Recomendaciones y preguntas sin resolver sobre el fondo para trabajadores excluidos

¿Cómo funcionó el fondo de ayuda para inmigrantes y trabajadores excluídos en California y Chicago? ¿Qué lecciones puede aprender el estado de Nueva York de otras experiencias en la implementación del fondo para trabajadores excluidos?

Ha pasado poco más de dos semanas desde que se aprobó el fondo de $2.100 millones de dólares para trabajadores excluidos (Excluded Workers Fund) como parte del presupuesto estatal de Nueva York y el Departamento de Trabajo del estado, la entidad encargada de crear el proceso para distribuir estos fondos, no da respuesta a preguntas básicas como por ejemplo: ¿cuándo se puede esperar que el proceso esté listo? O, en un escenario hipotético, ¿qué ocurrirá si la población que solicita el programa supera la población estimada —que ronda las 290.000 personas que fueron excluidas de beneficios como desempleo o cheques de estímulo durante la pandemia?

Este fondo para trabajadores excluidos divide a la población en dos grupos: un primer grupo conformado por quienes logren demostrar residencia en Nueva York (antes del 27 de marzo de 2020) y que además perdieron ingresos por causa de la pandemia, que puede ser a través de: impuestos, cartas de ex empleadores con fechas de empleo, recibos de pago, W-2 o 1099 del año fiscal, entre otros. Este grupo podría recibir hasta un máximo de $15.600 dólares, menos $780 dólares por impuestos. El monto máximo no es una cifra arbitraria, sino que se basa en el subsidio de desempleo por $300 dólares por semana que dio el gobierno por 52 semanas: un año.

El segundo grupo estaría conformado por quienes no tengan todos estos documentos disponibles, pero también exige que las personas demuestren identidad y residencia en el estado de Nueva York para poder recibir hasta un máximo de $3.200 dólares. Un monto máximo que viene de la suma de las tres rondas de pagos del estímulo federal: el primero por $1.200 dólares, el segundo por $600 dólares y el tercero por $1.400 dólares.

¿Cuán grande es la población en realidad?

La pregunta sobre cuál es el tamaño de la población que podría recibir este beneficio es importante de considerar puesto que el fondo está basado en la proyección de que unas 290.000 personas podrían aplicar. Le preguntamos al Departamento de Trabajo del estado cuál es el tamaño de la población por el cual se están guiando, pero City Limits no recibió respuesta específica a la pregunta.

Según el Fiscal Policy Institute (Instituto de Política Fiscal o FPI por sus siglas en inglés) en todo el estado de Nueva York se “estima que 290.000 trabajadores se beneficiarán del Fondo para Trabajadores Excluidos. Esto incluye 92.000 que estimamos tendrán derecho a las prestaciones del grupo 1 y 199.000 a las del grupo 2”.

Pero solo la ciudad Nueva York en el 2018 reportaba que había una población indocumentada estimada en 560.000 personas, de las cuales el 89.9 por ciento estaba en el rango de 18 y 64 años de edad. Además, desde que inició la campaña para la aprobación del presupuesto organizaciones como Se Hace Camino Nueva York (Make the Road NY) han insistido en que hay “500.000 trabajadores inmigrantes indocumentados excluidos del derecho a las prestaciones por desempleo”.

Otros institutos, como el Migration Policy Institute, calculan que hay 866.000 personas en el estado que son indocumentados y 690.000 de ellos son mayores de 25 años.

Cuando se acordó el monto de $2.100 millones de dólares para la creación del fondo para trabajadores excluidos, el FPI hizo un cálculo basado en informes pasados y así llegaron al estimado de 290.000 personas que pueden llegar a ser beneficiadas. “Ellos quisieron que construyéramos un grupo 1 y un grupo 2, por lo que fue diferente de lo que proponíamos inicialmente. Así que hicimos un análisis retrospectivo para decir a cuántos creemos que afectaría”, dice David Dyssegaard Kallick, director y adjunto y director de investigación sobre inmigración del FPI.

Otro factor a considerar es la distribución de las personas en los dos grupos. Este estimado del FPI parte de una presunción que subestima la cantidad de personas que podrían reunir la documentación necesaria para para clasificar en el grupo 1 y sobre este punto se deben considerar dos cosas.

La primera es que desde que se anunció la aprobación del presupuesto, en el cual se incluía el fondo para trabajadores excluidos, ha habido una campaña de divulgación para que las personas preparen y busquen los documentos necesarios. En segundo lugar, cientos de miles de trabajadores indocumentados en el estado de Nueva York se desempeñan en sectores esenciales en los cuales es posible reunir la documentación para entrar al grupo 1.

