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“Es hora de reconocer que los residentes de NYCHA son una parte integral de la ciudad. Al igual que otros inquilinos, deberían tener derecho a un acceso completo al sistema de aplicación de los códigos de la ciudad”, dijo un analista de la política de vivienda que pide que los inquilinos de NYCHA tengan acceso a los inspectores de edificios de la ciudad.
Adi Talwar
KaKasey Colding con su prometido Curtis Bowman en su apartamento de Red Hook West NYCHA.Este artículo apareció originalmente en inglés. Translated by Ana Teresa Solá Rivière. Read the English version here.
Podías oír la frustración en la voz de Kasey Colding. “Empezó a deteriorarse de verdad en los últimos 10 a 15 años… cuesta abajo, cuesta abajo”, dijo Colding, residente de Red Hook Houses West, parte de una de las urbanizaciones más antiguas de la Autoridad de Vivienda de Nueva York (NYCHA por sus siglas en inglés). “Al vivir en NYCHA hoy en día, no sabes qué esperar”.
Es una frustración que se escucha entre los residentes de NYCHA en todo Nueva York. En las pasadas semanas ha habido numerosos informes —desde Gravesend Houses en Brooklyn hasta Fort Independence Houses en el Bronx— de residentes en las urbanizaciones públicas de la ciudad que luchan por conseguir reparaciones. Estas quejas no son nada recientes. En diciembre, el Defensor del Pueblo, Jumaane Williams, nombró a los peores propietarios de la ciudad en 2021: la autoridad de viviendas encabezó la lista, por cuatro años consecutivos.
El Concejo de la ciudad aprobó una ley a finales del año pasado para ayudar a los residentes de viviendas públicas a presentar sus querellas sobre reparaciones y servicios de la ciudad y hacer que el sistema sea más eficiente. En vez de llamar al centro de servicios de la autoridad de la vivienda, la Ley Local 127 le permite a los inquilinos de viviendas públicas llamar al propio centro de servicio al cliente del 311 para radicar sus solicitudes de reparaciones o querellas sobre la calefacción ineficiente, la falta de agua caliente, ascensores y otros problemas que afectan a muchas de las envejecidas urbanizaciones de la autoridad de la vivienda. El centro de atecnión del 311 luego envía la querella a NYCHA. Además, la ley requiere que el 311 publique un informe anual sobre todas las quejas que recibe sobre NYCHA.
“Proveer a los residentes acceso al 311 es un paso importante hacia una mayor eficiencia y transparencia de NYCHA”, dice Victor Bach, un analista de políticas de vivienda del Community Service Society of New York (CSS por sus siglas en inglés y entidad financiadora de City Limits) que lleva argumentando por años que los residentes de NYCHA deberían poder llamar al 311 para pedir ayuda, al igual que los inquilinos de edificios de propiedad privada pueden hacer cuando sus propietarios no hacen las reparaciones.
Sin embargo, no está claro cuánto cambian las cosas realmente con la nueva ley y qué diferencia hará a la hora de ayudar a los inquilinos a conseguir reparaciones a tiempo.
Desde la perspectiva de la autoridad de la vivienda, el cambio es casi nulo. “Este proyecto de ley no requiere ningún cambio en las prácticas de NYCHA; simplemente codifica las prácticas existentes del 311”, escribió Rochel Leah Goldblatt, vicesecretaria de prensa de la autoridad de la vivienda, respondiendo a las preguntas sobre el proyecto de ley en un correo electrónico. También señaló que los residentes de NYCHA usan mucho los propios sistemas de la autoridad para solicitar reparaciones o servicios.
El Centro de Atención al Cliente de NYCHA, que se inauguró en el 2005, recibe un promedio de 3 millones de llamadas al año, según Goldblatt. Esa cifra supera a las 2.136 llamadas al 311 relacionadas al mantenimiento de las viviendas públicas en los primeros dos meses de este año, según el departamento de tecnologías de la información y telecomunicaciones, el mismo que dirige el sistema 311. La autoridad de vivienda también lanzó la aplicación MyNYCHA en el 2015, donde 115.000 residentes han enviado sus quejas y solicitudes.
Sin embargo, radicar una querella no necesariamente significa obtener reparaciones a tiempo. En enero, había la asombrosa cifra de 582.000 órdenes de trabajo abiertas para los 177.000 apartamentos de la autoridad de la vivienda. Esto supone un aumento de aproximadamente el 20 por ceinto desde enero de 2021, según la página web de NYCHA. El tiempo que se tarda en obtener las reparaciones también aumentó considerablemente el año pasado, de un promedio de 237 días en enero de 2021 a 297 días en enero pasado: un salto del 25 por ciento. Hasta teniendo en cuenta el efecto de la pandemia del COVID-19 en el personal de mantenimiento, estos son tiempos de espera exagerados para los residentes con tuberías defectuosas, techos que se desmoronan y otras necesidades de reparación.
