría venezolanos—llegaron a la isla de Martha’s Vineyard, en Massachusetts, procedentes de Texas. La gestión había sido realizada por el gobernador de Florida, Ron DeSantis.

El 22 de septiembre Lawyers for Civil Rights, un grupo de defensa de inmigrantes sin ánimo de lucro que representa a más de 30 de los casi 50 migrantes trasladados en los aviones, presentó una demanda colectiva en nombre de Alianza Américas y otros inmigrantes contra el gobernador DeSantis, el secretario del Departamento de Transporte de Florida, Jared Perdue, el estado de Florida y el Departamento de Transporte estatal  en un tribunal federal de primera instancia de Massachusetts.

Los demandantes argumentaron que el gobernador de Florida y su administración “manipularon [a los migrantes], los despojaron de su dignidad, los privaron de su libertad, autonomía corporal, debido proceso e igual protección ante la ley, e interfirieron de manera inadmisible en el control exclusivo del Gobierno federal sobre la inmigración para promover un objetivo ilegal y una agenda política personal”.

El pasado 29 de noviembre, Lawyers for Civil Rights presentó una enmienda a la demanda que añade como demandados a la compañía de aviones que transportó a los inmigrantes (Vertol Systems Company, Inc.), a su director general, al “zar de la seguridad pública” de Florida Larry Keefe, al jefe de gabinete del gobernador DeSantis, y a Perla Huerta, la veterana del ejército estadounidense que aparece identificada en los mensajes intercambiados con los inmigrantes que se han hecho públicos.

En el terreno Huerta fue la principal reclutadora de inmigrantes, encargada de encontrarlos y transportarlos de San Antonio a Martha’s Vineyard. Según la enmienda de la demanda, “Huerta y sus socios se enfocaron exclusivamente en inmigrantes latinos de países sudamericanos para que aceptaran ser transportados”.

Así que para hablar sobre lo que se sabe hasta el momento y la ampliación de la demanda, invitamos a Mirian Albert, abogada de Lawyers for Civil Rights. 

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