Según el Center for Migration Studies, en el estado hay unos 74.700 trabajadores indocumentados en la industria de restaurantes, 72.500 en construcción, 19.800 en asistencia sanitaria a domicilio o como ayudantes de ancianos, 19.800 en limpieza de edificios, 18.500 en infraestructuras de transporte y solo con estas cifras hay campo para que los estimados del FPI se queden cortos y más personas tengan los documentos necesarios para clasificar en el grupo 1. Pero habrá que esperar.

Otro punto donde no hay mucha claridad es sobre el fraude, una de las preocupaciones para el gobernador Andrew Cuomo con respecto al fondo. Específicamente, Cuomo dijo que el fondo podría ser susceptible de fraude, sin dar más detalles.

Para prevenir el fraude, Cuomo encargó a la Fiscal General del Estado, Letitia James, para que apruebe el proceso antes de que el dinero salga. City Limits quiso saber más sobre qué tipo de detalles se tendrán en cuenta en el proceso para prevenir fraude y cuánto tiempo podría tardar el proceso de aprobación de la fiscal, pero no recibió detalles sobre el asunto.

En un principio se creyó que la oficina del Contralor del Estado, Tom DiNapoli, también estaría involucrada en el proceso de prevención de fraude para este fondo pero esta semana su oficina confirmó que no lo hará porque la redacción de la legislatura dice que la revisión es opcional, no mandatoria.

Fondos para trabajadores excluídos en otros estados

En 2020 California fue uno de los primeros estados en crear un fondo mixto de $125 millones de dólares (donde $75 millones serían aportados por el estado y $50 millones de dólares por organizaciones filantrópicas). El fondo abrió en mayo, la información sobre cómo aplicar se hizo pública, circuló en medios de comunicación y 12 organizaciones se encargaron de la distribución de estos fondos, que se distribuyeron por orden de llegada.

El tamaño del fondo para trabajadores excluidos del estado de Nueva York es más de diez veces más grande que el de California, que en su momento fue el fondo más grande de ayuda para esta población a nivel nacional.

“Hay que tener en cuenta que se trata de una población que lleva más de un año sufriendo y que, en general, no ha tenido acceso a ninguna ayuda monetaria”, responden por correo electrónico Alexandra Rojas, asesora principal del Fondo de Democracia Saludable de Tides (Senior Advisor for Tides’ Healthy Democracy Fund) y Daranee Petsod, asesora del California Immigrant Resilience Fund (California Immigrant Resilience Fund o CIRF por sus siglas en inglés).

“Tanto la desesperación como las expectativas serán altas”, advierten ambas sobre el fondo de Nueva York.

California calculó que 150.000 californianos indocumentados podrían beneficiarse de este fondo que entregaba $500 dólares por persona o un máximo de $1.000 dólares por hogar, y en poco más de un mes, entre el 18 de mayo y el 30 de junio, más de 150.000 personas aplicaron por estos fondos. La experiencia de California puede servir como punto de referencia para los estimados que se han presentado para el fondo de Nueva York.

Varios medios de comunicación reportaban entonces que en California muchas personas decían que no pudieron inscribirse y hacia las 10 am, una hora después de que se abrieran las líneas telefónicas, muchos reportaban que las líneas estaban colapsadas.

Por este tipo de inconvenientes, tanto Rojas como Petsod insisten en invertir mucho tiempo en planificación antes de lanzar el programa. “En cuanto a las operaciones”, ellas recomiendan que Nueva York, “establezca un sistema para aplicar —ya sea por teléfono, sitio web, en persona, o todo lo anterior— que pueda manejar volúmenes extremadamente altos”.

Además, “asegúrense de contar con suficiente personal, sobre todo en las primeras semanas. Asegúrense de que su tecnología está probada de antemano y cuenten con un servicio de asistencia técnica preparado para solucionar los problemas en cualquier momento”.

Otra de las sugerencias es que se considere la posibilidad de “realizar grupos de discusión que representen a una muestra representativa de los posibles beneficiarios para entender los obstáculos relacionados con la documentación y cómo eliminarlos”. Para ellas los requisitos de documentación y cuál será el proceso deben ser claros desde el principio del programa.