Debido a los retrasos, no hay sorpresa que Bach piense que permitir las quejas a través del 311 no es suficiente. Él y otros han argumentado que el acceso al 311 es sólo una parte de la ecuación para ayudar a los inquilinos a aprovechar las reparaciones y proveer una visión pública más amplia de las necesidades de reparación en NYCHA. Como él y Tom Waters recomendaron en un informe del CSS en 2014, junto con las querellas al sistema 311 deberían estar las inspecciones del Departamento de Preservación y Desarrollo de la Vivienda de la ciudad de Nueva York (HPD por sus siglas en inglés) o del Departamento de Edificios de la ciudad (DOB por sus siglas en inglés) y cualquier violación encontrada por los inspectores debería formar parte de las bases de datos públicas de las agencias. “Es hora de reconocer que los residentes de NYCHA son una parte integral de la ciudad. Al igual que otros inquilinos, deberían tener derecho a un acceso completo al sistema de aplicación de códigos de la ciudad”, dijo Bach en un correo electrónico.
La observación de Bach señala una parte clave, pero obviada, de los problemas actuales de NYCHA. En una reciente audiencia sobre el presupuesto del Concejo de la ciudad en materia de vivienda pública, Greg Russ, presidente y director ejecutivo de la autoridad de la vivienda, atribuyó una parte sustancial de las dificultades de NYCHA a “cuatro décadas de desinversión federal”.
No hay duda de que la disminución de las ayudas federales ha sido un gran obstáculo, especialmente dada la edad de muchas de las viviendas de la autoridad y la necesidad de reparar los sistemas de los edificios. NYCHA estimó que necesita unos $40.000 millones de dólares en reparaciones de capital para poner sus edificios en buen estado. Pero otra parte del problema es que por mucho tiempo, NYCHA y sus residentes han sido tratados más como un apéndice que como una “parte integral de la ciudad”.
Un ejemplo es la diferencia en cómo las querellas sobre reparaciones o servicios de los inquilinos de NYCHA se manejan en comparación con las querellas de los residentes de otras viviendas. Cuando un inquilino de una propiedad privada contacta al 311, activa una inspección del HPD o del DOB, dependiendo de la naturaleza de la queja. Los inspectores municipales solo van a los apartamentos propiedad de NYCHA si lo ordena el Tribunal de Vivienda, y a menudo lo hacen de mala gana, dice Ross Joy, director de vivienda y justicia civil de Red Hook Community Justice Center. Señala que cuando el Departamento de Policía de Nueva York realiza una inspección, ellos envían sus conclusiones al tribunal en vez de a NYCHA, lo que subraya la resistencia del Departamento de Policía de Nueva York a entrar al terreno de otra agencia de vivienda.
Es incierto si esta exención del proceso de mantenimiento de la vivienda pública es por ley o por práctica de la agencia. Un memorando de abril de 2020 del Community Advocacy Lab de la facultad de Derecho de Columbia sostiene que no hay obstáculos legales que impidan a HPD a jugar el mismo papel en las viviendas públicas que en las privadas, afirmando que “parece que los poderes y deberes de la HPD en virtud del Código [de Mantenimiento de la Vivienda] relativos a los ‘propietarios’ y a las ‘viviendas múltiples’ se aplican a las viviendas de la NYCHA”. El memorándum también destaca una decisión del Tribunal de Apelación estatal de 2009, Delgado v. la Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Nueva York, “cuyo tribunal confirmó que el HPD está autorizado a solicitar sanciones y recursos contra el NYCHA por violaciones del código”.
Ni NYCHA ni HPD respondieron a las preguntas sobre las viviendas públicas y los procedimientos de inspección.
Las inspecciones del HPD y la entrega de infracciones del código de la vivienda no son, por supuesto, garantía de una solución rápida. Las páginas de City Limits están repletas de historias de años de propietarios privados que ignoran las infracciones. Los cinco peores propietarios de la lista del Defensor del Pueblo de 2021 tenían una media de más de 6.000 infracciones sin arreglar el año pasado.