Sobre la diferencia que existe entre los trabajadores excluidos que viven en la ciudad y aquellos que viven en las áreas rurales, Rojas y Petsod sugieren prestar especial atención a los trabajadores agrícolas porque son una población a la que es muy difícil llegar debido a su aislamiento y a sus largas jornadas de trabajo. “Nuestra mayor lección fue invertir en grupos de base liderados por inmigrantes que se han ganado la confianza de esta población, que saben cómo llegar a donde ellos viven, trabajan y rinden culto, y que hablan sus idiomas (muchos en California son indígenas y hablan poco o ningún español y mucho menos inglés)”, dicen.

El FPI, por ejemplo, calcula que en las áreas con trabajadores agrícolas en Nueva York, solo 42.000 personas aplicarán al fondo.

Lugar	Grupo 1 (Máximo $15.600)	Grupo 2 (Máximo $3.200)	Total de trabajadores
Lower Hudson Valley	6.000	14.000	20.000
Mid Hudson Valley	3.000	6.000	9.000
Capital Region	1.000	3.000	4.000
Northern and Western NY	3.000	6.000	9.000
Total	13.000	29.000	42.000

El caso de Chicago

Chicago también creó un programa de asistencia en efectivo llamado el Fondo de Resiliencia de Chicago (Chicago Resiliency Fund) y a diferencia de California, todas las personas elegidas en Chicago recibían $1.000 dólares por hogar. Esta asistencia en efectivo vino de una asociación entre la ciudad, el Resurrection Project y Open Society Foundations, que también apoyó un programa para la ciudad de Nueva York.

En Chicago la organización Resurrection Project se encargó de atender las solicitudes y en cinco días ya tenían 3.000 solicitudes. Además de prepararse para esperar una alta demanda al principio del programa, Resurrection Project recomienda tener “enfoques híbridos” pues en su experiencia funcionaron bien. Es decir, abrir solicitudes en línea para los que pueden solicitar en línea, tener opción de llamada para los inmigrantes que no pueden completar las solicitudes en línea, e incorporar organizaciones sin ánimo de lucro que puedan llegar a las poblaciones más difíciles de alcanzar a través de promotoras o líderes comunitarios.

Entre las ventajas que el Departamento de Trabajo sea el encargado de liderar este proceso están que “el gobierno tiene más capacidad que las organizaciones sin ánimo de lucro y puede satisfacer la demanda a un ritmo más rápido”, resaltó Eréndira Rendón, vicepresidenta de estrategia y defensa de inmigración en Resurrection Project. “La admisión y el proceso centralizados pueden ser más claros si se hacen a través de una agencia, en lugar de 20 organizaciones sin ánimo de lucro”.

Sin embargo, Rendón señala que entre los posibles retos que podría enfrentar el programa están la “falta de comprensión de los obstáculos únicos a los que se enfrentan los indocumentados, [y] disponibilidad de idiomas”.   

Sobre la verificación de ingresos Rendón recomendó “poder aceptar declaraciones juradas (affidavits), ya que muchos cobran en efectivo o son vendedores ambulantes”. 

Para el proceso de aplicación recomendó esclarecer si será aplicación “por hogar” o “por persona”. Si es por hogar, entonces Rendón recomienda “pedir los nombres y la fecha de nacimiento de todos los miembros del hogar para evitar duplicados, pero permitir que varios hogares que viven en una misma dirección presenten su solicitud (nosotros no lo hicimos, ojalá lo hubiéramos hecho)”, dice.

Además recomendó que se acepten varias formas de probar la residencia en el estado como “aceptar facturas, cartas de un hospital y de médicos, cartas de organizaciones no gubernamentales o cartas de la iglesia como prueba de la dirección”. Y advirtió que para prevenir el fraude, se debe asegurar que el individuo no tenga un número de seguridad social. Sobre la prueba de identidad a través del pasaporte, Rondón advierte que personas con estatus lo tienen, y “tiene también pasaportes en números más altos”.

“La mejor inversión que hemos hecho”, escribe Randón sobre la experiencia en Chicago, fue “utilizar la mensajería de texto para comunicar automáticamente el progreso de las solicitudes”.

Hay más detalles sobre la experiencia en California y Chicago con el manejo de fondos para trabajadores excluídos así que estas organizaciones recomiendan que el estado de Nueva York recurra a otros estados, a sus beneficiarios, y a los contratistas para obtener más ideas y conocer sus lecciones aprendidas. “Nos complace presentar al estado de Nueva York a organizaciones de California y otros estados que pueden ofrecer sugerencias sobre la prevención del fraude y otras cuestiones”, dicen Rojas y Petsod.