No obstante, llevar a los inspectores del HPD a las urbanizaciones de NYCHA importa por varias razones, dicen los activistas. Bajo el sistema actual, si un inquilino realiza una querella, es responsabilidad del personal de NYCHA determinar si es necesaria realizar una reparación. Como dice Bach de CSS, “lo que pasaba en NYCHA se quedaba en NYCHA”. Si las solicitudes de reparación o servicio automáticamente provocarán una evaluación independiente, podría acelerar las reparaciones, más aún para los casos más graves y ayudar a reconstruir la confianza entre los residentes y la autoridad de la vivienda.
Joy, del Red Hook Community Justice Center, confirma que hace falta restablecer la confianza, más aún mientras NYCHA busca mejorar su proceso de reparaciones, un esfuerzo que alaba, y cuando emprende controvertidas asociaciones de gestión público-privado bajo el programa Permanent Affordability Commitment Together. Cinco años atrás se descubrió que NYCHA falsificaba los informes de inspección de plomo que enviaba al gobierno federal, resultando en la instalación de un monitor federal para supervisar las operaciones de NYCHA, incluyendo la reducción del plomo y el moho, las reparaciones de ascensores y calefacción y la reducción de la infestación de plagas.
La confianza en la gestión de NYCHA también ha sido afectada por la separación institucional de la autoridad de la vivienda con respecto a la ciudad en general. Parte de esta separación es el resultado de la fundación de la autoridad como un programa federal gestionado localmente. Los aproximadamente 350.000 residentes de NYCHA pueden sentirse como si formaran parte de una ciudad secundaria que se da por sentada institucional y políticamente, una condición facilitada, o potenciada, por la demografía de los residentes: aproximadamente el 88 por ciento de las familias de NYCHA son negras o latinos con ingresos brutos medios inferiores a 25.000 dólares, según las estadísticas de la autoridad de la vivienda. Aunque la ciudad tiene una serie de planes por 10 años que asignan miles de dólares para construir y conservar viviendas, ninguno de esos planes ha incluido a NYCHA. (El gobernador de Blasio aumentó por separado la financiación de la ciudad para compensar parcialmente las pérdidas federales de NYCHA).
La aparente exclusión de NYCHA del sistema de ejecución para el código de la vivienda de la ciudad también refleja esa separación. Hay pocas consecuencias por infracciones. Después de que los inquilinos de una urbanización de NYCHA en los Rockaways acudieran a los tribunales tras pasar meses sin calefacción, un juez comentó durante la audiencia: “Si fuera un pequeño propietario privado ya estaría en la cárcel”.
Aunque hay fondos disponibles para una reparación específica, la autoridad de la vivienda parece obviarlos. En la reciente audiencia presupuestaria del Concejo de la ciudad sobre la vivienda pública, el concejal Rafael Salamanca Jr. criticó a NYCHA por no haber gastado $3 millones de dólares que asignó en el año fiscal 2018 para reparar las puertas de una urbanización de NYCHA en Melrose. Casi cinco años después, los inquilinos siguen esperando. Con los funcionarios de NYCHA diciéndo que las reparaciones no estarán completas hasta 2024, Salamanca instó a sus colegas del Concejo a no asignar fondos a la autoridad de vivienda.
Para los residentes, estas tribulaciones son constantes. Russ lo reconoce, comentando durante la audiencia del presupuesto del Concejo que los residentes han experimentado “una cascada casi diaria de problemas”. Parte de esa cascada se debe al propio sistema bizantino de NYCHA para realizar las obras.
Colding, el residente de Red Hook Houses West, dice que su baño tiene un problema de moho. Dos años atrás, NYCHA comenzó las reparaciones. Sin embargo, el lavadero permaneció en su habitación por meses y, según Colding, ella tuvo que suplicar para que su inodoro fuese instalado. El plomero llega y hace las reparaciones. Entonces hay que hacer una nueva solicitud, una nueva orden de trabajo, y programar la reparación de la pared, y luego otra para la pintura. “Puede tomar meses. Puede tomar años”, dijo ella.
Russ le dijo al Concejo de la ciudad que planifican cambios al manejo de querellas y todos los trabajos de un mismo proyecto, como el del baño de Colding, se programarán con una sola llamada telefónica.
Los esfuerzos por arreglar NYCHA parecen ser lentos, como la reparación del baño de Colding. Aunque la Ley Local 127 exige un reporte anual de las llamadas recibidas de los residentes, no dice mucho sobre el tipo de información que se debe reportar. Actualmente, lo que resume el 311 es que hubo una llamada y se pasó al centro de servicios de NYCHA. Legisladores en Albany propusieron proyectos de ley que obligarían a HPD y a DOB a publicar información en sus páginas web sobre las infracciones abiertas de los códigos de violaciones en los complejos de vivienda pública, como las dos agencias hacen para las violaciones encontradas en los edificios de propiedad privada.